La reactivación se demora y peligra el empleo

Punto de vista: Javier Lindemboin (directo del CEPED e investigador del CONICET)

25-04-2016
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En el difícil verano de 2002 y con un fuerte impulso de la Iglesia, se convocó al Diálogo Social. En una de sus sesiones la representante de la CGT, luego designada secretaria de Trabajo, hizo una presentación dirigida a sancionar una norma que protegiese a los trabajadores en riesgo de pérdida de su fuente de trabajo. Así, durante algunos años, el despido sin justa causa estuvo penado con doble indemnización o con un plus del 50%. Al caer la tasa de desempleo por debajo del 10% la norma dejó de regir tal como lo establecía la Ley de Emergencia Económica que la creó.

Con la crisis financiera internacional, el Gobierno de entonces reimplantó un mecanismo de protección del empleo conocido como Repro. Ese programa fue creado a mediados de 2002 durante la gestión de la ministra Graciela Camaño. A través de él se subsidiaba el mantenimiento de los puestos de trabajo de distintas empresas según los requisitos allí establecidos. Los beneficiarios en 2003 fueron algo más de 15.000, cifra que superó los 20.000 en 2008 y más de 140.000 en 2009.

Un tercer elemento a tener en cuenta es el de la caída del empleo. Sea con adecuadas adaptaciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) o de manera directa en base a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el año 2014 registró una disminución de la ocupación de entre 250.000 y 400.000 puestos de trabajo.

La pregunta que surge es, ante la preocupación difundida entre los trabajadores sobre la situación actual, qué similitudes o diferencias tenemos respecto de episodios tan agudos como los de 2002 o, en mucha menor medida, los de 2008-2009. También respecto de lo vivido en 2014.

Es sabido que las comparaciones son odiosas, mucho más en momentos como el actual, en el que aún carecemos de la información estadística oficial que ilustre cabalmente sobre la realidad económica y social. De todos modos apuntemos que en 2002 la desocupación superaba el 20%, en 2008 acababa de ubicarse debajo de los 2 dígitos y en 2014 en el orden del 7%. El último dato disponible, tercer trimestre de 2015 arrojaba un valor del 6% (si bien la cifra era puesta en duda desde diversos sectores). ¿Estaremos en este año ante pérdidas de empleo similares a la de 2014? No lo sabemos con certeza. ¿Será que ahora el problema es más agudo y por eso aparecen las propuestas de normas especiales?

Este rápido racconto nos permite quizás contextualizar los debates actuales en torno de la eventual reimplantación de la denominada doble indemnización como mecanismo destinado a proteger el empleo existente.

De no mediar una rápida reactivación ?que aún no se avizora? el impacto negativo sobre el empleo se hará notar con mucha fuerza de modo que no es de descartar la necesidad de algún tipo de medida protectoria. Esta puede ser la de la indemnización acrecentada o la de los Repro, o el proyecto anunciado de elevación, luego de un decenio, del subsidio de desempleo. Pero no hay dudas de que la falta de información estadística adecuada constituye un obstáculo enorme y conspira contra la adopción de medidas acordes en materia sociolaboral.

Cualesquiera de las opciones que se adopte debería tener en consideración la situación diferencial de empresas que por su menor tamaño o relevancia económica puedan también requerir cierta apoyatura para contribuir a la protección de sus trabajadores. En pos de una sociedad que privilegie las necesidades y derechos de las personas se hacen necesarios instrumentos que tomen en cuenta las diversas situaciones existentes así como los horizontes hacia los cuales se pretende arribar.

Una vez asegurada la continuidad de los puestos de trabajo hay que construir una política económica de crecimiento que esté en la base de un proceso de desarrollo. Sin inversión no tendremos crecimiento y sin él no habrá mayor demanda de empleo. Por si esto fuera poco, vale tener en cuenta que estas condiciones necesarias pueden no ser suficientes. En otras palabras, la generación de la riqueza y la distribución del ingreso deben vincularse de manera indisoluble.

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