Las diversas etapas de la Historia Argentina donde hubo "un alto desarrollo de la producción agrícola" coincidieron con sistemas económicos donde se "priorizó la libertad económica y mercados abiertos", aseguró la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras realizar un relevamiento de la producción de granos desde 1900 a 2020.
El timing de la publicación no es inocente. A poco de iniciarse un nuevo Gobierno, que elevaría los Derechos de Exportación (DeX), la entidad salió a plantar bandera y criticar, a su manera, la posible decisión. Además de las retenciones, otras medidas nocivas son la cupificación de la oferta exportable, monopolización del comercio de granos y precios máximos y el control de cambios.
Asimismo, la SRA sostuvo que "en el largo plazo el crecimiento de la economía argentina está notablemente ligado al crecimiento de la producción agrícola", ya que durante los 120 años analizados la producción de granos y oleaginosas tuvo un crecimiento promedio anual de 2,9% mientras que la tasa de incremento del PIB fue de 3%.
El informe dividió las políticas económicas en once etapas: 1900-1930; 1930-1944; 1944-1958; 1958-1964; 1964-1971; 1971-1976; 1976-1982; 1982-1991; 1991-2011; 2011-2014 y 2014-2019.
Según el trabajo, al que accedió El Economista, hay cinco períodos, que suman 65 años, donde la tasa de crecimiento de la producción fue mayor que la de largo plazo de la producción de cereales y oleaginosas, con la influencia de la apertura de la economía, unificación cambiaria y "limitada discriminación tributaria", entre otros puntos.
"Esta combinación de factores ocurrió entre 1900 y 1930, donde el sector creció 30 años a una tasa de 4%, entre 1958 y 1964 cuando la unificación cambiaria, la eliminación del monopolio del comercio y el impulso de la tecnificación contribuyeron con ese crecimiento. Lo mismo ocurrió entre 1976 y 1982 cuando el sector duplicó la tasa de crecimiento de largo plazo; entre 1991 y 2011, el período más largo de crecimiento alto, producto principalmente de la liberalización de los mercados, un régimen cambiario con un solo tipo de cambio y la eliminación de las retenciones desde 1991 hasta 2002", indica el informe, que luego agrega: "El mismo comportamiento se observó entre 2014 y 2019, producto de los cambios de reglas que el Gobierno iniciado en diciembre de 2015 estableció para el sector, con la eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), la eliminación de los controles de precios y la baja de retenciones, que en agosto de 2018 fueron reestablecidas".
Por otra parte, hay seis períodos donde el ritmo de crecimiento de la producción estuvo por debajo de la tasa de largo plazo de la producción de cereales y oleaginosas, algo que se asoció a restricciones, más retenciones y otras intervenciones. Eso sucedió entre 1944 y 1958; entre 1971 y 1976; entre 1982 y 1991 y, también, entre 2011 y 2014.
¿Qué vendrá desde 2020? El ánimo en el campo no es el mejor. El impacto, si se prosigue el camino equivocado que la SRA pondera equivocado, sin embargo, se sentiría recién en 2021. Para 2020, la cosecha tendrá un buen volumen: la semana pasada, desde el sector anticiparon que podría rondar las 124 millones de toneladas.
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Las políticas públicas que más han afectado a la actividad agrícola, alterando las decisiones de producción y modificando los incentivos para producir, se pueden resumir en cuatro, dice la SRA.
Retenciones. El productor de cereales y oleaginosas es un tomador de precios internacionales. Por lo tanto, las retenciones afectan el precio que recibe el productor solo en el país donde se aplican, disociándolo de su precio internacional, lo que genera una caída de la capacidad de pago para la adquisición de tecnología respecto de lo que les ocurre a otros productores de otros países competidores en el mercado de cereales y oleaginosas. De esa manera, afecta la posición relativa de Argentina y por ende de su nivel de producción local.
Control de cambios. La presencia de un tipo de cambio distinto al de mercado para el cálculo del precio que recibe el productor de un sector particular funciona en la práctica como una retención sobre el precio que recibe el productor y las consecuencias económicas son similares a las de las retenciones.
Monopolización del comercio de granos y precios máximos. La ausencia de competencia en los mercados genera una pérdida de la señal de precios que se utilizan para realizar el cálculo económico de la actividad y decidir las inversiones. Si al mismo tiempo se establecen precios máximos, esto implica que se genera una pérdida de ingresos para el vendedor, porque si se establece un precio máximo es porque el precio real de mercado se encuentra por encima del precio fijado políticamente; por tanto, las consecuencias también son similares a las detalladas en el caso de las retenciones.
Cupificación de la oferta exportable. Esto genera una fuerte distorsión en los precios de los productos afectados por este cupo y una transferencia del riesgo para todas las cantidades vendidas, producto del descuento que el comprador realiza por asumir el riesgo de no poder exportarlo. Entre 2008 y 2014 en algunos casos este descuento de precio al productor llegó a ser similar al nivel de retenciones que se le aplicaba en el caso del trigo y el maíz, con lo cual su efecto resultó en una alícuota de retención efectiva del dobe de la que se les aplicaba. Este descuento también tiene las mismas consecuencias explicadas para el caso de las retenciones.
