A primera vista, el mercado laboral no es una prioridad para la política económica en el corto plazo. Los principales indicadores del mercado laboral argentino no aparentan problemas sustanciales. En Argentina, sobre datos oficiales de 2014, el PIB per capita alcanzaba a US$ 12.751 para una población total de 42.202.935 personas. La Población Económicamente Activa (PEA) alcanza a casi 17 millones de habitantes, con una tasa de actividad de 45%, siendo la tasa de empleo de 41,7%. La tasa de desempleo era de 7,7%, alcanzando a 1.178.000 personas. El empleo informal urbano, medido con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del Indec, era de 33,2%, y medido por la nueva Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), alcanzaba a 35,9%. Es decir, una sociedad y una organización de la economía con relativamente bajo desempleo pero con altos niveles de informalidad, y eso abre interrogantes sobre la productividad laboral y la precariedad en el mercado de trabajo.
Los asalariados alcanzan a casi el 70% de la población mientras que los cuentapropistas son del 26%. En materia social, las personas bajo la línea de pobreza, según el Indec, en la última medición realizada en 2013, fecha a partir de cuando se discontinuó la medición de la pobreza, alcanzaba al 4,7% de la población y la tasa de indigencia era de 1,4%. El coeficiente de Gini era de 0,42 y la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el Censo de 2010 llegaba al 12%.
Estos indicadores oficiales de pobreza e indigencia contrastan con los altos niveles de informalidad, informada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que se ha estabilizado en torno al 35% hasta la fecha. También con las estimaciones de la encuesta realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA, 2015), que se realiza desde hace más de 10 años y mide la pobreza de manera multidimensional, más allá de medir pobreza de ingresos, que en 2014 resultó ser de 28,7%.
Salarios y planes sociales
Por otra parte, los ingresos de los trabajadores ocupados muestran brechas significativas. El propio Indec mide que la mitad de la población ocupada ganaba menos de $ 5.000 mensuales en 2014, lo que equivalía a US$ 616, dato que indica problemas adicionales en materia de pobreza, más allá de posibles subdeclaraciones de ingresos en la muestra.
Además, en principio, parece haber una relación entre el nivel de los salarios y el nivel de los planes sociales en función de su impacto sobre la oferta de trabajo y la demanda de capacitación. El Gobierno aprobó el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) vigente desde agosto de 2015, que pasó de $ 4.716 a $ 5.588. Para la próxima actualización semestral, por la inflación, el nuevo monto llegará a $ 6.060 en enero de 2016. De esta manera, el actual salario mínimo, de $ 5.888, equivalente a US$ 620, es superior a lo que percibe el 50% de los ocupados, que ganan igual o menos que esa cifra. Esto ubica el nivel de los salarios en un horizonte bajo, en línea con el peso de la informalidad laboral, de entre 33% y 35%.
En este contexto, el nivel de los planes sociales puede estar operando como un salario de reserva, donde una persona que sea beneficiario de varias AUH ?por tener más de un hijo? y otros planes menores, sean del Gobierno Nacional, provincial o municipal, podría estar aproximando en ingresos al valor cercano al SMVyM. De esta manera el trabajador “relaja” sus esfuerzos en búsqueda de mejores empleos, mayor capacitación o cambio de trabajo.
Con todos estos factores, la economía se aleja así de los salarios de eficiencia pues la productividad laboral no crece y luego el proceso de salarios alcistas por productividad no termina de comenzar, sobre todo en el segmento de la informalidad. En tanto, este esquema no empuja los salarios formales con mayores posibilidades de incrementar la productividad laboral hacia arriba, por los incentivos de la organización económica, que prioriza actividades mercado-internistas y la intervención en los mercados, alejando los precios y los salarios locales de los internacionales.
Existe otra relación no neutral entre el empleo a nivel local y regional, y los planes sociales. Muchos planes sociales han limitado en la práctica la posibilidad de realizar actividades laborales a nivel regional, sobre todo en las provincias y ciudades del interior, pues el beneficiario pierde el plan si es empleado de manera formal, aunque sea de manera temporaria. Si bien luego puede volver a solicitar el plan, los evidentes costos de transacción y los riesgos asociados, tanto para el empleador como para el beneficiario, desalientan la realización del contrato de trabajo. Los casos de los trabajadores “golondrina” en las cosechas de frutas y la producción de hortalizas y verduras son los más claros, lo mismo que ciertos empleos vinculados al turismo, especialmente cuando la estacionalidad del destino es elevada. Cabe destacar que se trata siempre de empleos locales y regionales, y no en las grandes metrópolis, con lo cual este modelo socioeconómico favorece la concentración poblacional en los márgenes de las grandes ciudades y capitales de provincia, muchas veces incentivando el desarraigo y la despoblación de las zonas rurales.
Es un modelo de empleo muchas veces clientelista donde el Estado y los otros niveles de Gobierno practican, con abuso muchas veces, la entrega de planes sociales frente a la alternativa de generar un modelo de empleo productivo privado formal. Esto tiene mucha relación con la forma de organización de la economía y el modelo productivo de desarrollo.
En suma, salarios bajos, informalidad e incentivos cruzados derivados de planes sociales son cuestiones a resolver de cara a una economía que, si en 2016 quiere recuperar la tasa de inversión desde el actual magro nivel de 17%, necesitará mano de obra calificada y no calificada en niveles crecientes.
