Por Carla Pitiot Diputada nacional y dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC)
Una vez más un organismo de control se vuelve noticia por el escándalo: la Oficina Anticorrupción (OA) fue condenada por la Justicia a entregar toda la información y documentación que desde hace un año le reclama la Auditoría General de la Nación (AGN). En otras palabras, el organismo que debería ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas es intimado a compartir información ¡con otro organismo del Estado encargado del control!
Pero en algún punto este suceso no alcanza a sorprendernos. Es síntoma de problemas estructurales que afectan la institucionalidad argentina. La OA carece absolutamente de independencia funcional y autarquía financiera, y esto no puede ignorarse al momento de evaluar el nivel ético que se cierne en torno al funcionamiento de este o cualquier otro órgano de control que genuinamente se precie como tal. Un órgano dependiente es un órgano condicionado y, por ende, ineficaz, incapaz de cumplir con la misión para la que fue creada.
Al respecto, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, sostuvo: “La OA, para ser eficaz en su tarea de control, debe ser independiente al Gobierno que tiene que controlar. Eso hace tanto al perfil institucional como a la persona que está al frente de la Organización. Una Oficina que depende de un ministro, que depende del jefe de Gabinete, que depende del Presidente de la Nación, no puede controlar a los funcionarios”.
En la misma línea se pronunció el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) cuando presentó en la Cámara de Diputados un informe sobre el proceso de incorporación de Argentina a la OCDE e invitó a “continuar fortaleciendo el régimen anticorrupción” advirtiendo que la Oficina Anticorrupción “debe tener autonomía e independencia financiera”.
Resulta confuso hablar de transparencia o de lucha contra la corrupción, si el Organismo encargado de prevenirla, investigarla y combatirla es abierta y deliberadamente dependiente de uno de los tres poderes del Estado, y ciñe todo su circuito de acción a este mismo Poder. Esta decisión de la Justicia tiene que funcionar como llamado de atención. Necesitamos avanzar en una reforma estructural de este organismo.
Como trabajadora y representante de trabajadores y trabajadoras del control y en mi rol de diputada nacional repetiré hasta el cansancio lo que considero mi bandera: si el Estado no cuenta con un sistema de control independiente, transparente, y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual.
