La expresidenta Cristina Kirchner no quiere que el 26 de febrero sea la fecha en que deba sentarse ante un tribunal para ser juzgada por hechos de corrupción, como está previsto en la agenda judicial del año electoral. Su defensa pidió posponer el inicio del juicio oral y público por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez.
El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, hizo una presentación en tribunales el día viernes, que trascendió ayer. Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que integran los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, el letrado planteó que el juicio no empiece hasta tanto no se terminen las pericias dispuestas en la instrucción suplementaria.
Se trata de pericias que ordenó el tribunal encargado de juzgar a la exmandataria para determinar si existieron sobreprecios en algunas de las obras investigadas en primera instancia. Esas investigaciones previas a la elevación a juicio oral estuvieron a cargo del juez federal Julián Ercolini. Según consignó la agencia Télam, el TOF 2 consultará al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia para saber cuanto demorarán esas pericias. Además, correrá vista a las querellas y al fiscal del juicio, Diego Luciani.
El proceso judicial podría postergarse a partir del pedido de la defensa de la expresidenta. Los tiempos previstos, con el inicio del proceso dentro de 20 días, llevarían las audiencias hasta días cercanos a las elecciones generales de octubre En la causa, conocida como "de Vialidad", se esperan los testimonios de al menos 142 testigos, entre los que están Angelo Calcaterra (exdueño de Iecsa y primo de Macri) y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y arrepentido en el caso de los cuadernos, Carlos Wagner. Las audiencias están previstas para los días lunes y martes.
En el expediente Vialidad, a la expresidenta se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta. El objetivo de esa asociación ilícita, según la acusación, fue quedarse con fondos del Estado asignados a la obra pública en Santa Cruz, que fueron direccionados hacia empresas de Lázaro Báez. Los acusados en este juicio oral serán ella; Báez; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López, y otras quince personas.
En este proceso judicial que llevará a la exmandataria a un juicio oral como acusada por corrupción por primera vez, se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46 mil millones de pesos.
Cristina tiene otros frentes judiciales abiertos, ya en instancia de juicio oral, además de esta causa por direccionamiento de la obra pública cuyo inicio busca demorar. Uno es el expediente que investiga el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA (por el que ser generó la polémica entre la AMIA y la DAIA que derivó en la salida de Agustín Zbar de la mutual judía), otro es el caso Los Sauces, al que se suma el del dólar futuro.
