Manuel García-Mansilla se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia, cargo para el que fue propuesto por el presidente Javier Milei.
En la Cámara Alta, se expresó en contra de las reelecciones indefinidas y, respecto al aborto, sugirió separar la penalización de la legalización. También se refirió a una eventual dolarización en el país y en ese punto marcó una diferencia con lo expresado en su momento por Horacio Rosatti que descalificó esa posibilidad.
Sobre su vínculo con la Casa Rosada, indicó que la nominación para ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia se lo ofreció el asesor presidencial, Santiago Caputo, y dijo: "No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono". García-Mansilla precisó, además, que el vínculo con el Poder Ejecutivo lo lleva actualmente con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el Ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona.
En ese marco, el senador radical Martín Lousteau señaló después: "Usted dijo recién que no lo conoce al presidente Milei, que no se reunió con el presidente Milei, y dijo que se juntó dos veces con Santiago Caputo y que fue él quien le ofreció el cargo. Santiago Caputo, que no es funcionario y es un monotributista. A mí me gustaría señalarlo, que al cargo no se lo ofreció el Presidente sino un monotributista, que no tiene vinculación directa con el Gobierno, no es funcionario público".
García-Mansilla está llamado a cubrir la vacante que dejará el 29 de diciembre próximo el juez Juan Carlos Maqueda, quien ese día cumplirá 75 años y, por ende, deberá jubilarse.
La postura combativa contra el candidato se repitió entre los principales referentes de Unión por la Patria, determinantes para que su pliego prospere en el Senado. Este bloque cuenta con 33 de los 72 senadores, fundamentales para que los nominados logren reunir los dos tercios de los votos que la Constitución exige para convertirse en juez de la Corte.
Para también mostró su disconformidad el senador oficialista Francisco Paoltroni cuando García Mansilla sostuvo que resolver sobre la ley de lemas era cuestión de la Justicia provincial.
Cuestionamientos
Si bien García-Mansilla habló de "respetar el federalismo", también indicó que "la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno". Sobre el aborto, destacó que ve "un conflicto entre normas de distintas jerarquías" y dijo que se tiene que "considerar la dimensión humana en juego".
Respecto del aborto, el catedrático estimó que para analizar este tema "se debería separar entre legalización y penalización". "Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando", consideró. Y explicó: "Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones", para agregar, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene fuerza de ley: "Veo un conflicto entre normas de distintas jerarquías".
Respecto del DNU 70/2023, que fue judicializado, indicó que si tuviera que resolver ese expediente, "aplicaría el mismo criterio, lo presumiría inconstitucional para que el Estado nacional acredite su constitucionalidad".
Su perfil
Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional" y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas "se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual".
Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos. Su postulación encuentra resistencia por sus posturas conservadoras y, particularmente, sus expresiones en contra del aborto legal.
En paralelo, Lijo sigue con la búsqueda del número necesario para ser designado en el máximo tribunal: para alcanzarlo, requiere de la voluntad de una mayoría de dos tercios de los presentes. Para ello, deberá apelar al apoyo de los distintos espacios que integran la cámara.
En el caso de Lijo, los votos no serían uniformes en ninguno de los bloques. En tanto, aún no hay definiciones sobre el apoyo que tendría García-Mansilla, y el Gobierno insiste en la teoría de "los dos o ninguno".
