por Gabriel Caamaño Gómez (*)
La inconsistencia temporal es probablemente uno de los conceptos macroeconómicos en los que es más evidente es la contradicción entre su nivel de aplicación por parte de los hacedores de política, por un lado y la importancia que su estudio y análisis ha recibido por parte de la teoría económica, por el otro lado.
La idea básica detrás de dicho concepto es casi de sentido común: muchas veces la decisión óptima en el corto plazo resulta altamente contraproducente en el largo plazo, dados los incentivos y señales asociadas a la misma e, incluso, el proceso de aprendizaje de los agentes económicos. Por lo tanto, no se arriba a las mismas decisiones de política cuando se intenta maximizar los resultados de corto que cuando se mira el largo plazo. Y como ya sabemos, si bien el corto plazo es casi sinónimo de presente, el largo plazo, más temprano que tarde, siempre llega.
En ese sentido, una de las formas más simples y evidentes de modelizar y explicar porqué los hacedores de política económica están decididos a tomar decisiones que son óptimas en un primer momento para luego tener que lidiar con sus consecuencias negativas en un futuro no tan lejano es asignarles un alto factor de descuento intertemporal. Es decir, una relativamente alta valoración del presente respecto del futuro. Ahora bien, con esas ideas conceptuales básicas en mente, nos proponemos analizar la “amnistía fiscal” que el Gobierno anunciaría el próximo viernes. Sinteticemos lo que conocemos al respecto.
De acuerdo a lo que ha trascendido, la medida tiene como objetivo obtener recursos y mejorar el mix de financiamiento del enorme agujero fiscal nacional previsto para 2016 (déficit primario proyectado en 4,8% PIB) ya sea incentivando la demanda de determinados títulos públicos (menor penalidad) y/o como resultado de los ingresos fiscales extraordinarios asociados a la penalidad que deberá pagarse a la AFIP al momento de exteriorizar los bienes y tenencias en cuestión.
Hasta tal punto lo único que interesa es el aporte de recursos al Tesoro Nacional, que el proyecto que trascendió hasta ahora no incluye la obligación de ingresar al país los fondos y bienes exteriorizados.
Además, claramente, ya que de lo contrario la medida estaría condenada al fracaso, se establece que la AFIP no investigará los movimientos anteriores a la exteriorización. Justamente por eso se habla de amnistía fiscal. Porque hay un perdón implícito de los delitos tributarios que dieron origen a los recursos informales exteriorizados.
Por lo tanto, lo primero a subrayar es que la medida resulta evidentemente inconsistente en términos intertemporales pues resulta óptima en el corto plazo
desde el punto de vista de las necesidades fiscales del Tesoro Nacional, por un lado y la existencia de un enorme stock de recursos “en negro” acumulados por residentes, tanto en el exterior como localmente, por el otro. Recursos que, dado los crecientes controles internacionales, cada vez resulta más caro mantener ocultos.
Sin embargo, y de cara al largo plazo, la misma es lisa y llanamente una arbitraria y brutal ruptura de las reglas de juego fiscales, que no hace más que profundizar el deterioro de la cultura tributaria local. En particular, nuestra turbulenta historia económica es una clara demostración de cómo las moratorias, primas menores de esta amnistía tributaria, lejos de mejorar los niveles de disciplina fiscal han contribuido a incrementar los niveles de evasión.
Cerrando. Sobran argumentos de oportunidad que la justifican en el corto plazo, pero a la no tan larga la misma fue, es y será altamente contraproducente para el desempeño de la economía local. Eso se aplica para la actual administración como para las anteriores.
Lo segundo que me interesa decir en esta columna, guste más o menos, es que estamos ante un nuevo parche. Ojalá que no se haga costumbre. Pues la medida en cuestión no resuelve el problema de fondo, que es el enorme agujero fiscal nacional. Sólo aporta recursos extraordinarios y mejora el mix de financiamiento de cortoplazo.
Pero en el mediano-largo plazo ese nivel de déficit fiscal sigue siendo insostenible y, mucho más importante, contraproducente desde el punto de vista del desempeño macroeconómico local.
Lo tercero es que la medida contiene mucha más información sobre el estado de la macroeconomía local y de la propia visión que los hacedores de política tienen al respecto de lo que puede verse a simple vista.
En ese sentido, y como dijimos más arriba, una forma de explicar porqué un hacedor está dispuesto a tomar una medida inconsistente temporalmente es asignarle una elevada preferencia por el corto plazo (2016) frente al largo plazo (2017-2019).
Asimismo, el propio equipo económico descartó el blanqueo allá por diciembre de 2015 por considerarlo institucionalmente incorrecto. Sin embargo, ahora, luego de haber retornado a los mercados internacionales de crédito lo impulsa.
¿Qué cambió? Pasaron los meses y se incrementó significativamente la necesidad política de constar con resultados concretos por el lado de desempeño económico local.
Léase, se viene el segundo semestre y la economía aún no da señales claras de recuperación, el prometido aluvión de inversiones no se produjo en la magnitud esperada, la inflación se está desacelerando pero lentamente y de la mano de un fuerte, sostenido e, igualmente, insustentable proceso de apreciación real (encarecimiento local frente al resto del mundo) y está costando cerrar el agujero fiscal e, incluso, financiarlo.
Ergo, la medida viene a confirmar lo que se niega en el discurso. El Gobierno no está logrando los resultados que él mismo descontaba y está preocupado por el desempeño económico durante el segundo semestre del presente año.
(*) Socio y director de Ledesma Consultora.
