Por Agustín Kozak Grassini Profesor de Política Económica y doctorando en Desarrollo Económico
Siempre el recambio de un Gobierno abre paso a una nueva ilusión. Más aún cuando la gestión saliente deja la sensación de fracaso total en materia económica: inflación anual del 55%; 40% de pobreza, que entre los más jóvenes se extiende a 60%; nivel de actividad en caída libre; destrucción de miles de puestos de trabajo formales en el sector privado; consecuente escalada del desempleo a alturas no registradas desde la década pasada; fuga de capitales sin precedentes, con funcionarios ostentando su patrimonio en el exterior, a pesar de un blanqueo a medida. Todo lo cual se produjo pese a la masiva inyección de recursos externos, vía un vertiginoso proceso de endeudamiento, sin un correlato en la capacidad de repago del país. ¿Seremos capaces de armar el difícil rompecabezas del desarrollo nacional esta vez?
Hemos probado de todo en Argentina: abiertos y cerrados al mundo, estatismos y libremercados, gobiernos populares y autoritarismos militares. Lo único que no hemos adoptado, con la debida seriedad, es la llave del éxito del mundo desarrollado: el progreso técnico propio. Ciertamente el desarrollo de un país, entendido en sentido amplio (la prosperidad económica; el ejercicio efectivo de su soberanía; la construcción de una sociedad más igualitaria en cuanto a la distribución de oportunidades vitales; la preservación del ambiente, sus recursos, su flora y fauna), dependen de su capacidad tecnológica.
Ahora estamos en emergencia. La pobreza y el hambre imponen un cepo al futuro. Niños con padecimientos hoy, enfrentarán mayores dificultades mañana. Lo urgente, no obstante, no debe eclipsar a lo importante. De hecho, estamos padeciendo las consecuencias del cortoplacismo permanente. Este empobrecimiento es la manifestación del deterioro de nuestras aptitudes competitivas, en el marco de economías crecientemente globalizadas. Es el buen funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación lo que determina la jerarquía mundial de los países. Es cada vez más evidente que la competencia no es entre países sino entre estos sistemas.
Su solidez depende de la calidad de los vínculos entre empresas, sistema educativo y gobierno (el llamado triángulo de Sábato). Firmas acudiendo a las universidades para resolver sus problemas tecnológicos, al tiempo que se jerarquiza la investigación aplicada en ámbitos académicos. Al Estado le corresponde facilitar esta relación, y también, ir orientándola para anticiparnos a las tendencias mundiales. Es absolutamente impostergable avanzar en este sentido.
No obstante, la promoción de la ciencia y la tecnología (CyT) es una tarea mucho más amplia. Implica una descomunal relocalización de recursos, capacidades y esfuerzos colectivos. Por supuesto, esta transición es indelegable en las conservadoras fuerzas del mercado que tenderán a preservar el statu quo antes que a diversificar, a asegurar antes que a innovar, a concentrar antes que a federalizar. Libradas a su propia lógica, difícilmente contribuyan al desarrollo de las aptitudes requeridas para un empleo internacionalmente competitivo, vitales para congeniar el aumento de las exportaciones de alto valor agregado con la redistribución del ingreso.
Tampoco el axionar visible del Estado garantiza nada. Puede acelerar o extraviar el camino hacia el desarrollo, todo dependerá de la calidad del Estado. Y desde hace largo tiempo que la dimensión cualitativa del aparato estatal no está en la agenda. En vez de eso, regresamos a la anticuada discusión si Estado o mercado. Obviamente, saldarla mejoraría las perspectivas de desarrollo, pero no es lo central. Hay dos factores que sí son absolutamente imprescindibles: una institucionalidad estable y desarrollista, y un sistema financiero subordinado al objetivo del progreso.
Con institucionalidad nos referimos a la implantación de una matriz de recompensas, que efectivamente premie la consecución de rentas tecnológicas como la más elevada actividad social. La innovación debe gozar del mayor prestigio colectivo, incluyendo el correspondiente reconocimiento monetario. De ahí la adjetivación de desarrollista. Sólo así podremos garantizar la prevalencia de organizaciones consagradas al progreso técnico. Ya lo decía Douglas North: si las instituciones premian la piratería, las organizaciones sociales predominantes se dedicarán a actividades ilícitas e improductivas. Después de todo no hay diferencias entre los seres humanos, lo que distingue su conducta son los incentivos. Aldo Ferrer ilustraba el punto diciendo que, un empresario surcoreano adoptaría las mañas de sus pares argentinos si operase en nuestro país, del mismo modo que cualquier compatriota innovaría si tuviera que abrirse paso en Corea. Lo que cambian son los señuelos. Premios y castigos.
Lógicamente, todo aquello que afecta las capacidades innovativas de una sociedad son construcciones históricas. Requieren tiempo. El empresariado, el aprendizaje, las complementariedades entre firmas locales y entidades de apoyo, se afianzan con años. Las reglas de juego deben ser estables para inducir a la incorporación de tecnología. La exacerbada incertidumbre, al contrario, incita las inversiones cortoplacistas, financieras, fungibles, fácilmente liquidables y fugables. El Estado puede hacer mucho en este sentido. No sólo en promover una estructura de incentivos orientada al desarrollo, también en poner el foco en la sostenibilidad de sus políticas económicas. La preservación de equilibrios económicos básicos (fiscal, de cuenta corriente, de endeudamiento externo) garantizan que aquellas no sean factores de desestabilizantes de esa construcción.
No hay recetas para el desarrollo, pero es probado que las estrategias exitosas combinaron ortodoxia con herejías locales, dice Dani Rodrik. Los neoestructuralistas, herederos del célebre Raúl Prebisch, reconocen a la estabilidad como un elemento marco: sin él, ningún desarrollo es posible; por sí solo, no alcanza. Al abrigo de toda inestabilidad, es la política tecnológica la que tiene la potencialidad de acelerar el ritmo del progreso. Ortodoxo en lo macro y heterodoxo en lo micro, la atractiva fórmula de política económica.
Sí hay un espacio para practicar esa heterodoxia, es el sistema financiero. Con los recaudos previos, el BCRA es un poderoso instrumento que debe subordinarse al objetivo del desarrollo. Su razón de existir es la de servir de palanca de la economía real. Así lo admite, incluso, la teoría convencional.
Desde esta tradición, la intermediación financiera (los bancos) tiene en la eficiencia su justificación. ¿La eficiencia para qué? Es un instrumento que resuelve problemas de intertemporalidad, reduce costos de transacción y aumenta el número de transacciones voluntarias. En primer lugar, al tiempo que permite suavizar la trayectoria de consumo de los ahorristas; también posibilita convertir depósitos de corto en préstamos de largo plazo, necesarios para la inversión productiva. Segundo, los bancos al especializarse en el monitoreo de los prestamistas, minimizan los costos del otorgamiento de créditos, los que de otro modo serían prohibitivamente riesgosos. Finalmente, por proveer un sistema de pagos, los bancos posibilitan la realización de numerosas transacciones que en su ausencia no tendrían lugar, estrechando el tamaño de los mercados.
El problema es que usualmente no se le asigna a la banca el lugar que merece en una estrategia de desarrollo. A menudo se la reconoce como un fin en sí mismo, y no como un medio para alcanzar objetivos más elevados. Así lo revelan las ganancias que año tras año este sector acumula, sin que la actividad sea regulada para potenciar a sectores productivos, más provechosos desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.
Desde hace décadas, esta subversión, propia de la actual fase del capitalismo, se está instalado en el mundo. Fenómeno conocido como la financiarización de la economía, hija de la concentración y centralización del capital, y de la maximización de la utilidad del accionista. Desafío mayúsculo para el diseño de políticas económicas, aunque bajo ningún punto de vista debe resignarnos a prescindir de poner a las finanzas al servicio de la producción. Novedosas estrategias requieren ser aplicadas. Heterodoxia.
Volviendo al inicio, algunos de los anuncios de la nueva gestión esperanzan con haber encontrado esas esquivas piezas del rompecabezas del desarrollo nacional. Más allá de su ampuloso nombre, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva tiene como objetivo central la estabilización, esa condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo. Lo es también la cruzada contra el hambre.
El anunciado Consejo Económico y Social puede ser el punto de partida para la institucionalidad desarrollista. Si su fin es la construcción de consenso social en torno a la tecnología como la más elevada actividad económica, podrían alinearse las necesidades de acumulación con las aspiraciones legítimas de distribución, dos cuestiones que hemos convertidas en antagónicas, pero que para ser sostenibles en el tiempo deben ir de la mano. El hecho de que los acuerdos resulten de la negociación entre actores relevantes, también ilusiona con su estabilidad.
La reactivación de líneas de créditos productivos aparece como señal de mayor exigencia sobre el sector financiero. Se obliga a la banca a financiar proyectos de inversión con parte de su cartera de depósitos, a una tasa considerablemente menor a la del mercado. Es un buen primer paso, aunque usualmente incompleto. A pesar de estar disponibles, muchas mipyme no podrán acceder a estos préstamos bancarios. Es obstinada la pretensión de que las pequeñas firmas se adecue a las reglas de los bancos, en lugar que sea el sistema financiero el que se acomode a las necesidades de la economía real. Es socialmente contraproducente posponer indefinidamente buenos proyectos por malos ratios exigidos por la normativa. Esto requiere una nueva regulación financiera, que privilegie mecanismos novedosos de monitoreo de las inversiones.
En los meses venideros se podrá evaluar más certeramente si la CyT se convertirán en políticas de Estado, o será algo accesorio. De seguirse el primer camino. sólo una institucionalidad desarrollista que premie al progreso técnico por sobre todas las cosas, y un sistema financiero subordinado a tal fin, asegurarían la reasignación de los recursos necesarios para el fortalecimiento del triángulo de Sábato. Esta es la transformación prioritaria para Argentina. Después de todo, solía repetir Pandit Nehru (quien junto a Gandhi liberó a la India del dominio británico y sentó las bases del progreso de su país), “somos demasiados pobres para darnos el lujo de no invertir en CyT”.
