Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
Nuestras proyecciones realizadas un año atrás para 2019 fueron fallidas. Para el año que pasó esperábamos una caída leve o nula de la actividad, pero el PIB terminará con una contracción de entre 2 y 3 puntos porcentuales. En aquel momento mencionábamos tres aspectos que contribuirían a detener la sangría: la cosecha, la recuperación salarial y cierta flexibilización de la política monetaria. De estos desarrollos, solo el primero terminó operando positivamente.
En perspectiva, la buena cosecha no fue suficiente para sumar los dólares que necesitaba la economía para tranquilizar a los mercados. ¿Por qué? En primer lugar, porque la acumulación de deuda pública durante los primeros años de gobierno no respetó criterios básicos de administración de deuda, lo que incrementó decisivamente los riesgos de iliquidez en períodos puntuales. En segundo término, la incertidumbre política tras el aplastante resultado de las PASO aceleró la demanda de dólares y llevó al primer plano los problemas de sostenibilidad externa y fiscal. Tercero, la intención de no avivar los riesgos inflacionarios retrasaron la recuperación del poder adquisitivo y la posibilidad de redefinir la política monetaria con un sesgo más favorable a la actividad económica. Vale marcar que esta estrategia resultó finalmente contraproducente, pues las devaluaciones indujeron subas marcadas de precios y un deterioro de los ingresos reales que actuó contra la propia sostenibilidad, bajo la forma de una mayor recesión y una menor recaudación fiscal.
El año 2020 nos plantea un cambio sustancial en la lógica de la política económica. Esta vez, la mejora de las cuentas públicas solo se propicia en la medida que impacte sobre los sectores menos desprotegidos, lo que no solo trae un elemento de solidaridad, sino además un impacto neto sobre la demanda agregada más ambiguo, considerando la mayor propensión a consumir de los que menos tienen. De allí que los efectos del ordenamiento fiscal sean ahora un poco menos costosos en términos de actividad. Si a esto se suma las ventajas de corto plazo del control de capitales, las políticas sociales y la caída real de tarifas, es razonable pensar en un escenario que logre detener la caída de la producción.
El Gobierno pretende dar batallas en varios frentes en simultáneo: el éxito de cada pugna dependerá de los logros obtenidos en las demás.
Las circunstancias de una dinámica con dos equilibrios posibles, sin embargo, se mantiene. El 2020 definirá senderos a partir de los acuerdos que se logren en materia de deuda pública. Un arreglo financieramente favorable al país podría disparar una recuperación rápida de la actividad en el segundo semestre, que compensaría un primer semestre que seguramente quede a la espera de novedades. En cambio, un mal resultado (o uno demasiado dilatado) podría presionar sobre la dinámica de precios de la economía, con efectos netos sobre la actividad que dependerán de las prioridades de política sobre las distintas variables nominales.
La idea de lógica binaria para 2020 se refuerza teniendo en cuenta que, partiendo de una herencia sumamente problemática, la administración actual pretende dar batallas en varios frentes dilemáticos al mismo tiempo. Reordenamiento de la deuda, consolidación fiscal, combate a la pobreza, reactivación de la demanda agregada, acuerdo social en las variables nominales, recuperación del crédito interno y políticas productivas, entre otros grandes objetivos. El punto es que el éxito de cada una de estas pugnas parece depender de los logros obtenidos en todas las demás. Por eso, en la medida que alguna de estas batallas se vayan ganando, se podrían generar progresos significativos en cada uno de los otros frentes. En caso que los logros en los objetivos vitales escaseen, las soluciones del resto hallarán sus propios límites.
