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Cae incidencia de subsidios energéticos en el gasto fiscal

Las transferencias estatales vienen perdiendo participación por reducciones en los precios internacionales (en dólares) y aumentos de los locales (en pesos)

12-07-2017
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Por Mariano Ramón Economista

La reducción del déficit fiscal se ha determinado como uno de los principales objetivos del actual esquema económico. La composición de este desfase en las cuentas públicas se define a partir de una batería de agregados, en la que los subsidios al consumo de servicios energéticos aparecen con una participación destacada.

En este sentido, la creación del Ministerio de Energía y Minería y la declaración de la emergencia energética en diciembre de 2015 establecieron algunas herramientas institucionales para encarar una reforma estructural en este mercado. Donde, además, la incidencia sectorial en el “rojo” fiscal se diagnosticó como un resultado de las políticas de “intervención estatal” profundamente arraigadas en su funcionamiento.

En primera instancia intentemos ordenar la lectura de las cuentas fiscales: el gasto primario del Estado se puede categorizar a partir de su finalidad y, en ese sentido, encontramos gastos destinados a bienes de consumo y otros definidos para la inversión: en las categorías que presenta el Ministerio de Hacienda estas erogaciones se definen como corrientes y de capital respectivamente. Los subsidios al sector energético componen parte de las transferencias corrientes que realizan las arcas públicas: estos gastos pasaron de representar el 98% de las transferencias totales entre los años 2014 y 2016, a capturar el 53% durante el primer trimestre del 2017, es decir, que durante los primeros meses de este año se redujo a la mitad la incidencia  heredada.

Esta reducción, a partir del 2016, se dio en un contexto donde los desempeños de los ingresos y gastos públicos mostraron comportamientos disímiles. En valores corrientes (sin descontar la inflación), las entradas por impuestos crecieron 24% en términos interanuales y los gastos lo hicieron en 65%. Sin embargo, en este mismo escenario de aumento de erogaciones, los subsidios energéticos se redujeron 37% en términos nominales. Contabilizando la inflación este ajuste sería aún más pronunciado. Pero lo significativo del comportamiento es que tal reducción se da en un contexto de aumento en el total de las transferencias  fiscales (35% para el mismo período).

Es decir, los subsidios energéticos fueron los únicos que guardaron coherencia con el esquema de ajuste y reducción tributaria orquestado (por lo menos en términos discursivos), desde los comienzos del 2016. En este sentido, resulta relevante preguntarse cuáles fueron los elementos centrales que traccionaron dicho desempeño. Por una parte, los precios internacionales de los distintos productos energéticos que compra Argentina para cubrir la demanda local vienen cayendo tendencialmente desde fines del 2014 (gas natural, gas natural licuado, fuel oil y diésel). Esta dinámica de precios, sumada a una merma en las cantidades, quitó presión a los subsidios destinados a CAMMESA y en los dólares necesarios para abastecerse de energía importada. Las compras externas se redujeron 10% desde 2016 y los precios cayeron 6,5%. Es decir: en términos globales se dio una variación del -15,9% en paralelo a un gran alivio para el déficit comercial del sector.

Por otra parte, la contracara de la disminución en los subsidios energéticos fueron los aumentos autorizados para la cadena de valor. En particular, para el sector gasífero se permitieron incrementos para los productores (129% en el precio del gas en boca de pozo), las transportistas (30%) y las distribuidoras (30%). Este combo de incrementos impactó en las facturas del servicio en forma diferenciada y, en promedio, la demanda residencial observó una suba del 200% y el comercio, del 116%.

La reducción de las transferencias del Estado al sector energético se apalancaron con reducciones en los precios internacionales (en dólares) y con aumentos de los locales (en pesos). Esto guarda relación con el esquema de precios libres buscado por la gestión del Ministerio de Energía y Minería, donde la apertura comercial se daría a través de la paridad de precios.

En la búsqueda de este objetivo subyace la idea de que el mercado es el mejor árbitro en la asignación de los precios y que las intervenciones públicas llevan a desequilibrios ineficientes.

Si bien la búsqueda para generar un esquema libremercadista puede orientar las medidas de política, está claro que los mercados perfectamente libres (o perfectos) son un bien escaso y su propia construcción implica transitar esquemas en la que la intervención estatal no se limita a garantizar la seguridad jurídica.

La coyuntura de las cuentas públicas y los objetivos de política planteados por el Gobierno se revelan en la dinámica del sector energético. La transición ordenada a partir de la reducción de subsidios y segmentada en dos aumentos anuales hasta el 2019 tuvo sus primeros limitantes en la disputa judicial que se dio el año pasado. Además, al tratarse los servicios energéticos de bienes transversales, la variación de sus precios no solo influye en el poder adquisitivo de los usuarios residenciales sino que también impacta en la estructura de costos de la producción local y tensiona aún más la disputa distributiva que motoriza parte de la inflación vigente.

La descripción de los números presentada en esta nota involucra resultados concretos y define ganadores y perdedores en términos económicos y sociales. Es por esto que resulta conveniente que la búsqueda de eficiencia no se oriente exclusivamente al mercado energético y haga también sea una característica esperada para la coordinación institucional, en particular con el programa de política económica. La inclusión de variables dinámicas y parámetros públicos que doten de previsión los acuerdos de transición para los precios de los distintos energéticos, sería un indicador de coordinación. Asimismo, el ritmo de los incrementos debería disponerse más en función de su incidencia en la dinámica inflacionaria que en las necesidades de rentabilidad del sector.

La información presupuestaria analizada manifiesta direcciones opuestas entre los desembolsos agregados y los subsidios energéticos, y eso no necesariamente es una evidencia de la falta de coordinación, pero sí es necesariamente un llamado de atención. Y en términos energéticos sería un indicador de entropía.

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