La Dirección General de Aduanas (DGA) comenzó a establecer valores referenciales para las exportaciones. La decisión forma parte de la estrategia del organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para impulsar la fiscalización y el combate a las maniobras abusivas en materia de subfacturación del comercio exterior, maniobras clásicas en contextos de cepo y brecha cambiaria.
La medida de la DGA, que encabeza Silvia Traverso, “representa un giro de 180 grados en materia de política aduanera”. Así lo explican fuentes oficiales ante El Economista. “Durante la gestión de Cambiemos se eliminaron todos los valores referenciales, esto es, los precios mínimos y de referencia fijados por la Aduana para las exportaciones. En diciembre de 2015, había más de 1.100 productos específicos con valores referenciales, lo que abarcaba a casi 900 posiciones arancelarias. El Gobierno anterior llevó adelante una paulatina desarticulación de la herramienta hasta que, en noviembre de 2017, una resolución de la AFIP derogó la normativa que permitía establecer valores referenciales”, dicen sobre la herencia.
Los valores referenciales son una herramienta que permite identificar operaciones de subfacturación de exportaciones, una maniobra abusiva que apunta a minimizar la carga tributaria. Asimismo, en vigencia de un esquema de “administración del mercados de cambio”, como dicen las fuentes oficiales, la subfacturación del comercio exterior funciona como un mecanismo para retacear el ingreso de divisas al país.
A partir del análisis de distintos complejos productivos e industrias, la Aduana comenzará a establecer en las próximas semanas nuevos valores de referencia. La exportación de cebolla es el primer rubro alcanzado a través de la Resolución General 4764/2020 de la AFIP, y se publicará el lunes.
Se trata de una actividad donde las autoridades aduaneras identificaron operaciones a precios tres veces por debajo del promedio del mercado. El nuevo valor referencial para la exportación de cebolla se fijó en US$ 0,19 por kilo. De esta forma, toda exportación declarada por debajo de ese precio puede activar una investigación de la DGA.
