La ONG británica Tax Justice Network (TJN), que cree que los sistemas de tributación progresivos son claves en la igualdad y el desarrollo, destacó que “Argentina sigue avanzando para estar a la vanguardia de la transparencia” en alusión a varias normativas implementadas por la AFIP en los últimos meses.
Entre las resoluciones destacadas menciona la creación un registro de los verdaderos dueños de las empresas y un mapa sobre las planificaciones fiscales de las grandes corporaciones.
Según los expertos británicos, las normativas implementadas “ayudan a poner a Argentina un paso adelante en lo que respecta a la disponibilidad de información uniéndose a muchos países de la Unión Europea”.
Los miembros de TJN reclaman que la información que recolecte la autoridad tributaria sobre los verdaderos dueños de las empresas (los llamados “beneficiarios finales”) sea de acceso público.
Asimismo, sugieren mejorar la coordinación entre la AFIP y los distintos registros públicos provinciales para potenciar el uso de los datos para evitar maniobras abusivas.
“Argentina como el resto del mundo deberán seguir enfrentándose contra el daño infligido por el secreto profesional”, advirtió TJN al cuestionar algunos de los argumentos utilizados por los detractores de las medidas. “Aunque la confidencialidad tiene sentido en algunos casos, no debe ser utilizada por las multinacionales más poderosas y las personas de alto poder adquisitivo para seguir participando en actividades abusivas que erosionan los ingresos estatales, perjudicando a la gran mayoría de personas que no forman parte del 0,1%”, dijeron desde la ONG británica.
La planificación fiscal
El Régimen de Información sobre Planificaciones Fiscales creado en octubre de 2020 otorgó a la AFIP una importante herramienta para abordar potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal. Los regímenes informativos como el que implementó la AFIP constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo ya que permiten verificar que los tributos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles. Al ampliar el nivel de conocimiento de las estructuras y operaciones utilizadas por los contribuyentes, la normativa permite identificar áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario.
“Con esta norma, Argentina se suma a los 27 miembros de la Unión Europea, Canadá, México, Sudáfrica y Estados Unidos que ya exigen a los contribuyentes o asesores financieros que informen sus esquemas tributarios”, expresaron desde TJN al referirse a los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.
“El abuso fiscal por parte de multinacionales e individuos sigue siendo un problema importante que afecta los ingresos estatales y la aplicación de los derechos humanos básicos”, sostienen los expertos de TJN. En su último informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal en 2020, los expertos en el mundo offshore y los paraísos fiscales estiman que "los países están perdiendo más de US$ 427.000 millones en impuestos cada año debido al abuso de impuestos societarios internacionales y la evasión impositiva de individuos privados". En el caso de Argentina, según TJN, la AFIP pierde más de 2% de su recaudación cada año: son casi US$ 3.000 millones.
Desde TJN enumeran distintas razones para “apoyar la imposición de la notificación obligatoria de los esquemas de evasión fiscal”. En primer lugar, indican los expertos británicos, “ayuda a las administraciones tributarias a identificar áreas grises en la legislación tributaria que deben aclararse o mejoras legislativas, orientación regulatoria o investigación adicional”.
En segundo lugar, agregan, “proporciona a la administración tributaria información temprana sobre los esquemas de evasión fiscal lo que le permite evaluar los riesgos que plantean los esquemas antes de realizar la evaluación tributaria y enfocar las auditorías de manera más eficiente”.
Y, en tercer lugar, consideran que “es probable que exigir la declaración obligatoria de los esquemas tributarios disuada a los contribuyentes de utilizar estos esquemas porque saben que hay mayores posibilidades de que los archivos sean identificados, expuestos y evaluados”.
Asismismo sostienen que “los informes obligatorios pueden reducir la oferta de estos esquemas al alterar la economía de la evasión fiscal de sus proveedores porque a) estarán más expuestos a reclamos por promover esquemas tributarios agresivos, aumentando el riesgo de dañar su reputación, y b) es probable que se reduzcan sus ganancias y la tasa de rendimiento de la promoción de estos esquemas porque se cierran más rápidamente”.
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