Ante la segunda etapa

29 de septiembre, 2017

Brotes verdes

 

Por Carlos Leyba

 

Volvimos. El Gobierno y, por qué no, toda la sociedad celebra el retorno al nivel de actividad económica de 2015. Esa es la última noticia de la economía.

 

El Gobierno lo celebra porque, después de tantos anuncios de brotes verdes dispersos y de segundos semestres frustrados, finalmente puede exhibir que ha logrado retornar al pico de actividad de la última etapa del Gobierno anterior. Y, por lo tanto, bien se puede decir que el Gobierno se encuentra en un nuevo punto de partida económico.

 

¿Cómo seguimos? Los que no simpatizan con el Gobierno, recordemos que en las PASO sumaron el 60% del electorado aunque entre ellos la diversidad de posiciones es extrema, más allá de las opiniones críticas no pueden evitar, aunque lo nieguen, sentir el retorno de una sensación más holgada además de las sensaciones que brinda esta última parte del viaje que es uno en ascenso después del descenso experimentado en la primera etapa del Gobierno PRO.

 

Decimos “sensación” porque el nivel de actividad que “sentimos” no es el del índice –cualquiera sea este– sino el del índice en relación, entre otras cosas, a la población. Y claramente somos más que en 2015 y el mismo nivel de actividad es, concretamente, menos por habitante. Y si le agregamos el largo período previo de descenso, la llegada a aquel punto de partida, claramente dista de ser un éxito, aunque es un volver.

 

Primera etapa de descenso y ahora la parte ascendente del viaje en forma de U hasta el pico anterior.

 

Un nuevo punto de partida que, paradójicamente en el mismo nivel desde donde partió este Gobierno, marca el comienzo de la segunda etapa económica. ¿Qué nos habrá de deparar?

 

Después del descenso de la primera etapa, el Gobierno anuncia un camino ascendente e ininterrumpido por los próximos 20 años. Promesa.

 

Esta segunda etapa comienza con una clara recuperación tanto del Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) como en el de Confianza del Consumidor (ICC), basados en encuestas ad hoc  de la Universidad T. Di Tella.

 

Y además el anuncio económico del Indec que comentamos ha venido acompañado de dos procesos judiciales de alto impacto en materia de corrupción. Julio de Vido sentado frente a un Tribunal Oral y  Juan “El Pata” Medina detenido junto a toda su familia.

 

Los procesos judiciales –que lo queremos creer independientes– han puesto sobre la mesa la eventual condena de conductas mafiosas en ex funcionarios y en dirigentes sindicales.

 

Aparecen entonces las concreciones. Después de muchos anuncios, la economía da señales de vitalidad y después de muchas denuncias la Justicia lleva al banquillo a personajes de peso.

 

Ambas cosas favorecen las probabilidades electorales de Cambiemos a nivel nacional y, en particular, en la provincia de Buenos Aires.

 

La segunda etapa, entonces, comienza con un Gobierno mejor parado en la temática de la economía y en la de la corrupción.

 

Los datos económicos mejoran y las causas dejan de ser denuncias y pasan a ser juicios.

 

Más allá…

 

Ahora bien que el EMAE haya retornado al más alto nivel anterior (2015) y que algunas causas judiciales alcancen a seres de carne y hueso, ¿implican acaso que, primero, la economía está creciendo sana y  por una vía estable y que, segundo, ha comenzado en el país un proceso de “mani pulite” ordenado, honesto y en procura de la moralización de la vida pública? Veamos.

 

Comencemos por lo segundo. La moralización de la vida pública es mucho más que el procesamiento a un dirigente sindical, dos o diez. Y que el procesamiento a funcionarios públicos, sea a dos o a diez.

 

Lo central es la venda en los ojos de la Justicia. Y esa venda es la que no sólo no permite elegir culpables o inocentes, sino la que asegura que los crímenes, delitos, pecados de mayor consecuencia social serán penados como una manera pedagógica de decir que la justicia es la administración de la verdad sin mirar a quién.

 

Es cierto que es la Justicia, los jueces, la responsable de esa tarea. Y es cierto que estos jueces no han sido designados a instancias de este Poder Ejecutivo.

 

Los designados son jueces que juraron en las administraciones anteriores. Y la lentitud, la celeridad en el otorgamiento de falta de mérito, no es producto de las propuestas de esta gestión sino de las anteriores.

 

Pero el Ejecutivo –respecto de los delitos o corruptelas asociadas a la Administración Pública o con involucramiento de los recursos públicos– tiene la posibilidad y la responsabilidad de analizar y transparentar la información de todos aquellos actos en los que exista la posibilidad de distracción de los recursos públicos.

 

En el país o en el exterior hay denuncias, investigaciones, dudas acerca de concesiones mineras, energéticas, de obras públicas en las que están involucrados funcionarios y también empresas nacionales o extranjeras y en las que, se sospecha, se han violado normas. Y en las que la violación de la norma podría estar asociada a intereses económicos non santos.

 

Un proceso de “mani pulite”, serio, ponderado, no escandaloso, es absolutamente necesario para un proceso de moralización de la vida pública. Necesario aunque insuficiente.

 

Pero lo necesario es el paso inevitable en la dirección correcta.

 

Hay demasiados casos bajo sospecha. La sociedad necesita una clarificación ponderada.

 

Todos los procesos de concesión o de otorgamientos de obra otorgados por las gestiones anteriores, y la actual, deberían ser auditados con ayuda, por ejemplo, de las universidades para poner en blanco y negro lo que ha sido hecho correctamente y lo que ha implicado perjuicios no accidentales para el patrimonio público.

 

Si realmente queremos construir ese escenario de moralización pública no puede limitarse el escrutinio a cuestiones de alto impacto mediático y político, sino que debe barrer sistemáticamente todas las decisiones públicas que nos han afectado patrimonialmente en el erario público o en el patrimonio natural.

 

Los logros de estos días, los casos De Vido y Medina, sin duda responden a causas justas y también resultan en carambola electoral, pero el país –en el proceso de moralización pública– necesita revisar cuestiones de mucho peso en todas las áreas de la concesión y de la obra pública. Todas, incluso – y tal vez especialmente – aquellas que rozan a empresas o personas vinculadas social o familiarmente a funcionarios de este gobierno. La mujer del César no sólo debe ser honesta sino aparentarlo.  Y como algunas golondrinas no hacen verano, tampoco algunos juicios o algunas condenas no conforman un proceso de moralización pública que sin duda es urgente y necesario.

 

La economía “real”

 

Iniciamos la nota con la recuperación del nivel de actividad económica del pico de 2015, siendo esta noticia, junto con las dos judiciales antes mencionadas, un buen marco para confirmar la recuperación de confianza pública en esta gestión y por lo tanto buenas referencias para lo que parece será la ratificación y mejora de los resultados de Cambiemos respecto de las PASO y – como mencionamos – el inicio de una segunda etapa a partir de la recuperación.

 

La recuperación es económicamente poco. Y poco cuando un gobierno, más allá de las muy difíciles condiciones iniciales, ha consumido la mitad de su gestión.  El PIB per cápita todavía no ha alcanzado niveles de años anteriores. Esa es una mala noticia que no hay manera de traducirla en buenos términos.

 

Pero además el Gobierno transita un escenario de muy importante déficit fiscal al que le suma un muy importante déficit de las cuentas externas.

 

La estrategia elegida para navegar en esas aguas turbulentas es el financiamiento del presente apostando a la capacidad de endeudarse en el mercado financiero internacional.

 

La deuda externa sostiene el déficit fiscal, financia el externo y mantiene el tipo de cambio deprimido, lo que le aporta la calidad de ancla para morigerar la presión inflacionaria mientras las tasas de interés, extremadamente positivas en términos de las metas de inflación, garantizan un pedal financiero extraordinario. En ese marco, además, cada punto de porcentaje de crecimiento del PIB significa un incremento de 3 puntos de porcentaje en las importaciones.

 

La recuperación del nivel de actividad de 2015 está asociada a un incremento sustantivo de la deuda externa.

 

Y así como las dos noticias judiciales de la semana, a pesar de lo importante que son, no implican que estemos realizando lo necesario para un proceso de moralización de la vida pública. Tampoco retornar al nivel de 2015, con todas las limitaciones anotadas, no significa que sea realmente la manifestación de una economía saludable. Recuperar el nivel de actividad del pico previo es una buena señal simplemente porque no haberlo logrado antes era una mala señal. Pero, como la economía es un sistema, el PIB puede aumentar como consecuencia de decisiones que, más adelante, pueden tener efectos perniciosos.

 

Esta bien que el gobierno celebre, estaría mal que los críticos niegan el hecho cierto que el EMAE volvió al pico más alto anterior.

 

Pero los que administran el proceso deberían repasar la cantidad de veces que, en los últimos 40 años, se habló del “milagro argentino” y la cantidad de veces que cuando ese milagro se alimentó de deuda externa inexorablemente terminó con el descubrimiento tardío que no era un milagro, sino un truco.

 

Nada hay más parecido a un ilusionista que un financista bien informado.

 

Y si la moralización de la vida pública exige el trabajo de investigación sobre las decisiones públicas comprometedoras del patrimonio, la recuperación del bienestar económico colectivo exige más trabajo profesional y político que simplemente pedir prestado.