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Las cuentas públicas bajo la lupa

No todo es lo que parece, según un informe de IDESA.

21-08-2011
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Se dice que la Argentina estaría “aislada” frente a las derivaciones de esta crisis internacional. Entre los argumentos que se esgrimen se sostiene que el país cuenta con una situación fiscal solvente, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados. Sin embargo, de un análisis de las cuentas públicas que hace el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, aparece un panorama bastante diferente.

Según la Secretaría de Hacienda, en el primer semestre del año el Estado Nacional tuvo un superávit primario (esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos sin considerar los pagos de intereses de deuda pública) de $1.800 millones promedio mensual. Pero si se observa con más detenimiento, dice un informe de IDESA, surge que:

-Si del superávit fiscal primario se resta el pago de intereses de deuda pública, el Estado Nacional pasa a tener un déficit de $360 millones promedio mensual.

-Si adicionalmente se restan las transferencias de la ANSeS, el desequilibrio pasa a ser de $1.900 millones promedio mensual.

-Si a este resultado se le descuentan las transferencias del Banco Central y otros organismos (PAMI y fondos fiduciarios) el déficit fiscal llega a $2.700 millones promedio mensual.

“Los datos oficiales señalan que con las tendencias del primer semestre se llegaría a acumular en el año 2011 un desequilibrio del orden de los $33.000 millones. Para tener una idea de órdenes de magnitud, el déficit fiscal es casi 3 veces lo que se destina a la Asignación Universal por Hijo. Las evidencias muestran que la aparente solidez fiscal depende decisivamente de considerar como ingresos normales del Estado los excedentes del sistema previsional, la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (los ahorros del sistema previsional), las reservas del Banco Central y los 'ahorros' forzados en organismos públicos con el consiguiente deterioro de los servicios a la población, como por ejemplo los servicios sanitarios de PAMI”, dice IDESA.

Según Jorge Colina, economista y director de IDESA, debe tenerse en cuenta el hecho de que en la contabilidad pública no se registra una gran cantidad de gastos. Y cita el caso de los 300.000 juicios previsionales con fallos definidos y cuyo pago de la ANSeS demora. “Fuentes judiciales señalan que estos juicios llegarían a los 470.000 y con tendencia creciente. De los trascendidos periodísticos posteriores a la reunión de la Corte Suprema con las autoridades de la ANSeS surge que si se respetara el precepto constitucional de la movilidad de los haberes previsionales (que es el factor que genera los juicios), el gasto corriente del Estado nacional aumentaría en $37.000 millones, es decir, el déficit fiscal se duplicaría”.

(De la edición impresa)

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