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Las audiencias y sus límites

La realización de la audiencia pública sobre el incremento de las tarifas del gas abre interrogantes sobre los procedimientos de consulta social de las políticas públicas a los cuales deberán prestarle atención todos los actores involucrados en este proceso.

19-09-2016
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por Enrique Zuleta Puceiro

Animado por un clima de opinión pública cada vez menos reactivo a la política de sinceramiento tarifario, el Gobierno resolvió acertadamente afrontar la realización de la primera de las audiencias públicas dispuestas por la reciente decisión de la Corte Suprema. Lo hizo con decisión, aceptando todos los riesgos que la situación le imponía. El resultado obtenido premia con creces la audacia del Ejecutivo y le abre un escenario que supera sus mejores expectativas.

Apenas una hora después del comienzo de la última de las tres jornadas inicialmente previstas, el ENARGAS dio por terminada una experiencia que durante tres semanas tuvo en vilo a la opinión pública, al Gobierno y a la totalidad de las fuerzas políticas, las cámaras empresarias, los círculos de especialistas y los analistas de la coyuntura. El auditorio semivacío de la imponente Usina del Arte y las pantallas ante auditorios desiertos en las diversas regiones del país reflejaron la escasa importancia real del método de las audiencias y llevan a preguntarse por la justificación de un trámite cuya torpe omisión inicial asestó un fuerte golpe a los que vienen desde hace tiempo soñando con el advenimiento de una nueva forma de “democracia deliberativa”.

Una vez más ha quedado claro que organizadas del modo como fueron organizadas las audiencias públicas son solo una caricatura de los procesos de consulta social reclamados tanto por la opinión pública como por todos quienes trabajan por la instauración en el país de los métodos y procedimientos propios de una gobernanza madura.

Esta vez, el método apenas sirvió al Gobierno para cumplir con un trámite impuesto por la Justicia y a un grupo muy minoritario de dirigentes sociales y políticos de casi nula representatividad parlamentaria para protagonizar una mínima presencia mediática. Los cinco minutos concedidos a 420 oradores agregaron poco o nada a la argumentación ya conocida, desarrollada en el Congreso, en los medios y en los foros realizados en las últimas semanas. Nada se escuchó, en efecto, sobre los costos de la energía a distribuir o sobre los informes acerca del impacto socioeconómico real de las tarifas, tanto sobre los hogares como sobre las empresas y los sectores productivos. Los extremos más importantes del reclamo de la Corte ?el análisis de costos de la energía y el impacto real sobre los diversos mercados como via para una ponderación de la razonabilidad y gradualidad de los aumentos? seguirán siendo un secreto celosamente preservado por las empresas y el Gobierno, al menos hasta la realización en los próximos meses de la Revisión Tarifaria Integral exigida por las regulaciones vigentes.

Vistas, así las cosas, la primera audiencia implica un triunfo claro del Gobierno, que logró imponer un estilo y una modalidad de instalar su agenda política. Al mismo tiempo, conlleva una seria advertencia al “seguidismo” oportunista de la mayor parte de sus opositores parlamentarios, siempre más atentos a las repercusiones mediáticas de sus posicionamientos que a su aporte real al indispensable proceso de construcción de consensos en torno a soluciones de fondo a los problemas estructurales del país.

La gloria efímera de quienes pudieron “expresarse”, sea a través de las movilizaciones callejeras, las conferencias de prensa o el rebote en los medios del “amparismo” judicial basta para disimular su indigencia política ante una sociedad informada y vigilante, que les exige responsabilizarse y hacerse cargo de los problemas y necesidades reales de la gente, más allá del reclamo y la protesta.

Las advertencias más serias son acaso para los propugnadores de la judicialización de la política. Los métodos como las audiencias, las iniciativas de Gobierno abierto, las políticas de transparencia y acceso a la información, la intervención de “amigos del tribunal”, y la incentivación del “litigio colectivo” han servido en los últimos años para sacar al Poder Judicial de su ostracismo y marginación social. Sin embargo, aportan muy poco como herramientas eficaces de gobierno, si siguen sin insertarse en un marco más general de concertación política y social como el que hoy demandan las grandes políticas de Estado. Nadie puede dudar de la importancia de estos métodos para la instalación de agendas sociales. Sin embargo, una cosa es agendar y otra gobernar. Se impone ahora que unos y otros evalúen, desde ahora en adelante y con mucho cuidado la relación coste-beneficio del camino que intentan imponer.

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