La oposición celebró el fallo. Tras la interpelación al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la frustrada sesión especial de la semana pasada, se tomó la decisión de los jueces de la Corte Suprema con gusto a revancha. Y, también, como una forma de redefinir los pasos a seguir. Para cumplir, por caso, con los deberes que le ordenó la propia Corte en el fallo.
Conformes con la presentación del ministro, pero no con sus respuestas, la oposición esperaba el fallo para analizar el trazado de las próximas semanas. Entre los puntos salientes, acelerarán con la elección de un Defensor del Pueblo, y buscarán incluir mayores protecciones a pyme, universidades y clubes, que quedaron fuera del alcance de la anulación de los aumentos convalidada por la Corte Suprema.
Entre los puntos principales del fallo, la Corte solicitó al Congreso nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009, cuando renunció el periodista y político Eduardo Mondino. El cargo no tuvo reemplazo, tras un errado intento del kirchnerismo en impulsar al actual senador Juan Manuel Abal Medina, cuando Mondino dio un paso al costado. Según la Constitución, el cargo tiene legitimación procesal, está facultado para presentarse en sede judicial, el mandato dura cinco años con la posibilidad de una sola reelección y puede a su vez, ser designado o removido por el Congreso. Para avanzar con el pedido del Tribunal, los legisladores deberán primero integrar la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. El Partido Socialista dijo, a El Economista, que “ya se le pidió al presidente del bloque PRO para que en la próxima sesión se vote el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo”.
Repercusiones
“La Corte tuvo un fallo correspondido con lo que fue una manifestación popular muy fuerte y con lo que hicieron otros estamentos de la Justicia contando los más de cincuenta amparos que hubo para frenar el tarifazo”, opinó, a este diario, el diputado del FpV Juan Cabandie, pero consideró que “falta poner en discusión todo lo relacionado a las pyme cooperativas y empresas con poca escala de factura ción porque hay una afectación fuerte”. Para Diego Bossio, del bloque Justicialista, la postura de la Corte “es un avance parcial porque no comprende a sectores clave de la producción como las pyme” y señaló que “es necesario otorgarle previsibilidad y certidumbre a la industria y los comercios porque son los que invierten y dan trabajo a los argentinos”. Optimista, Alicia Ciciliani ?Partido Socialista?, sostuvo que “la actuación del Gobierno estaba afuera de la ley y nos parece que el fallo de la Corte demuestra que existe la República, la división de poderes, y eso es bueno para democracia”.
Proyectos
En el Congreso, aguardan y aguardaban más de un centenar de proyectos de ley para derogar tarifas o asuntos similares, entre otros, varios incluidos en el temario de la sesión especial impulsada por la oposición días atrás. Desde el oficialismo, insisten en que el Congreso no cuenta con la facultad para dirimir sobre las tarifas. En el fallo de la Corte, los jueces redactan que al Poder Legislativo “le corresponde la determinación del marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias”. En ese sentido, hay un número de proyectos que podría tomar impulso en los próximos días. En la Cámara Baja, el FpV impulso una iniciativa que establece la tarifa social del servicio de energía eléctrica para titulares de planes sociales, jubilados o pensionados y quienes cuenten con certificado de discapacidad, entre otros. El bloque Justicialista, en parte, impulsa la tarifa de emergencia para servicios públicos de electricidad, gas natural y agua potable. En el Senado, el GEN presentó un proyecto para la creación de un beneficio universal de consumo eléctrico para clubes de barrios y entidades de bien público.
