Por Federico Pastrana (*) y David Trajtemberg (**)
La economía argentina está en una crisis caracterizada por una elevada inflación, una larga recesión y un creciente problema de sostenibilidad de la deuda externa. Las políticas implementadas por el Gobierno saliente acentuaron los problemas estructurales. Además, llevaron a la economía hacia un sendero de creciente incertidumbre macroeconómica, que dificultó la salida de la crisis y a un agravamiento de la situación social.
La renegociación de la deuda y el acuerdo económico social se encuentran entre los desafíos más importantes del nuevo Gobierno para redireccionar a la economía hacia un nuevo sendero que permita reducir la inflación, recuperar el salario real y comenzar a salir de la crisis. La renegociación de la deuda tiene como objetivo alejar la restricción externa que torna inviable cualquier sendero de crecimiento. El acuerdo de salarios y precios, tema a considerar en este artículo, adquiere centralidad por la necesidad de desacelerar la dinámica de los precios.
Las políticas de ingreso, acompañadas de ciertas políticas macroeconómicas, han sido efectivas en bajar la inflación y retomar el crecimiento en el corto plazo. Sin embargo, también es cierto que registraron dificultades de índole política y/o económica para sostener en el tiempo las condiciones planteadas inicialmente. Al respecto se pueden enumerar algunos puntos.
En primer lugar, para que sean exitosas, las políticas antiinflacionarias necesitan del liderazgo del Estado. Esto implica tener la capacidad de articular intereses contrapuestos de los actores en la búsqueda de lograr un objetivo/interés general: bajar la inflación. El proceso seguramente implicará que cada una de las partes deba ceder y que se puedan establecer nuevas reglas del juego. Por un lado, el Estado deberá evitar que los fijadores de precios busquen aumentar sus ganancias vía un incremento de sus precios relativos y atenten contra la reducción de la inflación. Además, se deben desdolarizar precios clave de la economía. En el plano salarial, será necesario estirar los plazos de los contratos y mirar hacia adelante en las negociaciones para reducir la inercia inflacionaria, condimento fundamental del éxito del plan. Este conjunto de políticas hacen a nuevas reglas que afectan las conductas de los agentes económicos y necesitan que el Estado sea un actor central.
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que, durante su vigencia, las condiciones económicas se modifican, no solamente por eventuales shocks externos sino por los efectos que la propia política genera. En los planes que consiguen disminuir la inflación, son frecuentes los cambios de precios relativos, que afectan la distribución del ingreso y la riqueza. Estos cambios no son inocuos y generan un esquema de ganadores y perdedores distinto al que había previo a la política. Los senderos decrecientes planteados en las variables macroeconómicas, por ejemplo, para los salarios, el tipo de cambio y las tarifas de servicio públicos, tienen implícita una distribución del ingreso que debe ser consistente con el marco político planteado. Es decir, la distribución del ingreso emergente del acuerdo social requiere la aceptación implícita o explícita de los actores sociales para que se sostenga al menos en un mediano plazo.
En tercer lugar, el acuerdo debe ser económicamente viable, para lo cual es necesario que sea creíble y macroeconómicamente consistente. Respecto al primer punto, uno de los muchos problemas de la política económica de los últimos años fue el establecimiento de metas poco creíbles. El hecho de plantearse repetidas veces metas que luego no son cumplidas y el no reconocimiento de los propios errores llevó a una pérdida importante de la credibilidad de la política económica. Teniendo en cuenta esta experiencia y el contexto actual, resulta más provechoso plantearse metas menos exigentes pero cumplibles, que grandes desafíos que luego no son cumplidos. Es decir, se debe buscar la mayor coherencia posible entre las proyecciones económicas y los resultados obtenidos, para lo cual se requiere implementar políticas macroeconómicas consistentes. La consistencia macroeconómica del acuerdo está vinculada a la coordinación de la política de ingresos con otras políticas, especialmente con la cambiaria y monetaria. La política fiscal y el sendero de las tarifas de servicios públicos también jugarán un rol importante. La consistencia económica del acuerdo tiene condimentos de profecías autocumplidas y de la capacidad de las autoridades de controlar los principales resortes macroeconómicos. El sostenimiento del acuerdo traerá tensiones respecto al manejo de la propia dinámica, en especial respecto a la velocidad que toman las variables y su influencia por parte de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Con esto nos referimos a la evolución del gasto, los subsidios, los impuestos, la tasa de interés y el tipo de cambio. Creemos que en la actual coyuntura son horizontes difíciles de planificar a largo plazo, pero entendemos que la renegociación de la deuda será muy importante para obtener grados de libertad por parte del Estado y, en caso de ser exitosa, mejorará las posibilidades del manejo de estas tensiones.
Por último, creemos que, para apuntalar la viabilidad política y económica, habría que agregar otro aspecto. Sería conveniente que los acuerdos emanen en una nueva institucionalidad, a fin de flexibilizar las eventuales rigideces que puedan derivarse del acuerdo, favorezcan la solución de posibles tensiones y hagan de la política de diálogo social una política de largo plazo.
En síntesis, creemos que el armado de un acuerdo económico y social es una buena noticia en la actual coyuntura caracterizada por una alta inflación y una larga e intensa contracción de la actividad económica. Para su éxito planteamos una serie de condiciones deseables para su sostenimiento en el tiempo. Dentro de ellas encontramos: el liderazgo del Estado en el establecimiento de nuevas reglas, la consistencia de planes entre los distintos actores, la credibilidad mediante el planteo de metas poco exigentes, la coordinación de políticas y la administración de tensiones y el planteamiento de una nueva institucionalidad para otorgar flexibilidad a eventuales rigideces que puedan aparecer en el camino.
(*) Licenciado en Economía (UBA) y Profesor Adjunto de la Macroeconomía Argentina y Latinoamericana (UNGS)
(**) Licenciado en Economía (UBA) y Profesor Adjunto de Teoría de las Remuneraciones (UNLaM)
