El gobierno interino brasileño reiteró ayer que buscará aprobar una nueva meta presupuestaria para 2016 en el Congreso el próximo martes a fin de evitar un recorte forzado de gastos, aunque también adelantó que consideraba reducir la nómina de trabajadores estatales. Las proyecciones privadas del déficit primario continúan en aumento, sumándose a otros factores que pesan sobre los mercados de Brasil.
En línea con los anuncios que hizo el gobierno centrista de Michel Temer el martes, el senador oficialista Renan Calheiros repitió ayer que las autoridades “harán el esfuerzo” para llevar el martes el objetivo presupuestario nuevo al Congreso. Las autoridades quieren contener los temores de los inversores por la situación fiscal, que fue abandonada durante el gobierno de la suspendida Dilma Rousseff.
El gobierno necesita obtener la aprobación del déficit actualizado porque de otro modo, se vería obligado a reducir el gasto público tan pronto como el próximo mes. La administración de Temer apunta al gradualismo, prefiriendo estar en control de la racionalización en lugar de hacerla bajo una mayor presión del mercado. El ministro de Planificación, Romero Jucá, sostuvo que se estaban analizando “ajustes de empleados públicos”.
La recaudación fiscal del país se derrumbó 7,1% anual en abril, teniendo en cuenta la inflación, a unos 119.900 millones de reales (U$S 30.800 millones), según dijo ayer la agencia impositiva. El desplome de la recolección de impuestos, pese a la elevada presión tributaria, se debe en parte al colapso de la economía brasileña, con una caída del PIB esperada de casi 4% este año.
El último informe Prisma Fiscal del Ministerio de Hacienda, recopilado entre economistas del sector privado, mostró un empeoramiento del déficit primario previsto para este año, a 104.000 millones de reales desde 100.500 millones en la edición anterior.
