(Columna de Silvana Melitsko, economista y asesora de la Legislatura CABA)
Afines de 2014 el Gobierno anunció una serie de iniciativas en materia de legislación que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. El proyecto, aún en vías de elaboración, contempla un piso más alto para las indemnizaciones, incrementos en las licencias por paternidad, y la participación de los trabajadores en ganancias.
En esta columna se sostiene que las propuestas deberían formar parte de una reforma integral más ambiciosa en materia laboral, que tenga como ejes fundamentales la creación de empleos de calidad y la reducción de la informalidad, y se inserte en un programa económico que promueva el crecimiento y el desarrollo productivo. Si la reforma se limita a las iniciativas mencionadas y el eje está en imponer a las empresas mayores exigencias en materia laboral, el resultado será menos trabajo o mayor informalidad, lo que va en dirección contraria a los objetivos de justicia social que persigue la política. Para mitigar las inequidades del mercado laboral el mayor desafío no es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que tienen garantizado un piso importante de derechos sino extenderlos a aquellos que no tienen ninguno.
La situación actual
La creación de empleos se ha convertido en un punto débil del modelo económico, a pesar que uno de los mayores logros del ciclo político iniciado en 2003 fue la recuperación de puestos de trabajo perdidos con la crisis de 2001 durante la década anterior. Pero el proceso de recomposición ocurrió casi íntegramente en la primera mitad del ciclo, y en este momento hay signos de reversión. Las estadísticas del Indec muestran que desde fines de 2008 la tasa de empleo se mantiene estable, y entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo período de 2014 cayó de 42,9% a 41,3%. Esto significa una pérdida de poco más de 300.000 puestos de trabajo en los aglomerados urbanos referenciados por la Encuesta Permanente de Hogares el último año.
La contracción reciente puede adjudicarse a la caída en el nivel de actividad, pero se enmarca en un proceso de más larga data vinculado a la pérdida de dinamismo del sector privado como generador de puestos de trabajo asalariados. Desde fines de 2008 el desempleo de adultos entre 25 y 60 años se mantuvo relativamente estable, pero aumentó la proporción de empleados públicos, de población inactiva (que no trabaja ni busca trabajo) y de cuentapropistas, todo esto a expensas de los asalariados privados. Esta dinámica claramente no es sostenible en el mediano plazo, dado que el sector público no puede absorber de manera creciente a la población que se incorpora al mercado de trabajo, y una mayor tasa de inactividad impacta negativamente sobre el producto y sobre el financiamiento de la seguridad social.
Por otro lado se calcula que uno de cada tres trabajadores asalariados son informales (es decir, no realizan aportes a la seguridad social y su protección laboral es precaria), y si sumamos a los cuentapropistas que no realizan aportes la incidencia de la informalidad alcanza al 43% de la población ocupada. El alto peso del sector informal plantea un dilema de difícil resolución, dado que los establecimientos que emplean en mayor medida trabajadores no registrados tienen por lo general baja productividad y no están en condiciones de afrontar las elevadas cargas laborales que recaen sobre el sector formal. La informalidad refleja en alguna medida debilidades de la estructura productiva argentina que exceden el ámbito laboral.
Las opciones de política
Sin lugar a dudas las políticas más efectivas para promover el trabajo de calidad son aquellas que favorecen la inversión y expansión de sectores dinámicos y competitivos de la economía con potencial de generación de empleos. Una parte del problema laboral se resuelve, entonces, revirtiendo las medidas de política económica que desalentaron inversiones en sectores como la agroindustria, la energía y la minería, y adoptando políticas de desarrollo productivo complementarias que faciliten la extensión de esas cadenas.
En el plano estrictamente laboral, deberían considerarse alternativas de reducción de las cargas laborales para empleos con salarios bajos y establecimientos pequeños donde se concentra la mayor parte del empleo precario. Las estrategias específicas de implementación deben tener en consideración la viabilidad económica de esas actividades bajo esquemas impositivos alternativos. Reconociendo además que el monitoreo de unidades pequeñas y de trabajadores independientes es difícil de implementar, hay que buscar mecanismos que promuevan su cumplimiento espontáneo. Para ello se debe apuntar a un sistema previsional que tenga en consideración los aportes efectivamente realizados por quienes acceden a jubilaciones y pensiones en el marco de moratorias, de manera tal que esté en su propio interés el cumplimiento de la normativa.
Un párrafo aparte merece la discusión sobre licencias para el cuidado de los hijos. La conciliación entre trabajo y familia y las consideraciones de equidad de género deberían formar parte de una agenda más amplia, que contemple también la disponibilidad de servicios de cuidado para facilitar la inserción laboral de las mujeres y la regulación de modalidades de contratación flexibles como el teletrabajo.
La perspectiva laboral en Argentina está en una situación delicada que exige repensar el marco jurídico y las políticas de empleo. Los lineamientos de la reforma que se dieron a conocer hasta el momento no están orientados hacia el objetivo de hacer efectivo el derecho a un trabajo de calidad a toda la población. Para ello se requiere una mirada integral e innovadora centrada más en los nuevos desafíos que en los viejos reclamos.
