La agenda del Gobierno en el Congreso no descansa. Esta semana, un tema central en la lista de deseos oficialista lo ocupó la reforma electoral.
Desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei dejó claro que uno de sus objetivos era reformar el sistema electoral. Así se plasmó en el primer proyecto de la Ley Bases -conocida en su momento como Ley Ómnibus- enviado al Congreso en diciembre. Sin embargo, a pesar de su voluntad, el capítulo electoral de esta ley fue removido para lograr su aprobación final en junio.
Tras el receso invernal, el oficialismo retomó sus aspiraciones de reforma electoral, dentro de las cuales se destacan varios proyectos: la Boleta Única de Papel, la Ficha Limpia y el Voto Exterior.
Boleta Única de Papel
La Boleta Única es una apuesta para reemplazar la histórica boleta partidaria. El sistema que busca implementarse consiste en el uso de una papeleta que contiene todos los partidos, candidatos y cargos en disputa.
Varios son los argumentos que se plantean a favor de la modificación. Probablemente el más significativo sea la mayor transparencia electoral, ya que la boleta única dificulta prácticas clientelistas y el robo de boletas.
Por otra parte, habría mayor equidad en la distribución de la oferta electoral, en tanto sería el Estado quien imprimiría, distribuiría y garantizaría la disponibilidad de las boletas, en lugar de los partidos. Los politólogos Carolina Tchintian y Gerardo Scherlis afirman que "un instrumento de votación oficial provisto por el Estado equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes".
Otros beneficios que se le adjudican a la iniciativa incluyen un ahorro significativo, al evitar la sobreimpresión de boletas, ya sea por necesidad o por falsificación de los partidos para obtener mayor financiamiento. Además, contribuiría a reducir el impacto ambiental.
La legisladora porteña Graciela Ocaña señala, en una nota para Infobae, que las primarias de 2023 costaron $11.630 millones solo en boletas, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Esta cifra se debe a la impresión de un promedio de 113 boletas por elector.
El sistema ya se utiliza en provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde ha sido aplicado sin problemas. A nivel regional, Uruguay y Argentina son los únicos países de América Latina que aún no utilizan la boleta única.
En junio de 2022, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero desde entonces no ha sido tratado en el Senado.
Aunque el proyecto pierde estado parlamentario en febrero, el motivo por el cual el oficialismo está particularmente apresurado es la intención de implementarlo en las elecciones legislativas del próximo año. Desde el Gobierno, sostienen que la medida debería aprobarse en septiembre para que pueda regresar a Diputados, ser sancionada, cumplir con las formalidades burocráticas y, finalmente, aplicarse en las próximas elecciones.
Al tratarse de una cuestión electoral, la ley necesita el apoyo de una mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara, es decir, 37 senadores. Además, en caso de empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede definir. Actualmente, el proyecto enfrenta un virtual empate de 36 a 36, motivo por el cual La Libertad Avanza está consensuando los detalles con la oposición dialoguista.
El voto decisivo podría ser el de Mónica Silva, senadora rionegrina que reclama la eliminación del casillero en blanco con la opción de votar lista completa. Esta opción permitiría a los votantes seleccionar todos los candidatos de un mismo partido con un solo tildado. Esto perjudicaría a los partidos provinciales que no presentan candidatos para presidente o gobernador, ya que se mantendría el "efecto arrastre" de quienes encabezan la boleta.
Ficha Limpia
Por su parte, Ficha Limpia es una iniciativa que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos en elecciones. La propuesta cuenta con el apoyo de gran parte del arco político -La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica- por lo que se espera su aprobación en la Cámara de Diputados.
Los debates sobre el proyecto giran en torno a si es suficiente una condena de primera instancia para excluir a una persona de la competencia electoral y qué delitos deberían inhabilitar a un posible candidato.
La ley ya está vigente en Chubut, Mendoza, Salta y Santa Fe. A nivel regional, se aplica en Brasil, Chile, Uruguay, México y Honduras.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proyecto obtuvo un dictamen favorable, pero fracasó por falta de quórum en Diputados. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio intentó reactivar el tema sin éxito. Este tercer intento parece tener más futuro que los anteriores.
El Voto Exterior es un proyecto impulsado principalmente por el diputado amarillo Fernando Iglesias. El objetivo es que los ciudadanos argentinos que residen en el exterior tengan derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales. Además, la iniciativa establece que pueden optar libremente por votar de modo presencial o mediante correo postal.
Iglesias señaló que se trata de "saldar un déficit, reconocer un derecho y permitir que aquellos argentinos que se fueron del país puedan seguir considerándose parte del país y participando de sus actos más importantes".
Los proyectos destacados en la agenda de la reforma electoral prometen cambiar los comicios tal como los conocemos. Su implementación el próximo año aún depende de un Congreso que debe resolver sus negociaciones. Sin embargo, la reforma electoral y la reducción de los privilegios de la "casta" en los comicios parecen estar cada vez más cerca de materializarse.
