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Priorizar la primera infancia

Desafíos de la política social

06 enero de 2014

(Columna de Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social de CIPPEC -Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento- y Carolina Aulicino, analista del Programa de Protección Social de CIPPEC)

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo infantil, tanto en su aspecto físico y cognitivo como emocional. Desde el inicio de sus vidas, los niños y niñas tienen derecho a ser cuidados y a acceder a los servicios y prestaciones que permitan su desarrollo pleno. Para ello, es indispensable contar con políticas públicas integrales para la primera infancia que aborden las múltiples dimensiones establecidas en los derechos del niño (salud, nutrición, desarrollo cognitivo, bienestar emocional), que articulen un verdadero sistema de cuidados y desarrollo infantil. Por otro lado, es indispensable que estas políticas cumplan con estándares de calidad que aseguren un acceso igualitario a los derechos y que tomen en cuenta las diferencias contextuales (culturales, sociales, institucionales y políticas) sin, por ello, generar brechas inequitativas.

La Argentina logró en los últimos años avances importantes. En primer lugar, la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes creó, en 2005, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que los reconoce como sujetos de derecho y, para ello, impulsa un Plan Nacional de Acción como una política interministerial que busca evitar la fragmentación. En segundo término, la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo mejoró los ingresos de las familias con hijos e hijas menores de 18 años y permitió extender a estos niños y niñas un derecho antes reconocido exclusivamente a los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras formales. Además es importante señalar los esfuerzos sectoriales de los ministerios de Educación (con el Plan Nacional para la Educación Inicial, que busca extender y mejorar la educación inicial en todo el país) y Salud (con el Programa Materno Infantil y el Programa Sumar, que buscan, entre otras cuestiones, mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud para las mujeres embarazadas y los niños menores de 6 años).

Estos desafíos se extienden más allá del ámbito nacional e involucran a los niveles subnacionales de gobierno. También vale mencionar algunos aspectos positivos del Plan Primeros Años, que establece un convenio entre los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación de la Nación para aunar recursos y desarrollar acciones integrales para acompañar y fortalecer a las familias en la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años.

Sin embargo, quedan importantes deudas pendientes asociadas, en parte, a la fragmentación de las intervenciones (más aún en el federalismo realmente existente) y a la falta de calidad de muchos servicios. En particular, se destaca la baja cobertura de las licencias por maternidad, paternidad y familiares ?que sólo alcanzan a los trabajadores asalariados formales que representan el 50% de la PEA? y su inequidad en términos de género, que reproduce el rol tradicional de las mujeres como cuidadoras. Lo mismo puede decirse del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo (aún sin reglamentación), que establece la obligatoriedad de las empresas con más de 50 trabajadoras de contar con servicios de cuidado en el lugar de trabajo.

En este contexto, las familias argentinas enfrentan el inicio de la reproducción y los primeros años de vida sin mayores apoyos del Estado en materia de cuidados, transferencias de ingresos o licencias. Así, avanzar en políticas integrales de primera infancia constituye un reto estratégico que es necesario solucionar. En especial, si se tiene en cuenta que, a pesar del crecimiento económico y la mejora en los indicadores sociales que la Argentina experimentó en la última década, el fenómeno de la pobreza sigue teniendo un rostro infantil: según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 30% de los niños y niñas de entre 0 y 4 años es pobre.

Este fenómeno, que Cecilia Rossel denomina “desbalances etarios del bienestar”, es un desafío que enfrenta toda nuestra región y que demanda abordajes integrales que tomen en cuenta la complejidad y los retos de coordinación que supone esta problemática. Esto es particularmente importante en un país federal, que tiene descentralizados sus servicios de salud y educación y enfrenta importantes brechas en el acceso a derechos según la ubicación geográfica de cada ciudadano. La persistencia de este fenómeno de infantilización de la pobreza marca la necesidad de consolidar políticas integrales en materia de infancia, que incluyan servicios e intervenciones de calidad y que presten especial atención a la importancia de la inversión en desarrollo infantil temprano.

Invertir en políticas de primera infancia es la mejor decisión que un país puede tomar. Tal como señala UNICEF, por cada dólar invertido en políticas de desarrollo infantil temprano de calidad existe un retorno de hasta 17 dólares. Además, estas políticas mejoran la inserción de las mujeres en el mercado laboral formal, y contribuyen a romper el círculo intergeneracional de la pobreza. La atención de la primera infancia es una de las principales políticas que permite a los niños acceder a su derecho a ser cuidados y desarrollarse en un entorno adecuado. Al mismo tiempo, promueven la equidad social y la productividad económica.

Por eso, es fundamental priorizar el desarrollo de políticas integrales de primera infancia y construir una coalición amplia que permita avanzar hacia un objetivo común: que nuestros niños y niñas puedan alcanzar una infancia más plena.

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