Tras una serie de históricas sanciones, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, retrasó formalmente su una reforma judicial.
"Por la voluntad de evitar la división en la nación, he decidido retrasar la segunda y la tercera lectura para llegar a un amplio consenso", dijo el Primer Ministro en un discurso televisivo, calificando la medida como "una oportunidad para evitar una guerra civil".
Además, Netanyahu manifestó que quería dar tiempo para buscar un compromiso con sus oponentes políticos sobre la polémica iniciativa. En este sentido, el premier dijo que la adopción definitiva de los distintos proyectos de ley de la reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria, que se abrirá tras las vacaciones de Pascua, del 5 al 13 de abril.
La reforma judicial consiste en un paquete de proyectos de ley que deben superar tres votaciones en la Knesset antes de convertirse en ley.
Uno de los elementos más importantes es el proyecto que cambia la composición del comité de nueve miembros que selecciona a los jueces, con el fin de dar al gobierno la mayoría de los escaños en dicho comité.
Para Netanyahu, el Tribunal Supremo se ha convertido en un grupo cerrado y elitista que no representa al pueblo israelí y que se ha extralimitado en sus funciones, entrometiéndose en asuntos sobre los que no debería pronunciarse.
Otro elemento significativo de los cambios es la llamada cláusula de anulación, que otorgaría al Parlamento israelí el poder de aprobar leyes previamente declaradas inválidas por el Tribunal, anulando esencialmente las decisiones del Tribunal Supremo.
Los opositores a la ley califican la medida como una amenaza para la democracia y por eso han realizado masivas marchas en todo el país, mientras que los partidarios organizaron contramanifestaciones y la policía informó que se estaban reforzando después de las amenazas en las redes sociales de ataques violentos contra israelíes de izquierda.
El líder de la oposición, Benny Gantz, dijo que la decisión era "más vale tarde que nunca", pero que no comprometería los "elementos básicos de la democracia" en ningún diálogo sobre la nueva ley. Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, consideró que detenerla era "lo correcto".
