A pocos días de que finalice el plazo (el 4 de agosto) que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le dio a los acreedores privados para que confirmen su adhesión a la oferta oficial, no hay nada concreto aún. A pesar de que las puntas están muy cerca (el Gobierno ofrece US$ 53,5 y los bonistas piden US$ 56,6), las partes se muestran firme en sus posturas. En los últimos días, el avance ha sido poco o nulo. En ese marco, Guzmán evalúa extender el plazo de negociación por dos semanas más, según trascendió esta semana.
Tras la carta que los acreedores le enviaron anteanoche al Gobierno, en la que afirman que negociaron con otros acreedores para que se sumen a la contraoferta conjunta que anunciaron la semana pasada los grupos Ad Hoc, Exchange y una parte del Comité de Acreedores de Argentina, el titular del Palacio de Hacienda volvió a reiterar ayer que la oferta oficial será la definitiva y, al ser consultado por la sostenibilidad de la deuda teniendo en cuenta la corta distancia entre las partes, afirmó que “la sustentabilidad es un concepto de probabilidad y está hecho en base a supuestos”.
“La carta del lunes fue una muestra de unidad y fortaleza por parte de los acreedores. Hace tiempo sabíamos que los principales comités tenían capacidad de bloquear la reestructuración porque controlaban un tercio de la deuda elegible, pero la novedad en esto es que en realidad controlan más de la mitad de la deuda, ya que hay otros fondos que también integran el comité pero no quieren revelar su identidad”, resaltó ante El Economista Adrián Yarde Buller, economista jefe del Grupo SBS.
Según Yarde Buller, esto es clave ya que ahora tampoco tiene sentido para el Gobierno pensar en un escenario de canje parcial, por lo que deberá reconsiderar la oferta que hicieron los acreedores la semana pasada. “La realidad es que Argentina no está demasiado lejos de lo que piden los acreedores, ya que se trata de unos US$ 1.000 millones en el mandato de Alberto Fernández y unos US$ 3.000 millones en toda la década, por lo que es difícil pensar que es tos montos puedan marcar la diferencia entre sostenibilidad e insostenibilidad”, indicó, al tiempo que consideró que todo está dado para un acuerdo y que sólo falta ver quién da el paso.
Federico Furiase, director del Estudio EcoGo, señaló que sería una señal positiva que el Gobierno extienda el plazo de negociación, teniendo en cuenta que los principales acreedores aumentaron la masa crítica y ahora el Gobierno tendría chances de hacer una mejora simbólica del VPN (adelantar fechas de pagos, fixing del euro o mejorar el cupón en el margen del bono que se emite para los intereses corridos/ PDI) y apuntar a tener un acuerdo sin holdouts, dado que la distancia entre la última propuesta de Guzmán y la de los bonistas es muy corta, con un promedio en torno a los US$ 3 en Valor Presente Neto (VPN).
“Este escenario le daría aire desde el lado de la brecha cambiaria y upside a los bonos. En cambio, si el Gobierno se mantiene en el VPN actual y no extiende el plazo de negociación una vez que aumentó la masa crítica de acreedores que no aceptarían la última propuesta del Gobierno, entraríamos en una zona de mayor incertidumbre que podría intensificar la presión en la brecha cambiaria y los bonos tendrían margen de caída en el corto plazo”, advirtió Furiase en diálogo con El Economista.
Respecto a la sostenibilidad de la deuda, Furiase afirmó que la actual diferencia entre las partes es insignificante en ese sentido, teniendo en cuenta la poca distancia entre ambas puntas: US$ 3 de VPN en promedio y una diferencia de sólo US$ 4.000 millones en ahorro de capital e intereses en dólares acumulado a 2028, equivalente al 0,12% del PIB.
“Esa diferencia no hace a la sostenibilidad de la deuda. Lo que hace a la sostenibilidad de la deuda es que el Gobierno aproveche el aire que le deja el nuevo perfil de vencimientos para los próximos cinco años para hacer una consolidación fiscal, estabilizar la economía, mejorar el crecimiento potencial vía exportaciones y así bajar el costo del refinanciamiento de la deuda”, explicó el especialista.
Desde Delphos Investment señalaron ayer que la relación entre el Gobierno y los bonistas se encuentra claramente desgastada, lo cual se evidencia en los últimos comunicados emitidos por las partes. “Sin embargo, por otro lado las posiciones se encuentran tan próximas que nadie se anima a patear el tablero. Ahora se trata de encontrar el mejor momento y circunstancia para cerrar el trato, debiendo el Gobierno hacer un equilibrio delicado para lucir como un claro ganador de la disputa que haga que su base aliada aplauda la decisión”, indicaron.
