Por Sofía Milagros Suardi (*)
La pandemia del Covid-19 provocó un shock "simétrico" sin precedentes alrededor del mundo. Las respuestas inmediatas a la crisis inducida por la pandemia -restricciones a la movilidad, aislamientos, cierre de fronteras, colapso del comercio internacional y volatilidad de los mercados financieros- fueron comunes a todos los países y regiones, mientras que la recuperación prevista estará marcada por las circunstancias divergentes de cada país y la idiosincrasia de su respuesta política.
El éxito en la era pospandémica dependerá de una conjunción de políticas y capacidades propias de cada país: entre ellas, la tasa de vacunación, la integración en los principales bloques económicos y la capacidad de proporcionar estímulos fiscales y monetarios.
Las diferencias en el ritmo de vacunación impulsan la divergencia en las proyecciones de crecimiento entre regiones. Según la proyección del Banco Mundial, mientras las economías avanzadas crecerían 5,4%, las economías emergentes (excluyendo China) lo harían en 4,4% y los países de bajos ingresos al 2,9%, ya que la flexibilización de las restricciones y la reactivación de la movilidad, la producción, el comercio y los viajes dependen de la vacunación generalizada.
La demora en la inmunización en los países en desarrollo -América del Norte y Europa superan las 70 dosis cada 100 habitantes, Africa no llega a 5 y América del Sur a 45- amenaza con obstaculizar su recuperación. Varios países que actualmente se enfrentan a las nuevas cepas se vieron obligados a reimponer restricciones y retrasar la normalización de la actividad.
Un segundo factor es el grado de integración de cada país en las cadenas mundiales de valor vinculadas a las economías avanzadas. Con la recuperación de la actividad económica mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que el comercio de mercancías crezca 8% en 2021.
Un ejemplo: la recuperación de la producción industrial en Estados Unidos impulsaría el crecimiento en México debido a su vínculo productivo. La recuperación de los precios de las materias primas impulsa el crecimiento en algunos países de la región como Brasil, Colombia, Chile y Perú, y también es el caso de Argentina. El viento de cola para dichos exportadores será un viento en contra para los importadores netos, especialmente los países en desarrollo que dependen de las importaciones de petróleo, commodity que ya supera los US$75 en el caso del WTI.
Una tercera fuente de divergencia es la respuesta política adoptada por las autoridades fiscales y monetarias. Varios países se enfrentan a presiones inflacionarias que limitan su capacidad de mantener políticas monetarias laxas. Bancos centrales de economías emergentes como Turquía, Rusia, Brasil, México y Ucrania ya subieron la tasa de política monetaria, mientras que otros podrían seguir el mismo camino en tanto las presiones inflacionarias derivadas de la liquidez mundial, los elevados precios de los fletes y las materias primas junto a los cuellos de botella que atentan contra la producción persistan.
La preocupación sobre el alza de precios se extiende a las economías avanzadas, el sesgo algo más contractivo de lo esperado de la Reserva Federal de los Estados Unidos en su reunión del 15 y 16 de junio generó de forma inmediata una salida de capitales en emergentes. Guiños hacia una política monetaria algo menos expansiva en países desarrollados podrían indicar el inicio de un ciclo de volatilidad pronunciada en los flujos de capital y un riesgo para emergentes.
El margen para políticas fiscales expansivas a lo largo del 2021 es aún amplio para las economías avanzadas, pero lo mismo no corre para los emergentes. La recesión ocasionada por la pandemia provocó un aumento acelerado de los déficits fiscales y de los niveles de deuda a PIB. La reducción del espacio fiscal en 2021 limita la capacidad de los gobiernos de llevar adelante políticas expansivas para fomentar la actividad económica.
En el caso del continente africano, más de 30 países acudieron al FMI desde el inicio de la pandemia en busca de apoyo financiero y, a diferencia de Latinoamérica (donde la mayor parte del financiamiento no fue desembolsado), esto ha sucedido prácticamente en su totalidad.
En vistas de ese escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzó con una emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$ 650.000 millones. El plan aprobado el viernes 25 de junio por el Directorio Ejecutivo aún requiere del visto bueno de la Junta de Gobernadores para su asignación.
La mayor inyección de liquidez en la historia del organismo responde a las necesidades financieras de los países emergentes y de bajos ingresos para hacer frente a la creciente deuda y a las consecuencias que la crisis del Covid-19 tuvo sobre ellas. Al mismo tiempo, dado que la asignación de recursos se rige de acuerdo a la participación de los países dentro del organismo -esquema de cuotas-, aquellos países que más se verían beneficiados por dichos recursos reciben una porción menor en relación a otras naciones avanzadas que dependen en menor medida de los mismos.
La asimetría en la distribución de recursos -de acuerdo con la asignación actual las 44 naciones más pobres recibirán US$ 42.000 millones (7% de la emisión de DEGs) mientras que las economías avanzadas percibirán US$ 440.000 millones (67,7%)- será uno de los temas centrales en la cumbre del G-20 que se celebrará en Venecia sobre el cierre de esta semana.
Los días 9 y 10 de julio el organismo multilateral de crédito brindará precisiones en torno a la asignación de los DEG. La fecha de emisión probable se sitúa entre finales de agosto y principios de septiembre. Respecto de la reasignación de recursos, los países del G7 liderados por Francia y Estados Unidos proponen que US$ 100.000 millones de los US$ 270.000 millones que recibirán sean redistribuidos a países en condiciones de mayor vulnerabilidad para asistir a su recuperación de la pandemia, enfocándose en el proceso de vacunación. El principal destino de la reubicación de fondos sería el continente africano.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistirá a la reunión con el objetivo de incrementar los recursos que reciba el país. La intención no es negociar directamente con el FMI sino con alguno de los estados quienes, al disponer de los fondos, pero no tener intención de utilizarlos se verían en condiciones de poder prestarlos a terceros.
En un contexto en el que la negociación con el FMI quedó para 2022 y que existen más dudas que certezas sobre si China estaría dispuesta a establecer una negociación amigable para cumplir con los objetivos del ministro, volver de Italia con fondos frescos se asemeja más a un deseo que a un escenario factible.
(*) Analista de Eco Go
