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Córdoba, una provincia bajo agua: ¿hasta cuándo?

Resolver esto exige una reacción inmediata de las autoridades cordobesas para liberar los fondos del Banco Mundial y coordinar acciones con sus pares de Santa Fe para tornar más operativos los cursos de acción relacionados con la administración de canales aliviadores.

16-08-2016
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por Héctor Rubini (*)

Gran parte del este de la provincia de Córdoba se encuentra todavía bajo agua, y la insuficiente respuesta de las autoridades tanto nacionales como provinciales está colmando la paciencia de la población de esa región.

Como observamos hace dos meses, las infrecuentes lluvias de los últimos tres años por el fenómeno de “El Niño” no pudieron ser absorbidas y evaporadas en miles de hectáreas donde se optó por el cultivo de soja casi sin rotación de cultivos, y destruyendo de manera masiva árboles y gramíneas de todo tipo. Sin pendiente para la salida de una masa anormal de agua de lluvia, parte de ese caudal filtró hacia las napas subterráneas provocando una rápida suba hacia la superficie, y el resto que no se evaporó ni se filtró se expandió en todas direcciones.

Las lluvias de enero a mayo completaron este “ajuste” terrorífico con nuevas lagunas y surgentes que expandieron el área inundada en varios departamentos del este cordobés. Urgen obras de canalización hacia ríos que son ciertamente costosas, pero imprescindibles para liberar de aguas a miles de hectáreas que hasta 2012-2013 eran productivas.

Luego de más de tres años, este problema avanzó a más velocidad que lo previsto por las autoridades provinciales y de varios municipios. Los espejos de agua no sólo crecen sino que empiezan a conectarse a través de nuevos arroyos y ríos que emergen gracias a la suba de las napas de agua. Localidades como Cavanagh, Guatimozín, Isla Verde, Canals, Monte Maíz o Corral de Bustos enfrentan la dura realidad de hundimientos de pozos ciegos o, incluso, veredas y parte de edificios. En varias de ellas, desde febrero pasado observan que donde el agua subterránea estaba a 10 metros de profundidad cinco o diez años atrás, hoy está a 50 centímetros o menos.

Como observamos en una nota dos meses atrás sobre el monocultivo de soja, era necesaria una acción rápida para atacar este problema. Luego de visitar la zona, el que escribe esta nota comprobó in situ que el progreso en la materia es mínimo, y los temores de habitantes de áreas urbanas y rurales van en aumento: riesgo de circular en rutas o caminos de tierra que atraviesan lagunas de más de tres metros de profundidad ?varias personas han fallecido este año en diversos accidentes?, imposibilidad de sacar la cosecha de los campos y comercializarla, inviabilidad de explotaciones ganaderas y tamberas, derrumbe probable de viviendas o locales comerciales, devaluación de las propiedades rurales y urbanas, riesgo de deterioro financiero imposible de “resolver” con la opción de vender todos los bienes y mudarse a otra provincia, y la lista sigue. En no pocos casos, las respuestas de funcionarios provinciales y municipales se perciben como insuficientes, cuando no inexistentes.

Desde fines de julio, productores de diversos municipios optaron por manifestarse en rutas cercanas a Isla Verde, Corral de Bustos, Cavanagh y Arias, reflejadas por canales de televisión de la ciudad de Córdoba. A su vez, otro grupo de mujeres autoconvocadas se entrevistó la semana pasada en Capital Federal con funcionarios nacionales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y de la Dirección Nacional de Vialidad. En las mismas pudieron comprobar que el Gobierno Nacional logró meses atrás que el Banco Mundial (BM) apruebe un préstamo de $3.000 millones para el inicio de obras en el sudeste cordobés, pero el desembolso efectivo exige la presentación de la documentación completa de los proyectos que se comprometió a entregar el Gobierno de la provincia de Córdoba. Luego de varios meses, los fondos siguen sin desembolsarse aparentemente por la demora de los funcionarios cordobeses en presentar de manera completa la documentación de los proyectos de obras. Mientras tanto, el problema sigue sin resolverse, y la desesperación y desconfianza hacia los funcionarios provinciales va in crescendo.

El Gobierno provincial no desatendió el problema, pero en las áreas afectadas la disconformidad no desaparece. En diciembre pasado se creó un fondo permanente de $600 millones para atención de zonas de desastre y, un par de semanas atrás, el gobierno de Juan Schiaretti emitió tres decretos por los que se aplicarían esos fondos a obras en esas áreas, pero de inicio hasta ahora incierto. La excepción es un terraplén en Cavanagh, y algunas obras menores de canalización en otras localidades. Obras necesarias y bien venidas, pero insuficientes, y quizá tardías. Algunos medios de Córdoba han anticipado la aplicación de otros $800 millones, pero no es claro en qué tipo de obras. Igualmente, no totaliza una gran suma: algo menos de U$S 100 millones, apenas el valor de mercado de un equipo de fútbol de Primera División. Algo es peor es nada, pero frente a la gravedad de este problema, su efecto impacto esperable es menos que mínimo.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el problema se sigue agravando. En los últimos meses el diario La Nación ha mostrado las evaluaciones de imágenes del satélite Landsat 8 realizadas por el productor Pablo Ginestet de Confederación Rurales Argentinas (CRA). En abril de este año mostraba que en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, norte de Buenos Aires y La Pampa y la provincia de Santa Fe hasta el paralelo 29.5° S había 7.122.018 hectáreas anegadas. En la última observación de este mes se ve (sólo en la provincia de Córdoba) que en al menos 500.000 hectáreas no se pudo cosechar el maíz y soja sembrados, y hay otras 400.000 hectáreas en situación más que crítica. Esto indica que en no menos del 11% de las tierras cultivables de Córdoba es imposible la siembra de granos gruesos en la próxima campaña. Asumiendo que se sembrara soja, significa la pérdida futura de ingresos directos de no menos de US$ 1.500 millones para esa provincia, además de la inevitable pérdida de ingresos tributarios, baja en la demanda de maquinaria, insumos, y mano de obra local y de provincias limítrofes, además de los daños de esas masas de agua que no dejan de avanzar.

Resolver esto exige, sí o sí, una reacción inmediata de las autoridades cordobesas para liberar esos fondos del BM, y coordinar acciones con sus pares de Santa Fe para tornar más operativos los cursos de acción relacionados con la administración de canales aliviadores, y en particular de la cuenca del Carcarañá.

Esperemos que reaccionen con celeridad y eficiencia. Mientras más se demoren las obras para atacar este problema, más difícil y costoso será recuperar económicamente las tierras hoy bajo agua. Y más difícil será también la aplicación de una política agroindustrial diferente a la de la década pasada, y no repetir el error de no prestar atención a los incentivos a un monocultivo nada sustentable. Caso contrario, tanto Córdoba como otras provincias terminarán quedando sin tierra apta ni para soja, ni para ninguna otra actividad agroexportadora.

(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.

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