Uno de los problemas que dejará el actual Gobierno y que deberá enfrentar (con urgencia) la próxima gestión será el de la deuda pública. Contabilizando las obligaciones del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales, la deuda roza el 90% del PIB. Teniendo en cuenta sólo la deuda “relevante”, es decir, aquella que no contabiliza los pasivos intra-sector público, la deuda sobre el PIB ronda 50%.
Alrededor de la mitad de los compromisos (más sus intereses) vencerán durante el mandato de Alberto Fernández. Dentro de estos vencimientos, está la devolución de una buena parte del préstamo del FMI, que según el actual cronograma deberá pagarse entre 2022 y 2023. Hasta junio, el Tesoro deberá desembolsar unos US$ 38.000 millones, y más de US$ 20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante. Teniendo en cuenta el altísimo nivel del riesgo país, una refinanciación se torna imposible.
“La situación de la deuda pública que heredará el próximo Gobierno será compleja, incluso inmediatamente después de asumir, de modo que deberá definir rápidamente una estrategia para sortearla”, afirmó Ecolatina, que advirtió que debido a la magnitud del problema en el corto plazo, es probable que se encare “un programa que combine una mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos. Así, el costo de ajustar la economía a su capacidad de pago se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas”.
“Dado que estos últimos son gran parte del sector privado local, una pérdida significativa de riqueza podría tener efectos contractivos sobre el nivel de actividad. Asimismo, endurecer el ajuste de las cuentas públicas también podría agravar la recesión. Por lo tanto, la economía seguiría cayendo a comienzos del año próximo”, indicó.
El análisis señala que al no poder refinanciar voluntariamente sus obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores), Fernández contará con tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigir un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos. “En otras palabras, el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener”, explicó.
De acuerdo con Ecolatina, una posible reestructuración de la deuda contaría con varias partes. En primer lugar, cerca del 40% de las obligaciones de Hacienda son con otros organismos del Estado (unos US$ 120.000 millones), quienes refinanciarían los pasivos al vencimiento sin mayores inconvenientes. Luego, más del 20% de la deuda (US$ 67.000 millones) es con organismos internacionales de crédito, con quienes se deberá negociar rápidamente los nuevos plazos de pago.
En tercer lugar, se encuentran los tenedores privados. “Esta porción es la más sensible, sobre la que caería una potencial quita y, dado que son agentes atomizados (personas físicas argentinas o extranjeras, empresas locales o foráneas, fondos de inversión, etcétera), es difícil coordinarlos para definir modificaciones en las condiciones de sus tenencias”, resaltó.
El estudio señala que el plan para tornar sostenible la trayectoria de la deuda pública tendrá que considerar medidas para los títulos bajo ley local y extranjera y para la deuda con organismos financieros internacionales. Pero, además, deberá tener en cuenta que el resultado primario garantice que los superávits futuros serán suficientes para afrontar los compromisos.
“En este sentido, una reestructuración sin quita requeriría un mayor ajuste al Fisco, lo que golpearía aún más la ya alicaída actividad económica. Pero, aunque una eventual quita de capital haría sostenible la deuda con un menor esfuerzo fiscal, realizarla para los títulos bajo ley local afectaría a agentes de la economía de Argentina”, advirtió.
