La relación entre el Gobierno y el campo es tensa y no es temerario proyectar que puede tensarse más. El “caso Vicentin”, rechazado hasta por la Federación Agraria, se sumó a una larga lista de reclamos del sector, que comenzaron con la suba de las retenciones que habilitó la Ley de Solidaridad Social de diciembre y se hizo efectiva en marzo. Retenciones que ya había reinstalado el Gobierno de Mauricio Macri, tras haberlas eliminado (graduado en la soja) en 2015. La pandemia (si tuvo algo bueno) fue que contuvo y contiene la tensión y, aunque hubo algunos tractores a la vera de la ruta, evitó que se sumen más porque ganas no faltaban. También, vale decirlo, la política apostó a no confrontar y los productores siempre priorizaron el diálogo. Sin embargo, la situación sigue tensa y hay un mar de fondo que podría activarse en algún momento. No es casual que el fantasma de una “nueva 125” está latente.
“El malestar viene creciendo entre los empresarios del campo”, dice el historiador Roy Hora en un largo artículo publicado en Nueva Sociedad. “Por el momento, la pandemia que asola al mundo ha sacado el tema del centro del escenario, dirigiendo la atención hacia problemas más urgentes y, de paso, deshilachando la protesta que las asociaciones ruralistas, reunidas en su Mesa de Enlace, habían programado entre el 9 y el 12 de marzo. El malestar agrario, sin embargo, no ha desaparecido, y más tarde o más temprano volverá a expresarse”, escribió Hora. “Aunque es muy improbable que alcance la virulencia del conflicto del campo del otoño de 2008, el espectro de esa protesta continúa acechando”, añade Hora, autor, entre otros libros, de “Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina moderna” (Buenos Aires, 2009) y “¿Cómo pensaron el campo los argentinos?” (Buenos Aires, 2017). Sí, sabe de lo que habla. O escribe, mejor dicho.
Un dato que aporta el historiador es que el campo se aglutinó. Se percibe, entre otras cosas, en la forma en que se habla: hoy es común hablar de “el campo” como un todo. Allá por 2008, el “espanto” unió a la Federación Agraria con la Sociedad Rural. Las entidades no se aman y sus trayectorias distan de ser paralelas, pero sus reclamos hoy coinciden. “Visto a la distancia, la principal consecuencia de la mayor protesta agraria de toda la historia argentina fue la constitución del 'campo' como una fuerza sociocultural y, sobre esa base, aunque de manera mucho menos exitosa, como un actor dispuesto a alzar su voz en la disputa política. Una década más tarde, mucho de ese legado sigue vigente”, dice Hora sobre el conflicto, que también suscitó adhesiones urbanas. Ese también es un dato novedoso también.
Ciertos cambios productivos recientes, muy bien descriptos por Hora, “empujaron la constitución de un bloque agrario heterogéneo pero que, desde el punto de vista de la política de los intereses, carece de fisuras internas de importancia”. En ese mundo heterogéneo y homogéneo a la vez convive una variedad de empresas de servicios ?productores y proveedores de insumos, contratistas de maquinaria, AgTech que ofrecen servicios especializados, agrónomos y transportistas? junto con los agricultores que tanto la Federación Agraria como la Sociedad Rural aspiran representar. “Por primera vez en tres cuartos de siglo, este conjunto diverso pero con intereses confluyentes no solo puede exhibir una unidad que, si bien sometida a tensiones, no se ha quebrado en más de una década. También encarna la voz de un campo que ha logrado volver a hablar el lenguaje de la modernidad productiva”, describe Hora.
Pero es un campo ajeno a la política y esa renovada unión campera no hizo tanta mella en la política, más allá del “no positivo”. Hubo experiencias pequeñas y cortas, como los agrodiputados, pero “no fue suficiente para que el ruralismo lograra pararse políticamente sobre sus propios pies”.
Dice Hora: “Las elecciones de 2009 y 2011 dejaron en claro que ese proyecto no era más que una quimera, y ese veredicto no ha perdido valor hoy en día. Un país que cuenta con fuerzas partidarias bien implantadas en todo el territorio nacional y que gozan de vastos apoyos ciudadanos, y que posee una tasa de urbanización cercana a 95%, no ofrece condiciones favorables ni para la emergencia de un partido agrarista ni para dar a los voceros de la nueva agricultura mayor influjo sobre las organizaciones partidarias. Mucho menos en una cultura política que siempre se mostró hostil a los partidos single-issue.
El campo cuenta con mayor visibilidad e incluso legitimidad. Pero si algo no tiene es futuro político”. El campo se siente olvidado por la política. O, mejor dicho, solo visto fiscalmente. Cuando hay problemas de caja, y hay cada 2x3, la política mira al agro. La tentación es tan grande que hasta Macri lo hizo. ¿Pero la política mira, con el mismo interés, el objetivo de agrandar la torta? Sería un win-win, sin dudas. El agro sigue cosechando o engordando su ganado, pero está lejos de su apogeo productivo. Puede dar más. La cosecha de granos está estancada y algunos expertos creen que podría superar (si se dan ciertas condiciones) las 200 millones de toneladas. Incluso más. Hoy, con suerte, llega a 150 en los años buenos. Se requiere un nuevo pacto y, obviamente, los impuestos son el capítulo gordo del diálogo, aunque no el único.
Dice Hora: “El nivel de impuestos 'razonable' es materia de un debate que debe tramitarse no en las rutas sino en las instituciones de la república democrática. En todo caso, después de largos años de parálisis en la discusión sobre impuestos, es tiempo de que estas instituciones empujen ese debate más allá de la cuestión de la magnitud relativa del tributo, para comprender también su forma y objetivos”.
“Es preciso alzar la vista por sobre las urgencias del momento para diseñar y acordar qué tipos de impuestos sirven mejor el triple propósito de contribuir a sostener el Estado, estimular la actividad productiva y promover una mayor equidad (y de hacerlo, además, cuidando la salud de la población y preservando el medio ambiente). Es bien sabido que las retenciones, desde hace mucho tiempo la clave de bóveda de los tributos sobre la producción exportable, son un instrumento muy imperfecto para ello. Son infrecuentes en otros países exportadores de alimentos y sus deficiencias son conocidas (?) No sirven para estimular el aumento de la producción”, agrega.
“La idea de proteger la mesa de todos los argentinos tiene que ser reemplazada por la exigencia, perentoria, de proteger la de los ciudadanos de menores ingresos. Para ello, nada mejor que incrementar y concentrar los subsidios a la compra de alimentos de manera exclusiva en esos segmentos de la población (afortunadamente, el actual Gobierno ha dado algunos pasos, todavía tímidos, en esta dirección). Y objetivos como promover la inversión y la mejora de la productividad y premiar a los agricultores más dinámicos se alcanzan mejor con impuestos sobre el valor venal del suelo que con impuestos sobre las ventas externas. Este es, quizás, el punto crucial. Los impuestos sobre el valor de mercado de la tierra son sinónimo de tributación progresista. Aun cuando es sabido que no hay impuestos perfectos, este tipo de contribuciones tienen la ventaja de que pesan más sobre el patrimonio y la renta que sobre los frutos del esfuerzo productivo. Pesan sobre los contribuyentes en relación directa con la magnitud de su patrimonio inmobiliario. Por este motivo, los impuestos progresivos sobre el suelo sirven para contrarrestar el influjo de ese gran productor de desigualdad que es la propiedad de la tierra, muchas veces expresión del privilegio heredado, muy ligeramente gravado en Argentina. Una política dirigida a disminuir gradualmente las retenciones, reemplazándolas por contribuciones sobre el suelo con un sesgo más progresivo que el vigente, constituye la mejor alternativa para compatibilizar los distintos objetivos que reclama el momento actual”, plantea Hora. “Ayudará a liberar las energías productivas del nuevo agro y, a la vez, servirá para colocar la tributación rural en consonancia con los valores de una sociedad más amiga de la innovación, más solidaria y más democrática”, agrega.
“Este camino no puede recorrerse de la noche a la mañana. Requiere, entre otras cosas, forjar acuerdos entre actores del mundo productivo y entre distintos niveles de gobierno. Pero la dirección en que debe moverse la fiscalidad agraria no admite dudas. Menos retenciones y más impuestos progresivos sobre la tierra son esenciales para dejar atrás el espectro del año 2008 y terminar de reconciliar al nuevo campo con una Argentina que necesita reafirmar su compromiso tanto con el crecimiento como con la equidad”, concluye.
El campo y el Gobierno, con la necesaria participación del Congreso, tienen la oportunidad de hacerlo. La idea de potenciar la producción (la demanda mundial de alimentos va a crecer o crecer) y mantener la capacidad contributiva del agro en un contexto de severa estrechez fiscal, girando hacia un esquema incluso más progresivo, es posible y, ciertamente, más deseable que una nueva 125.
