El Gobierno continúa trabajando en las medidas económicas para mejorar el bolsillo de los sectores más castigados y así “fomentar la demanda agregada”, en palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán. Actualmente, luego de la suba del salario mínimo y el piso del Mínimo No Imponible (MNI) de Ganancias, se estudia un bono a jubilados de la mínima y beneficiarios de Anses, un nuevo IFE más acotado y bajar la edad de jubilación a 55 años para trabajadores que cuenten con los 30 años de aportes.
La primera mejora será de forma automática y beneficiará a los jubilados que cobren el haber mínimo. En concreto, con las subas que tendrá el salario mínimo hasta febrero, poco más de un millón de jubilados y pensionados que cobran la mínima y se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, sin acudir a la moratoria, tendrán un aumento de $318.
Este plus adicional responde al artículo 5 de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, donde se especifica que los jubilados y pensionados “con 30 años o más de servicios con aportes efectivos cobrarán un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil”.
Otra medida en carpeta es el pago de un bono de $6.000 para jubilados de la mínima, a los que se sumaría un importe similar a los beneficiarios de la Asignación Universal Por Hijo (AUH). Otra de las medidas que se encuentran en evaluación es la suba de la baja de la edad mínima hasta los 55 años para acceder a la jubilación, con el requisito de contar con 30 años de aportes.
De acuerdo a cálculos oficiales, la iniciativa podría impactar en unas 500.000 personas. En la actualidad, el acceso al retiro de la actividad laboral es a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 en el caso de los hombres. Y depende también de los aportes jubilatorios que se realicen. En ambos casos el mínimo de aportes debe ser de 30 años.
Otra medida en estudio es un bono a los hogares que están pasando mayores dificultades por la crisis sanitaria que tuvo, y todavía tiene implicancias económicas. Sería similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se pagó en tres oportunidades en 2020. La idea es acotarlo, ya que el contexto no es el mismo que en el peor momento del año pasado cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo).
La idea es que no abarque el mismo universo que el año pasado, que en aquella ocasión fueron $10.000 para casi 9 millones de personas, es decir, un costo fiscal de $90.000 millones por edición. Esta vez, alcanzaría entre 2 y 3 millones de argentinos por un monto mayor. Otra posible medida son créditos a tasa cero para trabajadores asalariados.
