Los integrantes de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron hoy que el proyecto para establecer el Aporte Solidario a las grandes fortunas que se apresta a tratar la Cámara de Diputados "terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo".
Tras la reunión de la conducción de la UIA, los industriales analizaron esta tarde el impacto sobre el sector productivo del proyecto de ley de “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, comunicó esta tarde la entidad fabril.
En ese marco, advirtieron que la iniciativa con tratamiento parlamentario "terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria".
"La redacción actual del proyecto de ley no diferencia entre la composición de los patrimonios personales formados por capital productivo -empresas, máquinas e inversión tecnológica en el país- de la proporción compuesta por activos financieros o inmuebles", sostuvo la entidad industrial. Por esa razón, se señaló la necesidad de "excluir de la base de imposición a los activos productivos, permitiendo capitalizarlos para inversiones productivas y nuevos empleos".
Otras de las propuestas planteadas en el seno de la UIA fue "incluir las exenciones de títulos públicos y de obligaciones negociables de empresas argentinas, la incorporación de un mínimo no imponible y la corrección de las alícuotas para evitar tratamientos desiguales".
La UIA señaló que estos ejes, así como los "efectos negativos" que el proyecto podría tener sobre el sector formal de la economía, fueron presentados a los diferentes bloques parlamentarios.
El proyecto
El Aporte Extraordinario y Solidario que se prevé aplicar a las 9.300 mayores fortunas del país, cuenta con dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y fija que el 20% de la recaudación se destinará a la compra y elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria.
También prevé que el 20% del total de la recaudación se destinará a las pymes, el 15% a programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y el 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de la empresa Ieasa, ex Enarsa.
El proyecto prevé el cobro por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre $300 y $400 millones, al 2,50% entre $400 y $600 millones y al 2,75% entre $600 a $800 millones. Asimismo, la tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $800 y $1.500 millones, al 3,25% para fortunas de $1.500 millones a $3.000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería. Pero, si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país.
