Las más importantes presas y centrales hidroeléctricas nacionales fueron concesionadas hace 30 años con contratos que finalizaban el año pasado. En particular, el 11 de agosto, los de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW); y el 29 de diciembre Piedra del Águila (1440 MW). Estas centrales hidroeléctricas hacen un aporte importante a la oferta eléctrica que puede cubrir el 20 % de la demanda máxima registrada en el sistema interconectado.
En su momento, la exsecretaría de Energía de Sergio Massa, la ingeniera Flavia Royón, indicó que las centrales pasarían a ser operadas por ENARSA. Sin embargo, luego los contratos se fueron prorrogando cada 60 días. Estos contratos de concesión permiten al Estado extender el plazo unilateralmente hasta un año.
El actual Gobierno, en su momento, transmitió a los concesionarios que no se prorrogarían más los contratos, que con las prórrogas dadas terminaban el domingo 19 de mayo, y que la operación pasaría a ENARSA hasta que su licitación. Sin embargo, finalmente el lunes 20 por la resolución 78/2024 de la Secretaría de Energía se prorrogaron nuevamente los contratos hasta el límite máximo admitido, con lo cual en el próximo agosto y diciembre tendremos los nuevos vencimientos.
No tenemos suficiente información para asegurar que haya una relación directa, pero se ha dado la coincidencia que luego de esa prórroga tanto ENEL, concesionaria del Chocón y Arroyito, como AES, concesionaria de Alicurá, aceptaron la propuesta del ministro Luis Caputo para pagar la deuda de energía que debía el Gobierno por la provisión de energía durante los primeros tres meses de gestión con bonos al 2038.
Por otra parte, está claro para cualquier conocedor del tema que ENARSA no puede ahora, ni en tres meses, seriamente operar estas 4 centrales, ya que no tiene recursos humanos ni económicos (es la empresa del estado con mayor déficit) para ello, ni tampoco para tener a cargo la seguridad de esas presas en las cuales cualquier falla podría tener consecuencias catastróficas para las ciudades aguas abajo como Neuquén, Cipolletti y para todo el Alto Valle del Río Negro donde habitan más de 1.000.000 de personas.
En el año 2022 en la anterior gestión del ex secretario de Energía, Darío Martínez, se creó un equipo denominado "EQUIPO DE TRABAJO DE APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS CONCESIONADOS" (ETAHC), para analizar el estado de las distintas obras que hizo un sin número de recomendaciones de mejoras y remodelaciones para prolongar la vida útil de las obras.
Debe indicarse que las centrales de El Chocón y Cerros Colorados tienen más de 50 años de antigüedad, Arroyito 44 años y Alicurá casi 40 años.
Entendemos que en estas centrales debe ejecutarse una renovación de elementos eléctricos como generadores, transformadores, tableros de alta potencia y equipos electromecánicos de accionamiento de válvulas y compuertas, lo cual hoy parece imposible con fondos públicos.
Dada la impresión a partir de tanto las declaraciones de algunos funcionarios nacionales como de dirigentes provinciales, que solo se analizan los recursos que se puedan extraer sin pensar en los costos operativos, de mantenimiento y de renovación de equipos.
Este Gobierno, que lanza muchas ideas, sigue mostrando muy poca gestión y en seis meses no pudo ni siquiera iniciar el proceso de licitación de concesiones hidroeléctricas, cuando se sabía de antes de empezar el Gobierno que ya estaban en proceso de finalización los actuales contratos.
Algo similar ocurre en otras actividades también estratégicas para el país, como la Hidrovía que sigue administrada por el Estado en forma precaria a través de la AGP.
Si el Gobierno efectivamente le pasa en un futuro la operación a ENARSA, esta tiene dos posibilidades técnicas una sería contratar en forma directa a los actuales operadores para que estos sigan a cargo, y la otra tomar a todo el personal técnico que hoy trabaja en la operación de las presas y centrales; es decir incorporar a más personal al Estado. Esto parece ir en contra de los principios que sostiene el presidente Javier Milei.
Además, se debe prestar atención a que la empresa ENARSA figura como privatizables en el proyecto de Ley Bases que ya cuenta con media sanción de Diputados. Algunos políticos con gran experiencia suponen que pasarle las concesiones a ENARSA puede ser una estrategia para capitalizar a esta, y así poderla privatizar con un valor agregado muy importante, ya que el capital invertido en esas presas y centrales se estima en el orden de US$ 25.000 millones.
En todo caso, hasta ahora solo se ha postergado hasta agosto el problema, aunque el Gobierno llamara a licitación en forma inmediata, para lo cual debería tener la documentación de licitación terminada y aprobada, dada la magnitud de las inversiones y la complejidad de la presentación, resulta imposible realizar en un nuevo contrato de concesión en menos de 3 meses.
No sabemos si en realidad se hicieron promesas en privado de nuevas prórrogas futuras para que el ministro Caputo lograra la aceptación de los bonos. Sin embargo, no será fácil encontrar operadores experimentados que no sean los actuales en un plazo tan breve.
Esta situación en la cual no hay un horizonte definido no sorprenden demoras de gestión, improvisación y desconocimiento. Habían sido características típicas del Gobierno de Alberto Fernández y ahora lamentablemente las seguimos encontrando también en el actual.
