El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, volverá a reunir hoy a las petroleras y refinadoras que operan en el país para intentar zanjar la discusión sobre cómo llevar el precio del “barril criollo” ?precio sostén que subsidia el Estado y reciben las compañías por el crudo producido localmente? a valores internacionales. La última reunión de Aranguren con petroleras y provincias, que se hizo la semana pasada terminó sin acuerdos y con severas críticas por parte de Mario Das Neves, gobernador de Chubut.
Desde el Gobierno Nacional proponen acelerar el gradualismo para llevar a niveles internacionales a mediados de 2017 los precios subsidiados que hoy se ubican en torno a los US$ 61 y US$ 52 por barril de crudo Medanito y Escalante, respectivamente, contra una cotización internacional que superó los US$ 51 en los últimos días, tras el acuerdo de la OPEP para reducir su producción. El costo fiscal que implica para la Nación y la necesidad de “reglas claras” para atraer inversiones, son las cartas principales que esgrime el Gobierno. La suba externa del crudo es un dato positivo para sus intenciones, porque la brecha entre el interno y el internacional se acorta.
Por su parte, entre las empresas no hay una posición homogénea. El ecosistema actual del sector arroja una importante atomización: las hay de mayor y menor magnitud, las hay integradas y otras que no lo son, algunas tienen su actividad más concentrada en los hidrocarburos (gas y petróleo) convencionales y otras en el shale, entre otras diferencias que derivan en intereses disímiles y muchas veces, contrapuestos.
En ese marco, las petroleras más grandes, como Pampa Energía, aceptan una baja más acelerada, mientras que las más chicas, como Medanito, reclaman que se mantenga el subsidio. Sobreendeudada y sin margen social para subir el precio de sus naftas, la petrolera de mayoría accionaria estatal YPF, acepta la quita gradual del precio sostén, pero reclama que la convergencia sea más lenta.
Mientras tanto, las provincias petroleras pujan por mantener el barril criollo para mantener las regalías petroleras y la actividad en sus distritos, que impacta sobre el resto de sus economías y sobre el mercado laboral local.
Comparten esa preocupación por los trabajos en el sector los sindicatos, que reclaman gradualidad en cualquier modificación al esquema actual. En medio de las negociaciones por el nuevo convenio colectivo de trabajo para Vaca Muerta ?que el Gobierno espera poder anunciar esta semana? y tras la baja de 33 equipos de YPF en la cuenca neuquina ?por la que los sindicatos fueron a paro hasta que se dictó la conciliación obligatoria? la relación entre los gremios, las empresas y el Gobierno Nacional es particularmente tensa en las últimas semanas.
Por otra parte, el acuerdo que busca la cartera energética también comprenderá a una política de precios para los combustibles a partir de enero. Las refinadoras y los estacioneros reclaman un aumento de las naftas, con el argumento de que en el último año el precio de los derivados subió menos que lo que creció su materia prima (el crudo) como resultado de la devaluación, solo compensada parcialmente por la baja gradual del barril criollo. “Hemos discutido con las empresas del sector que no vemos que haya lugar para nuevos aumentos de combustible para lo que resta del año”, descartó Aranguren el jueves, de todos modos.
