La reforma laboral busca llevarse puesto a los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas
El proyecto de reforma laboral que analiza presentar el Gobierno nacional no sólo abarca modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sino que también apunta a las profesiones independientes.
En efecto, plantea la creación de un Registro Federal de Egreso (RFE) y la voluntariedad de la matriculación profesional. Al menos así se desprende del borrador de la iniciativa a la que tuvo acceso El Economista.
En el Título VII, la iniciativa -que según las fuentes consultadas por este medio, será discutida en el Concejo de Mayo- refiere a los trabajadores autónomos independientes y a la libertad de matrícula.
Si bien el texto hace referencia a diversas profesiones -desde técnicos en prótesis dental hasta fonoaudiólogos, pasando por musicoterapeutas o terapeutas ocupacionales-, las entidades que nuclean a los profesionales en Ciencias Económicas se llevan la peor parte.
Nadie puede decir que no hubo señales. Desde la presentación de un proyecto por parte de la diputada libertaria Marcela Pagano hasta los dichos del ministro de Desarrollo y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fueron claros indicios de que algo se barajaba por lo bajo.
Sin embargo, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre los Consejos Profesionales, ya que las reformas apuntan a terminar con la obligatoriedad que plantea la Ley 20.488. Algo que es un golpe a su razón de ser.
La propuesta, por dentro
Son cuatro los artículos de la propuesta que pueden cambiar el paradigma que rige en el ejercicio de los contadores públicos, los actuarios y los licenciados en Economía y en Administración.
El artículo 61 establece que tener un título será "el único requisito para el ejercicio en todo el territorio nacional de cualquier profesión que requiera título universitario y/o equivalente" y, para demostrarlo, alcanzará con inscribirse en el RFE.
El artículo cierra con la frase que confirma -como una daga directa al corazón- que no será obligatorio realizar un trámite ante un Consejo Profesional: "La matriculación de los profesionales será libre y voluntaria", reza la iniciativa.
Pero hay más. Los artículos 68, 69 y 70 eliminan de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley de ejercicio de las profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas la obligación de estar matriculados.
Ya en el artículo 1 de la Ley 20.488 se establece que para el ejercicio profesional "es obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio".
Esta parte es, precisamente, la que se elimina. Lo mismo que la obligación para "los titulares de diplomas de graduados en Ciencias Económicas expedidos por las autoridades nacionales o provinciales con anterioridad a la creación de las carreras universitarias".
Por último, borró la necesidad de estar matriculados para que las asociaciones de los graduados en Ciencias Económicas puedan ofrecer servicios profesionales, y solo alcanzará con que "sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes".
Una mirada crítica
En este escenario, El Economista consultó con José Luis Arnoletto, quien fue presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y luego de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
Una voz autorizada, si las hay, para hablar sobre el rol que tienen las entidades que nuclean a egresados de las carreras de Contador Público, Actuario y Licenciados en Economía y Administración de Empresas.
"Creo que hay algunas confusiones de cuál es el rol de las organizaciones profesionales, del concepto del federalismo y el control del ejercicio de las profesiones y sobre lo que tiene que ver con el supuesto costo que esto tiene", sostuvo.
Recordó que en algunos casos, como en el de la provincia de Córdoba, los profesionales abonan mensualmente una cuota que incluye el derecho de ejercicio profesional, una obra social (Departamento de Servicios Sociales) y la caja jubilatoria.
"Considerar que el costo de estar matriculado sea el total que se abona por mes es una percepción notoriamente equivocada, ya que el valor que corresponde al derecho de ejercicio es ínfimo", añadió.
Arnoletto recordó que los colegios y consejos profesionales tienen el rol de controlar el ejercicio profesional, asegurando que quien ejerza la profesión esté dentro de los límites de la ética profesional.
En este sentido, consideró que los tribunales de Disciplina o de Ética Profesional van a manejar una situación conflictiva con mayor eficiencia que un organismo gubernamental que se ocupe del mismo tema.
Luego, explicó que la segunda gran función es la de mantener a los profesionales actualizados, para que puedan brindar un servicio que se ajuste a la función social e interés público que poseen.
Por último, consideró que si el objetivo del Gobierno y de los legisladores es reducir el valor de las legalizaciones, no deberían apuntar a la eliminación de los Consejos o Colegios Profesionales, ya que sería un error conceptual.
"Así que, desde todo punto de vista, me parece un exceso basado en un desconocimiento respecto a cuál es la razón de ser y la función de una entidad profesional", concluyó Arnoletto.
Habrá que ver qué decisión toman quienes están encargados de definir el texto que se presentará en el Congreso: si continuarán con la voluntariedad de la matriculación o apuntarán a regular los montos de las legalizaciones.
El camino recién empieza.