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Situación energética

¿Vuelve la patria contratista?

13-04-2012
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El modelo en mente en la Secretaría de Política Económica es como el de YPF en los ochenta. En su momento se lo bautizó como “la patria contratista”. La idea es que las empresas exploten un área asignada. El Estado (o la provincia, mejor dicho) pagará por extraer el crudo (o gas). Eventualmente habrá algún mecanismo que contemple cuando una firma sea más productiva a lo largo del tiempo. Pero el producto extraído será de las provincias y no de las empresas. Ni siquiera un determinado porcentaje de la producción. El esquema funciona hoy en Ecuador y en Bolivia.

Incluso si el precio del crudo sube el contratista obtiene el mismo pago que cuando baja. O sea que el Estado se asegura la renta petrolera. De este modo los recursos que están debajo del suelo son de las provincias y, eventualmente, de la Nación.

Vaca Muerta

En el Gobierno señalan que la Argentina está ante una oportunidad. El país podría ser dueño de la tercera reserva más importante de shale-gas. Si el Estado es capaz de explotar el yacimiento de Vaca Muerta se estaría ante un punto de quiebre en su desempeño energético, coinciden dos expertos del mercado que eligen hablar en off the record. Sin embargo, y como dicen en la jerga, las reservas no son tales hasta que son económicamente viables. O sea, si se puede financiar la inversión (exploración y explotación, básicamente). Sacar el gas de Vaca Muerte requiere no sólo el hundimiento de capital durante un período largo de tiempo sino también recurrir a una técnica no convencional para dar con el combustible: en cambio de perforar la roca se fractura el suelo con dinamita y luego se lo presiona con un riego de agua.

“Las empresas expertas en shale-gas utilizan la misma técnica que en la minería”. Los expertos creen que más allá de la suerte de YPF, la Argentina no volverá a ser autosuficiente en materia energética. No al menos hasta que defina una política de Estado para el sector. En los últimos años el péndulo pasó por varios frentes. La empresa energética más grande del país era estatal y pasó a capitales mixtos. Luego se privatizó. Y finalmente se vendió una porción de las acciones a un grupo de empresarios locales. Ahora el Gobierno quiere que el Estado recupere la capacidad de gestión. Y que las decisiones del managment no dependan más de Madrid sino de un board reunido en Buenos Aires. Esto sucede justo cuando la Argentina registra un déficit en la balanza comercial del sector.

¿Irreversible?

Los expertos aseguran que el rojo energético continuará en los próximos años. No se revertirá tan rápidamente. Dicen que la clave en verdad no está en el modelo a adoptar (privado, público o mixto). Hay ejemplos en todo el mundo de buenas empresas privadas (Exxon), mixtas (Noruega) y públicas (Petrobras). ¿Qué es, entonces, lo que causa la diferencia entre un caso y otro? La existencia de una política energética de largo plazo. En la Argentina las decisiones sobre el sector energético se toman en función de las urgencias macroeconómicas.

El aumento de las importaciones de gas licuado y la reversión del superávit de la balanza energética alentó al Gobierno a presionar a YPF. A través del Organismo Federal de Estados Productores de Hidrocarburos se preparó un informe en donde se plantearon las metas de aumento de producción para los próximos años. Y se concluyó qué empresas estaban en condiciones de cumplir los requerimientos. Pero hay quienes creen que en verdad se trató de una estrategia del Gobierno para no ser tan agresivo con una decisión ya tomada: la quita de las concesiones que tenían en diferentes provincias. La política de energía barata fue uno de los pilares que permitió la recuperación económica de la crisis de 2001.

El congelamiento de las tarifas impuesto en el primer trimestre de 2002 fue un gesto a la demanda herida por la devaluación y la pesificación. La política energética se puso al servicio del diagnóstico macroeconómico del Gobierno. Hoy sucede algo similar: el Gobierno cree que el déficit comercial energético es una amenaza para uno de los pilares macroeconómicos: el superávit comercial.

(De la edición impresa)

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