El blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno Nacional comenzó formalmente hoy. Hasta ayer, no obstante, todavía restaban conocerse algunas reglamentaciones y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) todavía no había dispuesto todo en términos operativos para comenzar a recibir los pedidos de ingresar.
Aún restan las reglamentaciones de la UIF y la CNV. La UIF será la que determinará las pautas para los bancos: en cual de ellos serán depositados o se vayan a depositar los fondos blanqueados por los que ingresen en el programa.
Al respecto, parte ya fue reglamentada por la Comunicación A 6.022 emitida por el Banco Central el viernes 22, que modifica las normas existente sobre depósitos y cuentas bancarias, inversiones a plazo y reglas de efectivo mínimo para las entidades bancarias. Pero lo que dirá la Unidad de Información Financiera (UIF) es qué parámetros se utilizarán para determinar qué fondos son provenientes de actividades ilícitas y cuáles no, así como también, en qué casos compartirá esa información con otras entidades estatales.
Según pudo saber El Economista, la reglamentación “será laxa para no asustar a quienes tienen patrimonio no declarado pero no proveniente de actividades ilegales”.
La UIF, dirigida por Mariano Federici, pasó a la órbita del Ministerio de Finanzas y Hacienda que conduce Alfonso Prat-Gay, precisamente durante la votación de la superley que incluía el blanqueo, por la madrugada, en una maniobra del oficialismo que despertó críticas por parte de la oposición.
Luego, también deberá conocerse en los próximos días la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que preside Marcos Ayerra. La entidad será la encargada de redactar los pormenores de la creación de los fondos comunes de inversión que se convertirán en una de las opciones para redirigir el dinero ingresado en el blanqueo. El atractivo que tendrá esta opción es que no pagará ningún porcentaje de impuesto; la contrapartida, es que el dinero invertido quedará inmovilizado por cinco años. Allí, lo que habrá que seguir de cerca es hacia qué actividad estarán dirigidos estos fondos. Según trascendió, apuntarán a infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pymes, préstamos hipotecarios con UVI, desarrollo económico regional y otras actividades de la economía real”. No obstante, podrían tener un predominio los fondos orientados a la actividad inmobiliaria, dado que el inversor argentino promedio confía más en los ladrillos que en otras actividades, dijeron a El Economista desde un estudio jurídico que sigue de cerca el programa de exteriorización de capitales pero pidió no ser citado. Según la rama de inversión a la que estén orientados y cómo sea la reglamentación de la CNV, es esperable que varíe el porcentaje de ingresantes al blanqueo que opte por esta opción, que de todos modos sería inferior respecto al total. Según Martín Polo, economista jefe de la consultora Analytica, los ingresantes al programa se inclinarían mayormente por exteriorizar su dinero pero no repatriarlo ?en 40% a 50%, aproximadamente? y en menor medida, en bonos -otro 40%- y fondos de inversión, en ese orden.
Quienes opten por no expatriar sus fondos deberán pagar una tasa que asciende a 5% de lo declarado para quienes exterioricen hasta $ 800.000 y 10% a partir de ese monto, aunque a partir de 2017 subirá a 15%. Quienes declaren hasta $ 305.000 no pagarán ningún costo y los que exterioricen inmuebles, pagarán 5% independientemente de cuándo ingresen o cuánto valgan. A cambio, no obstante, podrán mover sus fondos libremente, cosa que no podrán quienes suscriban a los bonos que ofrecerá el Gobierno, a tres y siete años, pagaderos con un interés de 0% y 1% anual. Quienes apuesten por estos títulos tendrán inmovilizados sus activos declarados por tres y cuatro años, respectivamente, pero se verán librados de pagar un costo por ingresar al blanqueo. Finalmente, quienes apuesten por los fondos de inversión, no pagarán costos, pero tendrán su capital inmovilizado por cinco años.
En base a estimaciones privadas, ingresarían al blanqueo entre un mínimo de US$ 25.000 M y un máximo de US$ 90.000 M, con US$ 50.000 M como un parámetro razonable. Ese monto estaría en línea con lo que lograron atraer Chile y otros países de la región en sus blanqueos, que ascendió a 10% de sus PIB respectivos. Más aún, al tratarse de la última oportunidad previa a que Argentina comience el intercambio de información fiscal con más de cincuenta países, en el Gobierno y en el sector privado esperan que ascienda por encima de esa marca. Por otra parte, podría haber un efecto aluvión (a más personas que blanqueen, más buscarán hacerlo tras personas) y también, una eventual reactivación económica hacia la segunda mitad del año podría inspirar confianza en los tenedores de bienes no declarados, lo que los alentaría a volcarse al blanqueo.
No obstante, para evaluar el éxito del programa habrá que esperar. Los antecedentes muestran que la mayoría de quienes ingresan en este tipo de programas lo hace sobre el final y no al comienzo. En este caso, a partir de enero de 2017, los costos de ingresar en el blanqueo serán mayores, por lo que muchos querrán hacerlo antes de que termine este año.
No obstante, existe un incentivo para hacerlo sobre el final del año y no en agosto o septiembre. El momento que la AFIP tomará para identificar los bienes no declarados por las personas -y por tanto la tasa de impuesto por exteriorizarlos- será la foto del 22 de julio, cuando el dólar cerró a $ 14,79. Así, por cada día que transcurra, si el tipo de cambio sube, el costo de haber ingresado al blanqueo habrá caído. Por tanto, la mayoría tendería a ingresar hacia final de año.
