Donald Trump convirtió la OMC en un auténtico polvorín

30 de julio, 2019

Donald Trump

Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

Aunque el viernes 26 de julio Donald Trump suscribió y difundió un explosivo memorándum, posiblemente la palabra ultimátum se ajustaría más al tono del contenido y la aspereza bélica de su enfoque. Si excluimos los puntos razonables del diagnóstico, el planteo equivale a un claro desafío a muchos de los miembros de la OMC (tema sobre el que advertí tiempo atrás). El texto indica que, si en los próximos noventa días esa organización no adopta la reforma que propone el Gobierno estadounidense a las reglas sobre trato especial y diferenciado para los países en desarrollo (PED), hoy devenidos en países ricos, Estados Unidos dejará de conceder, unilateral y selectivamente, las ventajas que confieren las disposiciones del Sistema Multilateral de Comercio a los que deseen acceder con ese status o sean identificados como ilegítimos PED por la Oficina del Representante Comercial (el USTR). O sea, nada nuevo, ya que Washington nunca se caracterizó por pedir perdón ni permiso cuando tira esta clase de bombas.

 

También es habitual que las autoridades estadounidenses sólo obedezcan o categoricen las disciplinas internacionales que tiene el deber de aplicar según el equilibrio hepático del influyente o influyentes de turno. En el caso de la gestión de Trump, estamos hablando más bien de un supino ninguneo a los mecanismos de consulta y negociación exigibles en la OMC, lo que no implica disenso con muchos de sus diagnósticos. La Casa Blanca y sus equipos ejercen sus obligaciones hasta el momento en que decide cambiar de idea o de enfoque sin preocuparse por respetar los códigos del Sistema y del oficio. Esto acaba de ser visto, entre otros muchos casos, al lanzar las guerras comerciales iniciadas en 2018 contra una docena de países y regiones, medida que incluyó sectorialmente a Canadá y México, sus vecinos y estratégicos socios comerciales del nuevo NAFTA (USMCA o T-MEC) y otros diez países o regiones económicas.

 

Es cierto que la inquietud sobre trato especial y diferenciado arrastra cierto bagaje o mora en el tiempo, pero no mucho mayor que los otros temas sensibles que campean en la OMC, lo que no vale como excusa ni como precedente. Si bien es lógico que el Sistema funcione mucho mejor, últimamente es el gobierno de Estados Unidos que se convirtió en una sustantiva parte del problema que genera inactividad. Los aumentos generalizados de aranceles de importación y la penalización a exportaciones o a las actividades de grupos empresarios, en ciertos casos alegándose razones de seguridad nacional (a veces legítimas, otras con poderoso y evidente olor a proteccionismo), parecen haber adquirido vida propia y provocan una fuerte reducción de la actividad económica global, cosa que el Fondo Monetario y muchos de nosotros advertimos por escrito desde comienzos de 2016.

 

La otra pirueta explosiva de Trump y sus apóstoles que amenaza con paralizar seriamente la vida de la OMC, es el dramático bloqueo operativo al mecanismo de solución de diferencias, víctima deliberada del vaciamiento del Organo de Apelación, el que a mediados de diciembre dejaría de estar en condiciones legales de funcionar. Hace más de tres años que la Casa Blanca critica la versión actual del aludido sistema, en muchos casos por buenas razones, sin haber aportado, a pesar del fuerte clamor general sobre el tema, una propuesta de enmienda concreta, alternativa e integral. Y, por supuesto, sin privarse de criticar ni de ningunear las propuestas que trajeron, con la mejor buena voluntad del mundo, otros influyentes miembros de esa organización. Los enviados de la Casa Blanca sólo se obstinaron en objetar el reemplazo de los Miembros del Organo de Apelación cuyo mandato fue venciendo hasta dejar la oficina casi completamente vacía y, como se dijo, a punto de cesar sus operaciones.

 

La reunión del Consejo General de esa Organización efectuada el martes y miércoles pasado, fue un claro recordatorio de este loco tinglado.

 

Retomemos el memo. El actual ucase sobre el status de desarrollo librado por Trump es bastante más que un simple tuit o una rabieta casera. No se sabe con qué cálculo, o efectos legales, el aludido texto será publicado en el Federal Register (el Boletín Oficial de ese país). Tras conocido ese primer paso de lockout legal contra los PED’s ricos que tienen status de pobres, el titular de la Oficina Comercial, embajador Robert Lighthizer dijo, en un corto y notable comunicado del USTR, que cumplirá la instrucción de su jefe (¿desde cuándo la instrucción de un presidente debe ser opinada o confirmada oficialmente por uno de sus subordinados?) y que aplaudía el liderazgo del líder político de su gobierno. Uno siempre imaginó que los miembros del gabinete nacional deben asesorar y acatar a sus jefes, no elogiar sus decisiones. En fin, todos los días se aprende algo.

 

Lo cierto y válido es que si bien el ultimátum de Washington no resulta aceptable como procedimiento, su diagnóstico es bastante racional ya que, con el inefable estilo Trump, Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo a reiterar un pedido y la OMC obligada de tratar en forma responsable su viabilidad o inviabilidad de progreso. Washington sostiene que resulta perturbador que muchos de los países más ricos del mundo hayan ingresado a la OMC como países en desarrollo (PED), un status que por regla suele gestionar el país que desea acceder al Sistema Multilateral de Comercio, una modalidad que casi siempre permite recibir a perpetuidad el trato especial y diferenciado, un status que consiste en tener más flexibilidad, menores obligaciones contractuales y el derecho a cumplir los compromisos exigibles con una agenda de tiempo más prolongada.

 

Como es de suponer, aunque el obús de Trump apunta a varios países (muchos de ellos miembros del G20 y de la OCDE, como México, Corea del Sur y Turquía), el “destinatario real” es China, país al que el Memo le recuerda su actual perfil y poderío efectivo en varios párrafos. Aquí va mi primera crítica. Es cierto, Pekín eligió el status de PED, pero el consenso alcanzado por el Grupo de Accesión creado al efecto (del que forme parte de la mesa chica hasta mediados de 1998) tenía, a la hora de aprobar la accesión de China en 2001, la opción de no dar consenso. Nada le impedía entonces objetar el Protocolo y los demás documentos de la accesión, redactados con un perfil singular del status de PED, ya que China no recibe exactamente el trato más favorable de esa condición legal, sino una especie de categoría especial e intermedia. En otras palabras, estimado Donald, calavera no chilla. Si existe queja, ésta debería comenzar por presentarse, primero, en Washington. Que uno sepa, al acceder China a la OMC había otro presidente republicano en el poder y éste se llamaba George Bush Jr.

 

El memo del Jefe de la Casa Blanca tiene cuatro páginas. Los diez casos de países ricos que gozan del status de PED y se mencionan en el texto son, con base en el PBI per cápita y la paridad de poder de compra (PPP en su sigla inglesa) Brunei, Hong Kong, Kuwait, Macao, Qatar, Singapur y los Emiratos Arabes Unidos, a los que se agregan los tres anteriores. Extraña ver en tal lista la omisión de otros casos similares, pero su elaboración estuvo a cargo de los colaboradores de la Casa Blanca y ésta tiene sus hijos y entenados. Además, China, su litmus-test, figura en el texto pero no en las nóminas. Mi constante pregunta y propuesta sobre este conflicto, es la siguiente ¿Por qué no hacer una regla orientada a establecer el status de desarrollo sobre la base de medir la capacidad dinámica de competir de cada Miembro en lugar de montar el caso con relación al nivel presente de riqueza o pobreza, que es de lo que no se ocupa o no debería ocuparse la OMC? Usar el sentido común de vez en cuando no es pecado. También mencioné los probables efectos de la accesión de China y otros países en un paper que me pidió la Forham University para su International Law Journal (publicado a principios de 2000; el otro colaborador por el Hemisferio Occidental fue el ex canciller y ministro Defensa, embajador Celso Amorim). La universidad es controlada por los jesuitas y uno de sus mayores patrocinadores es el Wall Street Journal.

 

Como acciones correctivas, el memo de Trump propone varias cosas. La primera, es eliminar el criterio de autoelección para ser considerado PED en la OMC, algo que con toda seguridad va a ser recibido con bastante ruido. Si yo fuese gobierno, estudiaría muy seriamente el tema y empezaría por no hablar hasta saber donde nos conviene estar. Cuando se lea la lista completa de naciones involucradas se entenderá el porqué de esta sugerencia. La Casa Blanca propone librar una batalla con este objetivo apelando al respaldo de naciones con ideas similares. En mi opinión, Argentina puede respaldar la meta, pero no la modalidad del memo.

 

De no haber novedades, el Gobierno estadounidense habilita a la Oficina del Representante Comercial (USTR) para que no trate como PED a países que aspiren o ya posean esa categoría y, a juicio de esa Oficina, tal tratamiento resulte inapropiado. Cuando sea relevante, no se aprobará la membrecía de esa clase de países en la OCDE (me parece claro a quienes va dirigido el mensaje). Para adoptar estas decisiones sólo se le pide e instruye al USTR a fin de que evalúe cada una de estas decisiones en el contexto de las normas relevantes sobre Seguridad Nacional, se considere el nivel de inserción del país aspirante en el comercio mundial, su membrecía en los grupos clave de trabajo y decisión, así como otros indicadores que considere apropiados. También deberá publicar la lista de PED que gestionan beneficios o flexibilidades en las negociaciones de OMC y tengan características indebidas para gozar de dicho status. Curiosamente, los noventa días de plazo otorgados para todo esto pueden superponerse con los cuarenta días en los que la OMC está en receso veraniego. Lástima. ¿Quién lo hubiera pensado?.

 

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