Muy cerca de una nueva temporada de paritarias que se inicia, los gremios comenzaron a acercar posiciones y a agitar las discusiones con el Gobierno. La negociación salarial docente es, como cada año, la que inaugura la serie y la que impone también una referencia para las venideras. Esta vez tendrá una particularidad: el Gobierno estableció que, a diferencia de la última década, no habrá paritaria federal y cada provincia deberá sentarse a la mesa con sus docentes. En este marco los gobernadores buscan coordinar una oferta común, que ya se prevé muy por debajo de las exigencias de los maestros.
La conducción de la CGT reclamó a la administración de Cambiemos la urgente convocatoria a la paritaria federal docente para fijar el piso del aumento salarial en todo el país y advirtió que sin esa instancia puede postergarse el inicio de clases, previsto para el 6 de marzo. El pedido de la central obrera fue acordado la semana pasada durante el encuentro sindical en Mar del Plata y será oficializado este jueves luego de la primera reunión formal del año del Consejo Directivo de la central.
También el jueves se concretará una reunión de gobernadores de todo el país, en la que buscarán acordar una posición común de cara a la negociación. Como plan ideal, se proponen cerrar un acuerdo similar al conseguido por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con los estatales provinciales: un aumento del 18% en cuotas, con la posibilidad de ser reajustado a partir del índice de inflación del Indec.
Por lo pronto, los representantes sindicales de los maestros ya alertaron sobre su total rechazo a la pauta salarial que alientan los gobernadores y anticiparon reclamos en torno al 35%, alegando que necesitan contrarrestar el deterioro salarial de casi 10 puntos que ?señalan? acumularon durante 2016.
De todos modos el problema no gira sólo en torno al porcentaje de aumento, sino a la forma de la negociación. En diciembre pasado, el Gobierno de Cambiemos anunció que no convocaría a la paritaria federal para fijar el sueldo mínimo de la actividad, como era habitual desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2005.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó esa decisión al sostener que se reemplazó la injerencia de la Nación mediante el establecimiento de un mecanismo de actualización automática por el que el cual el salario inicial del sector será siempre un 20% superior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde este mes, el salario mínimo es de $8.060, por lo que el incial docente quedaría fijado en $9.672.
“Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto nacional”, advirtió Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Para el referente docente el Gobierno “intenta disciplinar a todos los gobernadores”, en lo que advierte como una vuelta “a los 90, cuando las provincias se arreglaban como podían para pagar y no existía una garantía salarial mínima”.
Aval de la CGT
Los docentes recibieron el apoyo de su reclamo por parte de la CGT, que advierte que el 2017 comienza con tan malos pronósticos como el 2016, dado que aún no se ha comenzado a percibir el esperado repunte en el empleo.
De hecho, hoy a las 16 se reunirán representantes de gremios industriales en la sede de la CGT para evaluar conjuntamente el panorama. Según señalaron fuentes gremiales, lo que discutan funcionará como un “termómetro de las decisiones” que pueda adoptar el Consejo Directivo de la central sindical en el encuentro previsto para el jueves con el fin de analizar las dificultades de los trabajadores en el actual marco económico y laboral. “Nos reunimos para hacer un análisis de la situación, porque el enero que estamos pasando no lo esperó nadie”, explicó Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que encabeza la CGT.
Según declararon fuentes gremiales la posibilidad de realizar un paro sigue estando “latente, porque la situación es crítica y las suspensiones, despidos y cierres de empresas no paran”. Destacaron que, como dirigentes de la CGT es necesario “actuar con prudencia y sabiduría frente a la situación”, aunque entendieron que “está más que justificada” la posibilidad de avanzar con la definición de un plan de lucha.
