Eliminar la obra pública por la corrupción es como matar al enfermo para acabar con una enfermedad

Escuchamos al Presidente decir en su discurso de apertura de sesiones, como un logro de su gobierno, que eliminó la obra pública, entre otras cosas, para llegar al superávit fiscal. 

Para el Presidente, parecería que las obras públicas son solo un sinónimo de corrupción y llegó a decir en varias oportunidades que la Cámara de la Construcción era la Cámara de la Corrupción. Obviamente hay muchas causas de corrupción en las obras públicas de los gobiernos kirchneristas: Lázaro Báez, José López, la causa de los cuadernos, etc. 

Sin embargo, la corrupción no ha afectado solo a las obras públicas, sino desgraciadamente a los distintos ámbitos de la acción pública: en el transporte público, en las compras de energía, en las actividades financieras como las emisiones de bonos, en las autorizaciones de importaciones y exportaciones, en temas de salud, en seguridad, en educación y ahora hasta en los seguros. Donde hay una transacción de dinero público o privado puede haber corrupción. Sin dudas es una grave enfermedad que nos aqueja y debe ser combatida en todos los aspectos. 

Durante el Gobierno de Cambiemos se implementaron políticas bastante exitosas al respecto en obras públicas. Por caso, en una licitación de obra pública no se cobraba el pliego, y a través de un proceso totalmente digital los oferentes no conocían con quiénes iban a competir y tampoco se identificaba en forma presencial quien contestaba las consultas que se daban en el proceso licitatorio. Seguramente se puede optimizar este proceso con la ayuda de los organismos multilaterales de crédito que también tienen sus sistemas específicos para evitar los hechos de corrupción. 

Eliminar la obra pública por la corrupción es como matar al enfermo para acabar con una enfermedad.

El Presidente ha propuesto reemplazar la obra pública por la iniciativa privada, que podría funcionar en ciertos temas como infraestructura vial de alto tránsito como el acceso a grandes ciudades con el repago parcial en peajes y un volumen de circulación importante. También podría aplicarse a infraestructura energética como en el rubro gasoductos, en los cuales a través de un cobro de peaje por el caudal que fluye por el ducto se puede recuperar la inversión, así como también a la infraestructura de transporte fluvial (Hidrovía). 

En cambio, en otros rubros como agua potable y saneamiento, infraestructura escolar, infraestructura hospitalaria pública, obras hidroeléctricas, rutas de baja densidad de tránsito, vías férreas, etc., resulta mucho más complejo. 

En Chile, al que el presidente pone como ejemplo de iniciativa privada, solo el 7% de las obras se hacen por esa vía; la gran mayoría es pagada por el Estado, sea al día o en pago diferido. 

Además la iniciativa privada se podrá aplicar en cuanto se normalicen las variables macroeconómicas, lo cual llevará un buen tiempo. En forma simplificada se puede decir para que cualquier banco internacional brinde un crédito a una empresa constructora que proponga la iniciativa, deberá considerar una tasa base (por ejemplo, la tasa Libor) a la cual sumará la tasa de riesgo país (hoy cerca de los 1.600 puntos, es decir sumar 16% de tasa en dólares), y además sumará una tasa de riesgo de la empresa constructora y una tasa de riesgo de la obra y el recupero en sí. Se puede concluir que, por ahora, esto es absolutamente inviable.

Cuando asumió el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que contaban con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal. Esto era particularmente importante ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas, es decir, es más oneroso no usarlos que sí. También se indicó que se respetarían los contratos de las obras en ejecución.

Posteriormente al renunciar el ministro de Infraestructura, esa área pasó a depender de Ministerio de Economía. No obstante, al día de la fecha hay pocos nombramientos oficiales de las segundas y terceras líneas, no se tiene un organigrama definitivo en las áreas de ejecución, no se tienen firmas para firmar resoluciones ni realizar pagos, con lo cual el área está en la práctica paralizada. 

Por esto resulta compatible la información presentada por el ministro de Economía en la cual se indica que en el mes de enero de 2024 la inversión en obra pública fue cero. Puede entenderse un período de revisión y estudio de las obras en ejecución; priorizando las más importantes y dejando suspendidas las que solo son fruto de favores políticos, pero no una parálisis permanente como gestión de gobierno.

Las empresas constructoras que no reciben pagos desde octubre o noviembre pasado han ido bajando el ritmo de obras hasta detenerlas y han debido despedir a más de 80.000 obreros de la construcción. Si esto continua empezarán los despidos del personal permanente de las empresas y las convocatorias de acreedores de las empresas.

El presidente Javier Milei pregona como objetivo volver a ser un país rico como algún país europeo o Estados Unidos, esto seguramente implica aumentar mucho nuestra producción y exportaciones. Para ello, es necesario tener rutas, vías férreas, puertos y aeropuertos adecuados. 

• Para una comparación actual, por ejemplo, Argentina tiene aproximadamente 15% de su red vial total pavimentada, mientras que en Europa tiene 83% y Estados Unidos, un país de grandes extensiones, posee 60% de su red con pavimento. 

Lograr la competitividad necesaria en nuestra economía para aumentar los ingresos de divisas requiere una disminución de los costos logísticos que actualmente son más altos que en países competidores, por lo cual mejorar el estado de nuestras rutas e intensificar el rol del ferrocarril resultan esenciales. 

Será muy difícil incrementar las exportaciones de granos a 200 millones de toneladas, como tampoco exportar minerales, petróleo, o productos industriales si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo. 

La obra pública es una inversión, no un gasto público más. Al paralizarse será imposible mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, remarcamos que casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y la mayoría de esa población no tiene recursos para pagar las obras necesarias.  Por otra parte, nuestro país tiene un déficit habitacional de más de 3 millones de viviendas, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda aun de superficie mínima. 

Parece entonces necesario continuar al menos con los planes de vivienda social existentes o generar nuevos más eficientes y transparentes, quizás con mayor participación privada, pero con el apoyo del Estado, para que los más necesitados puedan llegar a poseer una vivienda.

Si se quiere transformar el país en una potencia mundial en unos años como plantea el presidente Milei, necesitamos mejorar la infraestructura para que los 46 millones de argentinos.