La reforma laboral llegará con un blanqueo de trabajadores debajo del brazo
Mientras avanza el borrador que definirá la propuesta de reforma laboral que se elevará al Congreso, la posibilidad de incluir un blanqueo de empleados se cuela en las conversaciones.
Al menos así lo pudo saber El Economista de fuentes que están ligadas de manera cercana a la discusión de la iniciativa que busca reformar, principalmente, distintos conceptos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Por lo que averiguó este medio, pese a que existen varios textos con cambios en materia laboral (dos ya fueron presentados en el Congreso: uno de Romina Diez y otro de Gerardo Milman), el proyecto que se discutirá será el que salga del Consejo de Mayo.
Esta iniciativa buscará mirar hacia el futuro, al delinear el nuevo esquema que regirá a la hora de contratar o despedir empleados, así como definir nuevos marcos para sectores en particular, como los trabajadores de plataformas, los de casas particulares y los agrarios.
Y, al mismo tiempo, fijará pautas con vistas al pasado. La idea, en este caso, es proponer un blanqueo de trabajadores que difiera del anterior (que tuvo escasos resultados) y, para ello, están pensado en una medida que tenga costo cero.
Lo que tampoco se descarta es la posibilidad de incluir una serie de beneficios fiscales que permitan incentivar la contratación de nuevos empleados o de sumar a la plantilla empleados públicos.
Beneficios para todos
Consultado por este medio, Juan Martín Morando, socio de Legales de BDO Argentina, manifestó que la posibilidad de establecer un blanqueo a costo cero es un buen primer paso para lograr mejores resultados que los obtenidos en el último intento.
Para el especialista "es beneficioso incorporar empleados que no estaban registrados o lo estaban de manera defectuosa a través de un trámite online" ya que no será necesario realizar ningún cálculo, ni abonar impuestos adeudados, ni serían necesarios los intermediarios.
Pero, además, consideró necesario sumar otros beneficios para incentivar la contratación de personal, como los bonos de créditos fiscales que están en el proyecto presentado por la diputada libertaria Diez.
La iniciativa establece que un porcentaje de las contribuciones (que va del 25% al 100%, dependiendo el tamaño) que abonen por nuevos empleados se conviertan en un crédito fiscal que puede utilizar para el pago de otros impuestos nacionales.
Asimismo, fija que los empleadores que den inicio a una nueva relación laboral mediante la contratación de un empleado del sector público (sea nacional, provincial y/o municipal) podrán acceder a un bono mensual de crédito fiscal por el 100% de las contribuciones patronales abonadas.
Morando consideró que esta última propuesta -además de ser muy novedosa, ya que en los últimos años el pase fue del sector privado al público- es altamente beneficiosa para todos, aunque el Estado sería el más favorecido, gracias al doble ahorro que obtendría.
"Por un lado, dejaría de abonar salarios, aportes y contribuciones -colaborando con el objetivo de conseguir el déficit cero- y, por el otro, permitiría reducir el desempleo al tratarse de un traslado de un sector al otro", explicó.
Y concluyó: "La persona desocupada o que no está registrada es una persona que recurre a sistemas públicos para todo lo relacionado a su salud, a la educación de sus hijos, que representan un costo para el Estado".
Alivio a microempresas
Otro de los especialistas consultados por El Economista fue Daniel Guillermo Pérez, quien tiene un Máster en Sistemas de Seguridad Social y entiende la necesidad de aliviar la carga que deben afrontar hoy en día los empleadores.
El experto propuso reducir a cero las contribuciones de las consideradas microempresas (que poseen hasta 5 empleados). La alternativa, aunque arriesgada, tiene un análisis serio detrás y una explicación lógica.
En primer lugar, Pérez recordó que, según los datos proporcionados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la masa salarial total de $13.862.879 millones, el sector MiPyME solo participa con 19,44% ($2.694.838 millones).
Afinando aún más los números, indicó que la incidencia de las microempresas en el importe que aportan a la recaudación total no es más del 4,54% (o sea $629.859 millones). Es decir que no representa más que el 0,09% de la recaudación total propuesta en el Presupuesto 2026.
"Esto quiere decir que, sin ningún esfuerzo, las contribuciones a los sistemas de Seguridad Social para este sector pueden ser reducidas a cero sin que represente una incidencia en el PBI y por supuesto sin el cumplimiento de requisito alguno para ello, sólo para adecuar el esquema contributivo a la verdadera realidad de ese sector", aseguró.
Pérez manifestó que no puede ser una medida aislada. Por el contrario, sostuvo que "quedará pendiente y será necesaria una profunda reforma tributaria pensando en las necesidades y evidencias del sector MiPyME".
"Falta también -en el aspecto contributivo de las empresas- reformar y adecuar las cargas de orden gremial que adiciona un importante componente de orden convencional y sindical", concluyó.
Una cosa queda clara: hay muchas alternativas muy interesantes. Queda ver cómo se redactarán los cambios y el alcance que tendrán los beneficios de cara a su presentación en el Congreso. Y, sobre todo, cómo decidirán los legisladores.
EL DATO: 0,2%
Por el programa de blanqueo laboral lanzado por el Gobierno en 2024 sólo se regularizaron 16.703 puestos de trabajo, equivalentes al 0,2% del total de trabajadores privados registrados.