Por Antonela Vitola
Es mucha la expectativa que hay en relación a qué va a pasar con el aumento de las tarifas energéticas. La corrección de precios para la segunda parte de 2019 debería haberse realizado, pero se postergó en el contexto de un año electoral y ralentización de la actividad.
Las decisiones de política energética que se tomen inminentemente impactarán en los precios que tengamos que pagar los usuarios por el consumo de la energía eléctrica y gas natural.
Vayamos por partes.
En el caso del gas natural, mediante audiencia pública se determinó la adecuación semestral de la tarifa de los servicios regulados de transporte y distribución para el primer semestre (abril-septiembre). Además, en abril se pautó comprar el gas en el PIST (precio de ingreso al sistema de transporte) a U$S 4,55 por millón de BTU, pesificado a un tipo de cambio de $ 41. Desde ahí no hubo más aumentos producto del congelamiento tarifario.
Llegó octubre y debería haberse realizado el segundo ajuste semestral de las tarifas de transporte y distribución y el ajuste por la variación del precio del gas en el PIST (recordar que se está pagando el gas a un precio de $ 41 por dólar que al mes de octubre significa una devaluación de 43%). Por Resolución N° 521/19 se difirieron esos ajustes al 1° de enero de 2020. Luego, por Resolución N° 751/19 se difirió el ajuste de transporte y distribución al 1° de febrero de 2020.
¿Qué pasaría si efectivamente se cumple con ambas resoluciones? Correspondería que en enero se actualice la remuneración al gas en el PIST. Asumiendo que los hogares siguen pagando el gas que consumen a un precio de U$S 4,55, implicaría pesificarlo a un tipo de cambio estimado de $64 ($105 adicionales por millón de BTU). También correspondería que en febrero se actualicen las tarifas de transporte y distribución, empleando la variación del IPIM de los meses agosto-febrero de 2019, que es del 29%. En conjunto, corregir las variaciones por devaluación del peso y por la aceleración de la inflación implica que en febrero la tarifa de los hogares se incremente aproximadamente 34% con respecto a diciembre.
Tampoco perdamos de vista que abril y octubre de 2020 son meses en los que se realizan los ajustes semestrales tarifarios, si continúa el esquema instaurado por cambiemos. Si eso sucediera (es decir, que no se postergarían las audiencias como ocurrió en 2019), implicaría un incremento de 15% en abril y de 15% en octubre. Todas estas correcciones durante el año representaría un incremento acumulado de 76% en octubre. Nuevamente, asumiendo que los hogares siguen pagando el mismo precio en dólares (U$S 4,55) y que habría un atraso real en el tipo de cambio.
Veamos ahora las tarifas en la energía eléctrica. Ese servicio se divide en las etapas de generación, transporte y distribución. En esta instancia, nos vamos a detener en la generación.
La tarifa que pagamos por el consumo de electricidad depende de la diferencia entre el precio medio monómico, que es el costo de producir la energía (o costo de abastecimiento) y el precio medio estacional, que es el precio que paga la demanda como costo de abastecimiento (los calcula CAMMESA y se aprueban por Resolución). Cuanto más se acerque el precio estacional al monómico, más cerca estamos los usuarios de pagar lo que realmente cuesta producir la energía.
Ahora bien, el precio estacional se estabiliza trimestralmente. Por Resolución N° 366/18 se fijó el precio estabilizado de la energía para los períodos febrero/abril; mayo/julio y agosto/octubre de 2019. Pero a partir del congelamiento tarifario anunciado desde abril para el consumo residencial, se dictó la Resolución N° 14/19, que mantuvo inmóvil, desde abril hasta octubre de 2019, el precio que los hogares pagarían por la energía. De no mediar el congelamiento, en mayo debería haberse incrementado el precio 5% y en agosto, 10,3%. En este último mes debería haberse incrementado 15,8% acumulado (desde abril).
Mientras tanto, el precio monómico, que se rige casi exclusivamente por la variación del tipo de cambio, siguió su curso. El gap entre ambos precios es cada vez mayor. A abril de 2019, el precio que nosotros pagamos por la energía que consumimos cubría el 63% del precio real de producir esa energía. Producto del congelamiento, esa relación llegó al 40% en noviembre. La contracara: el subsidio del Estado, que pasó del 37% al 60% en 6 meses.
Llegó octubre y no se levantó el congelamiento del precio ficticio que los hogares pagan por la energía eléctrica.
A fin de corregir el atraso por el congelamiento, sería necesario un incremento del 53% en enero en las tarifas eléctricas por el componente de la generación de electricidad. A diciembre de 2020, implicaría un incremento acumulado de 115%. Esto es bajo el supuesto de que se mantiene el subsidio en los niveles que prevalecían antes del congelamiento (37%).
Seguir difiriendo la corrección de los ajustes tarifarios en gas y energía tiene su contracara en mayores subsidios por parte del Tesoro y en menores incentivos de inversión por parte de las empresas. En el otro lado de la mesa, las familias se ven aliviadas, que no es menor en medio de una coyuntura económica crítica.
Ese trade-off debe ser una de los primeros aspectos a abordar por la gestión entrante. La manera de encararlo será determinante para la convergencia a la disciplina fiscal, para la economía doméstica de las familias y para los proyectos de inversión de las prestadoras del servicio.
