La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para solicitar la nulidad del incremento de las tarifas de gas en red dispuesto por el Ministerio de Energía y Energía y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas). Tal como anticiparon ayer a El Economista fuentes de la entidad, el pedido de nulidad se basa en pedir un igual trato que los usuarios residenciales tras la suspensión de las subas dictada por la Corte Suprema para ese segmento.
En su amparo, presentado en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, la CAME solicita que “se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las resoluciones (...) que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios”. Asimismo, pide “que dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país; y que se ordene a las demandadas abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado” y pide “que se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública”.
Además, el vocero de CAME, Vicente Lourenzo, señaló a este medio en su edición de ayer que la CAME estará presente -al igual que la Unión Industrial Argentina (UIA)- en la audiencia pública convocada por el Gobierno para el 16 de septiembre para discutir un nuevo cuadro tarifario para el gas, tal como exigió la Corte Suprema en su fallo.
Por otra parte, el amparo reclama que “se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado Nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales; para los usuarios que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas, que se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro; y que se ordene al Estado Nacional que disponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos”, según informó CAME.
