El Gobierno levantó la bandera de paz con la Corte y comenzó a compensar a las provincias

24 de octubre, 2019

Corte Jubilaciones Ganancias

La disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia entró en un compás de calma que distendió los ánimos entre ambos sectores. Después de dos fallos consecutivos del Máximo Tribunal contra la administración de Mauricio Macri, el Ministerio de Hacienda informó a los jueces que comenzó a cumplir la medida cautelar que estableció que el Estado Nacional debe absorber los costos de los recortes en el IVA a los alimentos y en Ganancias sin afectar la coparticipación de 15 provincias gobernadas por la oposición.

 

La cartera que conduce Hernán Lacunza envió una carta a la Corte en la que informó que “el Estado Nacional ha puesto en marcha las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento de la medida cautelar en estas actuaciones” y que los importes correspondientes “serán transferidos a las provincias demandantes”. Los montos, según la carta –que fue presentada el martes pero trascendió mediáticamente ayer–, ya comenzaron a girarse.

 

En las últimas semanas, la Corte falló dos veces contra el Gobierno. En el primer dictamen decidió a favor de 15 gobernadores opositores que reclamaron contra la decisión del presidente Macri de quitar el IVA a ciertos alimentos y aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Tras ese fallo, en el que el tribunal ordenó que los cambios impositivos no afecten las arcas provinciales, el Gobierno pidió aclaraciones sobre el alcance de la decisión. Pero esa solicitud también fue rechazada por la Corte. En ambos fallos, funcionó en plenitud el trío conformado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, una mayoría que dictaminó en contra del Gobierno.

 

El de los impuestos coparticipables fue uno más de los tantos temas en los que la Corte y el Gobierno chocaron. El cálculo de los reajustes jubilatorios fue uno de los más trascendentes y, semanas atrás, se sumó otro fallo por el cual el Tribunal contradijo al Ministerio de Justicia en relación al monto que deben cobrar como indemnización los exiliados durante la última dictadura militar.

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