El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, reconoció ante un auditorio de unos 100 abogados que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza el 37%, ubicándose en niveles "similares a los de la crisis del 2001".
- Fue durante una disertación en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ante representantes de estudios jurídicos de primer nivel como Bruchou & Funes de Rioja, Cassagne, Marval O'Farrell Mairal, Bomchil, Beccar Varela y Pérez Alati.
El funcionario, enviado por el ministro Luis Caputo para controlar la ex AFIP, lanzó el dato al pasar, en un discurso centrado en el principio de "inocencia fiscal" que impulsa La Libertad Avanza. En ese contexto, afirmó que ARCA posee "información de todos y cada uno de los consumos con tarjeta de crédito", al tiempo que calificó al organismo que dirige como "ineficiente", con una administración que no invirtió en tecnología en los últimos siete años, lo que considera clave para mejorar la recaudación.
Pazo también defendió el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso el mes pasado, orientado a modificar la ley penal tributaria y el régimen de procedimiento fiscal. A su entender, esa iniciativa es la única vía para que los argentinos "pierdan el miedo" al sistema tributario y se animen a blanquear sus ahorros en dólares. Estimó que hay entre cinco y diez bases monetarias fuera del sistema financiero legal, lo que equivaldría a más de US$ 250.000 millones acumulados desde 2001.
En su exposición, pidió expresamente el apoyo del sector jurídico para lograr que el Congreso apruebe estas reformas, que según dijo, "están trabadas por cuestiones ajenas al Gobierno". Además, ratificó que el Impuesto a las Ganancias se mantendrá como está, porque lo considera "el tributo más lógico de todos", y sostuvo que una futura simplificación impositiva debería centrarse en dejar de gravar la facturación.
Por último, Pazo destacó el ajuste interno llevado a cabo en ARCA bajo la administración de Javier Milei, que incluyó una reducción del 32% de la estructura, una poda del 45% en cargos jerárquicos y el cierre de 38 receptorías.
