A días de la fecha propuesta para el llamado Pacto de Mayo, el destino de la Ley Bases y el paquete fiscal, los proyectos emblema de la gestión de Javier Milei, siguen siendo una incógnita. Por eso, en el oficialismo reconocen que el acto del próximo sábado 25 de mayo en Córdoba se hará sin las leyes aprobadas.
En el Senado, La Libertad Avanza negocia las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo a contrarreloj, pero no pudo conseguir dictamen esta semana y espera lograrlo la que viene. Sucede que los bloques opositores reclaman cambios en los puntos clave que fueron planteando en los últimos días en torno a los temas más controvertidos de la Ley Bases.
El problema que tiene el Gobierno nacional es que lo que esperaba que fuese un trámite exprés se convirtió en un largo período de negociaciones, conforme a los tiempos que el Congreso demanda para debatir cambios estructurales en el país. Los proyectos, que ya cuentan con la media sanción de Diputados, se encontraron, como se preveía, con un escenario mucho más complejo en la Cámara Alta.
Negociaciones
Con el jefe de Estado en España, el objetivo del oficialismo en Buenos Aires es acordar con los bloques opositores dialoguistas para destrabar el dictamen lo antes posible. Al frente de las negociaciones se encuentran el ministro del Interior, Guillermo Francos; el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo; y ahora se sumó la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
La intervención de la presidenta de la Cámara Alta no es un detalle menor, teniendo en cuenta que hasta el momento se había mantenido al margen de la discusión y evitaba dar una fecha precisa sobre cuándo llegarían al recinto los proyectos.
Dado que el Ejecutivo no pudo avanzar en las negociaciones, Villarruel tiene ahora la misión de acercar las posiciones con los senadores de la oposición.
Artículos conflictivos
Según trascendió, el Gobierno se mantiene inamovible en aquellos puntos que puedan poner en jaque el equilibrio fiscal, aunque también estaría circulando una "mejor versión" del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que la aprobada en la Cámara de Diputados.
Otros de los puntos que siguen generando controversia son el blanqueo de capitales, la moratoria previsional, el impuesto a las Ganancias y el financiamiento de las universidades públicas.
Los cambios son impulsados desde la Unión Cívica Radical, que presentó al Gobierno un punteo de los artículos que espera modificar. En tanto, el peronismo, nucleado en Unión por la Patria, todavía aspira a derribar la Ley Bases en el recinto. Con algunas fugas, no está claro que la principal bancada opositora tenga los votos para hacerlo.
La cámara revisora
En ese escenario, es muy factible que a ambos proyectos se les introduzcan modificaciones en su tratamiento en el Senado. Entonces, aparecen dos hipótesis: Diputados puede optar por insistir con la media sanción original, o bien podría aceptar los cambios realizados en revisión por el Senado.
El apoyo que las iniciativas obtuvieron en la Cámara Baja anuncia que el oficialismo tendría grandes dificultades en lograr los números para insistir con la redacción original. Por lo tanto, el Gobierno deberá profundizar las negociaciones hasta alcanzar el aval de los gobernadores y bloques dialoguistas, para que entonces, si los proyectos vuelven a Diputados, puedan ser aprobados por esta cámara sin grandes esfuerzos.
La debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza quedó al expuesto nuevamente, en un tablero en el que el oficialismo apura los debates, a pesar de no haber generado los consensos necesarios para evitar la devolución de los proyectos a Diputados.
Por muchos años, el Congreso había perdido de una dinámica de bicameralidad, siendo que la cámara revisora aprobaba los textos que venían de la de origen en la que se concentraba la negociación entre los distintos espacios políticos. Ahora, quedó en evidencia que cada cuerpo tiene distintas lógicas y tiempos, y el Senado parece haber recuperado su rol revisor, ya que los dialoguistas siguen esbozando críticas a los textos del oficialismo.
Un pacto de palabra
La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal había sido establecida como condición para la firma del Pacto de Mayo.
Dado que la agenda del Gobierno se ajustó mucho más de lo previsto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, prometió que el acuerdo se firmará "con o sin ley". Pero ahora, el oficialismo también analiza postergar la firma hasta "junio o julio", según las palabras de Milei.
El gran desafío del oficialismo era generar las condiciones para que los objetivos propuestos en el Pacto se vuelvan realizables y así evitar que el acto se limite al plano simbólico de la política.
Pero debido a los retrasos que sufrieron los proyectos, la convocatoria, que antes ejercía presión sobre las negociaciones, ahora no parece ser más que un mero acuerdo de palabra que muestra la disposición al diálogo tanto del Presidente como de los jefes locales.
Se tratará, entonces, de generar los arreglos necesarios para garantizar que los proyectos sean sancionados en el momento en el que los legisladores lo consideren oportuno. Tal como sucedió en Diputados, una vez más triunfa la política de negociación, que rechaza las imposiciones del oficialismo y premia los acuerdos con la oposición.
