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Las provincias en el nuevo escenario

¿Qué impacto tendrán las medidas anunciadas sobre las cuentas provinciales?

23-12-2015
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(Columna de Facundo Matos Peychaux)

El aluvión de medidas de los primeros días de gobierno de Mauricio Macri no estará exento de consecuencias para las economías provinciales. La eliminación del cepo cambiario y la consecuente devaluación, la quita de retenciones para las economías regionales y reducción para la soja y la eliminación de las barreras a las exportaciones, entre otras medidas a las que se suman los fallos de la Corte Suprema, impactarán en las provincias, aunque, según los especialistas, de manera heterogénea y no del todo cierta todavía.

Retenciones

La medida tendrá un impacto positivo para los productores locales, cuya rentabilidad cayó enormemente en los últimos años a raíz de una serie de factores endógenos (atraso cambiario, inflación de costos, falta de infraestructura, restricción a las exportaciones, elevada presión impositiva) y exógenos (caída del precio de las commodities, fortalecimiento del dólar, menor demanda externa). Si el plan económico de Macri tiene éxito, los primeros tenderán a corregirse, mientras que los segundos exceden al equipo económico, por obvias razones.

Así todo, para las provincias, el impacto no será homogéneo ni enteramente favorable. "Es positivo para las economías provinciales, pero no necesariamente para el Fisco de las provincias porque el impacto de la eliminación de retenciones produce ingresos que vuelven al sector privado, mientras que el costo que genera una menor recaudación del Fondo Federal Solidario (fondo sojero) lo recibe el Estado de cada provincia y sus municipios", advierte Juan Garzón, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea. "Claramente van a existir diferencias según sean productoras o no de soja -complementa un informe del Iaraf-. Las provincias fuertemente productoras (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) van a soportar una resignación fiscal relativamente inferior al promedio de todas las provincias; las medianas productoras van a estar en el promedio y las jurisdicciones que no producen soja son las que se van a ver relativamente más afectadas por la reducción". A su vez, como el FFS se distribuye bajo los mismos porcentajes de la coparticipación, las perjudicadas en el esquema de reparto vigente arrastran ese perjuicio al fondo sojero.

En rigor, el impacto fiscal de la medida sobre el fondo sojero, calculado por el Ieral, será de $8.300 M, lo cual implicará una pérdida de $2.500 M para las provincias, que reciben el 30% de la recaudación por retenciones a la soja.

De todos modos, según los especialistas, el balance dará positivo a la larga para las provincias, por dos motivos. En primer lugar, porque las retenciones sojeras que alimentan el FFS no se eliminaron sino que se redujeron en apenas un 5%. En segundo lugar, porque la reactivación de las economías regionales implicaría un crecimiento de los ingresos derivados de tributos provinciales. "Si bien van a recibir menos recursos, hay expectativas de que el impacto económico positivo que traiga la medida en el territorio genere más recaudación y logre compensar esa pérdida", señala Garzón.

Además, señala el economista jefe del Ieral, la iniciativa podría implicar un menor giro de transferencias discrecionales para las provincias, en tanto la situación fiscal del Gobierno Nacional se verá aún más debilitada que hoy. Aunque es difícil pronosticarlo por cuanto la coparticipación de fondos no automática intervienen antes que nada criterios políticos.

Devaluación

La quita del cepo cambiario y la devaluación del peso para sostener esa liberación del acceso al tipo de cambio también impactarán sobre los productores regionales y las provincias. Para los primeros, todo es ganancia. Para las cuentas provinciales, en cambio, la situación no es tan definitiva.

Por el lado de gastos, la incidencia más fuerte podría ser en los gastos en personal, que en algunas provincias llega a representar más del 60% de su gasto corriente. Si el pass-through a precios es alto, el plan antiinflacionario es poco exitoso y las paritarias cierran en números altos, el impacto será alto para las finanzas provinciales. En concepto de insumos y obra pública, no debería haber un efecto grande. Por el lado de ingresos, IVA, Inmuebles y Sellos seguirán el curso de la inflación, Ganancias dependerá de los cambios que se hagan en la materia e Ingresos Brutos seguirá la expansión económica. "No está definido el impacto final de la devaluación todavía. Si el nivel de precios está por encima del ajuste salarial, las provincias, van a ganan", plantea Garzón.

Luego, está el impacto sobre las deudas provinciales. Las más vulnerables serán aquellas con mayor participación de la deuda en dólares sobre el total de sus pasivos, entre las que se encuentran -según Félix Piacentini, director de NOAnomics- la ciudad de Buenos Aires (90%), Córdoba (61%), Neuquén (70%),  la provincia de Buenos Aires (57%) y Mendoza (47%). "Las demás salen beneficiadas, sea porque mejora la rentabilidad de sus producciones regionales, como porque no tienen la mayor parte de su deuda dolarizada", señala Piacentini.

Fallos judiciales

Por último, está el fallo de la Corte Suprema a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis por la precoparticipación del 15% destinado a Anses, que según Iaraf implicará un extra de medio presupuesto anual en el caso de las provincias de la zona Centro y casi un presupuesto entero de la administración puntana por el stock adeudado entre 2006 y 2015, y cerca de $15.000 M entre las tres provincias en flujos anuales.

Una de las posibilidades barajadas para que Nación haga frente al fallo es el de la emisión de bonos soberanos. De ese modo, las provincias podrían netear su deuda con el Estado Nacional a través del canje de bonos. Otra, es que el gobierno macrista desvíe parte de las trasferencias discrecionales que reciben hoy esas tres provincias a las transferencias automáticas. Según Ariel Barraud, economista del Iaraf, con esta iniciativa se neutralizaría el impacto fiscal del fallo, ya que las transferencias discrecionales representan el 1,5% del PIB, mientras que el costo fiscal de la decisión de la Corte no llega al 1%. Sin embargo, en términos políticos, la iniciativa le restaría margen de maniobra con los gobernadores, que serán actores claves en el escenario político que vendrá.

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