La súbita parálisis de la actividad por las medidas de aislamiento social está evidenciando su impacto sobre las empresas del país, especialmente las pequeñas y medianas, las que se están viendo muy afectadas. En marzo, cuando la cuarentena abarcó sólo los últimos once días del mes, se sintió considerablemente el efecto del parate. Y se prevé que el impacto será mayor durante el mes en curso, en el que el confinamiento se mantendrá por mucho más tiempo, sumado a la acumulación y al arrastre negativo que viene del mes previo.
En ese contexto, las empresas en general se encuentran en una situación sumamente compleja y buscan preservarse ante la “nueva normal”: según los relevamientos del sector, la mayoría está completamente inactiva, por lo que su facturación es cero, mientras que debe hacerle frente a todas sus obligaciones. Una de ellas es el pago de salarios a los empleados, a los que no puede despedir por un decreto presidencial que lo prohíbe.
De esta manera, las compañías, sobre todo las pymes, se encuentran “entre la espada y la pared”: se les dificulta (o, en algunos casos, se les imposibilita) pagarles a sus empleados y tampoco pueden despedirlos. Y, en caso de hacerlo después de caducar el decreto que rige por sesenta días, se verán obligadas a indemnizar al empleado por el doble de lo correspondiente, ya que así lo dispone una norma impuesta por el Gobierno en diciembre tras su asunción, lo cual agrava más la situación y deja a las empresas con menos opciones.
En consecuencia, una de las posibles salidas que algunos sectores están empezando a considerar va por el lado de la reducción de los salarios. Hace pocos días, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) le pidió a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) una reducción del 50% en los sueldos de los empleados del sector autopartista. También pasó algo similar en el rubro metalúrgico: Acindar negoció con la UOM una baja de 35%, con suspensiones. Por su parte, Aluar acordó con la UOM pagarle el 70% de los salarios a aquellos empleados que no estén trabajando en este momento y a lo que les conservará el empleo.
En tanto, el sector automotor podría dirigirse hacia esa misma dirección. Ayer, el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, adelantó que en abril los salarios de los trabajadores del sector podrían tener una reducción del 10% neto, al percibir entre el 70% y 80% del sueldo bruto, lo cual deberán acordar en los próximos días.
“Los sueldos de marzo se arreglaron en su mayoría. Lo que tenemos que hacer esta semana es tratar de arreglar los sueldos de abril. Ya calculamos los sectores y vamos a tener que empezar a conversar”, indicó Pignanelli en una entrevista radial, en la que aseguró hasta el momento en el sector no ha habido despidos. Cuanto menos, en forma masiva.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, presentó ayer las medidas laborales implementadas por el Gobierno para evitar la retracción del nivel de actividad y aseguró que la pérdida de empleos entre marzo y abril “no es extraordinaria”.
Asimismo, admitió que no pueden proyectar sobre la pérdida de trabajo que se generará a raíz de la pandemia. “Estamos tratando de dictar todas estas medidas para evitar que esa pérdida de empleo se provoque. Hoy el despido por causa de fuerza mayor está prohibido, por lo que si la desvinculación se hace por este motivo va a ser nula y sin efecto”, afirmó. De todas maneras, el mayor riesgo está en las pymes cuya subsistencia está en riesgo y que se vean obligadas a cerrar sus puertas frente a lo cual el decreto que impide los despidos no tienen ningún efecto.
Crédito a las pymes
Según informó ayer el BCRA, el conjunto de entidades financieras tiene créditos aprobados por $ 66.182 millones, de los cuales se desembolsaron casi $ 43.300 millones para las pymes. Estos préstamos pertenecen a las líneas de crédito que anunció el Gobierno tras el inicio de la cuarentena, cuya tasa de interés es del 24%.
En un comunicado, la entidad monetaria indicó además que el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) otorgó avales para que los bancos dispongan nuevos créditos por más de $ 89.000 millones. Asimismo, aseguró que la línea completa de financiamiento a las pymes es de al menos $ 220.000 millones.
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El bono de $ 10.000 tendrá el doble de beneficiarios previsto
El director ejecutivo del Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, anunció ayer que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 alcanzará "en una primera etapa" a más de 7,8 millones de beneficiarios. En principio, el Gobierno había estimado que este beneficiario iba a alcanzar a 3,6 millones de personas. Según el Gobierno, casi 12 millones de personas se registraron para percibir esta ayuda. Dentro de los beneficiarios, se encuentran 2,4 millones que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), quienes ingresaron de manera directa y comenzaron a recibir los $10.000 el sábado pasado. El IFE fue lanzado en los primeros días de abril por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, como una forma de paliar la falta de ingresos de amplios sectores que en general se desempeñan de manera informal, cuyas actividades se vieron afectadas por el aislamiento impuesto para prevenir la propagación del coronavirus en el país.
