Por Pablo Maas
El 20 de abril pasado murió, a los 83 años, John Williamson, un economista británico, que en 1989 acuñó el término “Consenso de Washington” para referirse a un conjunto de políticas económicas que debían aplicar los países subdesarrollados para que sus economías crecieran.
En estas políticas coincidían tanto el Gobierno de Estados Unidos y su Tesorería, como el FMI y el Banco Mundial, todas instituciones con sede en la capital estadounidense. Williamson también elaboró en 1960 la teoría del “crawling peg”, un régimen que fue probado en Argentina después de 1977 (la tablita cambiaria de José A. Martínez de Hoz) y terminó con una gran devaluación en 1981.
Aunque Williamson sostuvo en sus últimos años que sus propuestas habían sido distorsionadas, lo cierto es que el extremo conservadurismo fiscal, las privatizaciones, las desregulaciones y la liberalización de los mercados financieros fracasaron mayormente en estabilizar a economías en crisis. Según Joseph Stiglitz, el gran crítico de estas políticas, el Consenso de Washington dejó a muchos países peor que antes. En cualquier caso, el fundamentalismo de mercado que propició ha pasado de moda y ya no hegemoniza el discurso de los economistas como décadas atrás.
Lo novedoso en estos días es que, más de 30 años después, está surgiendo ahora, según un reciente artículo en el Financial Times, un nuevo Consenso de Washington, pero muy distinto al de entonces. A diferencia del antiguo, que quería un Estado mínimo, éste no reniega de un Estado más grande o más activo, si fuera necesario: el “big government”, dicen en Estados Unidos, está de vuelta, como en los tiempos de F. D. Roosevelt. En lugar de impuestos muy bajos como proponía Donald Trump, Joe Biden los quiere más altos, especialmente para los ricos y las grandes empresas. “Los guardianes globales de la ortodoxia económica han avalado el programa más radical que han visto los Estados Unidos en generaciones”, escribió Martin Sandbu, columnista del FT.
De hecho, el FMI ha planteado en documentos que propicia “impuestos solidarios” para los ultraricos como forma de financiar los costos de la pandemia. El viejo Consenso de Washington aborrecía a los sindicatos, este los defiende. Y en esto coinciden el presidente estadounidense, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y la directora del FMI, Kristalina Giorgieva.
La pandemia, y los enormes costos asociados a la recuperación de las economías, ha sido uno de los impulsores de esta nueva heterodoxia que propone cosas como emitir todo el dinero que sea necesario para ayudar a las familias, las pequeñas empresas y reconstruir la infraestructura. Según Gita Gopinath, la economista jefa del FMI, los US$16 billones (un 20% del PIB global) que el mundo gastó el año pasado para combatir el impacto económico de la pandemia están más que justificados. “Nuestras estimaciones sugieren que el severo colapso podría haber sido tres veces peor en ausencia de este apoyo”, escribió en el blog del FMI.
Las grandes conmociones mundiales suelen provocar cambios en las políticas económicas. La Gran Depresión dio nacimiento a la macroeconomía keynesiana. La posguerra trajo el Estado de Bienestar. Y la crisis del petróleo de 1973 marcó el comienzo de la “revolución conservadora” de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En esta ocasión, la pandemia aceleró cambios que ya se estaban gestando. Hace al menos una década que el FMI propone controles a los movimientos de capitales especulativos, por ejemplo.
Pero, además de la pandemia, hay otros cambios estructurales que ayudan a entender los discursos y la nueva agenda que propone este nuevo Consenso de Washington. Según Ilias Alami y Adam Dixon, dos académicos de la Universidad de Maastrich, estos incluyen el vertiginoso ascenso de Asia, liderado por un potente capitalismo de estado, como el nuevo centro de gravedad de la economía global, desplazando al Atlántico Norte. Las grandes empresas estatales, o de mayoría estatal, que proliferan no solo en la cuenca del Pacífico sino también en países como Brasil o Arabia Saudita, son hoy actores económicos más importantes que hace dos décadas. Lo mismo ocurre con los fondos soberanos de inversión, que hoy administran más de US$7 billones, superando a los “hedge funds”, agregan. La relegitimación del Estado como actor económico crucial ya se venía produciendo en la práctica antes de su ratificación teórica.
Sin embargo, observan estos autores, todavía hay una brecha entre los discursos y la práctica. No sería la primera vez que los organismos multilaterales de crédito propician un doble estándar, apoyando generosas políticas distributivas en los países ricos, pero propiciando la “consolidación fiscal” (léase austeridad) para el resto del mundo.
Una ONG que se llama Eurodad (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo), analizó informes del FMI para 80 países, y encontró un panorama preocupante para los países en desarrollo en la próxima década. Los informes del FMI se prepararon como parte del proceso de aprobación de la asistencia financiera entre marzo y septiembre de 2020. Los mismos revelan, dice Eurodad “una respuesta multilateral insuficiente e inadecuada a la pandemia del Covid-19. Un gran número de países quedará atrapado en una crisis de deuda y austeridad en los próximos años”.
Ojalá que Eurodad esté exagerando, porque Argentina está negociando un nuevo acuerdo con el FMI por la enorme deuda que dejó la anterior administración. En cualquier caso, pronto sabremos si efectivamente hay un Consenso de Washington 2.0 o todo se trata, como decimos aquí, de “un verso para la gilada”.
