El Gobierno envió ayer al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Economía del Conocimiento que había sido aprobada el año pasado y que tenía previsto empezar a aplicar a partir del 1 de enero de este año, pero que Alberto Fernández decidió suspender para hacerle modificaciones.
El nuevo proyecto de ley mantiene algunos de los beneficios de la ley que fue suspendida, tales como la reducción de alícuota del impuesto a las Ganancias; la baja sobre el pago de contribuciones patronales y la mejora en las condiciones de acceso para las pyme, según informaron ayer desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.
“La modificación de la ley está orientada a promover las facilidades de ingresos de las pyme y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso, como el porcentaje de I&D, de capacitación y de exportaciones que deben cumplir para obtener los beneficios”, indicaron a la agencia Télam desde la cartera que conduce Matías Kulfas.
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Según lo informado, además de que el proyecto de modificación mantiene los beneficios de reducción de alícuota sobre Ganancias y contribuciones patronales, lo amplía al modificar el modo de calcularlos, retomando lo establecido en la ley de Software, es decir, 60% de reducción de Ganancias y 70% de contribuciones patronales.
Sobre las contribuciones patronales se introducen dos novedades: un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una pyme tramo II (535 empleados), lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados, que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.
De esta manera, las grandes empresas siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen, porque son empresas emblemáticas de Argentina, que mueven la economía y el empleo del país. “Todas las empresas con beneficios de la ley de Software tienen una cantidad menor de beneficiarios a la que establece el nuevo tope”, precisaron fuentes del Ministerio.
De acuerdo con las explicaciones, este tope funciona de manera tal que permita seguir generando empleo, ya que si una empresa al momento de la inscripción tiene 5.000 empleados, va a poder inscribirse al régimen con 3.745 empleados afectados a la actividad promovida. Si la empresa luego suma empleados por encima de su nómina inicial de 5.000, esos nuevos quedan fuera de este tope. De esta manerea, también se busca estimular el nuevo empleo vinculado con las actividades promovidas en la ley. Por ejemplo, si la empresa de 5.000 empleados y en el mes siguiente a su inscripción toma cien empleados nuevos, estos ingresos tendrán el beneficio del 70% de reducción de contribuciones patronales.
Otro cambio que busca la nueva ley es “una orientación inclusiva y federal”, en la que las empresas podrán acceder a diez puntos adicionales en las contribuciones patronales, es decir, 80%, en caso de que incorporen mujeres profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; y discapacitados que sean previamente beneficiarios de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo. “Este beneficio se aplica a todo el empleo incremental”, indicaron.
