El próximo jueves se cumplen los primeros noventa días de gestión de Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos. El cumplimiento de sus promesas de campaña fue la prioridad de sus primeras semanas de mandato, sin desviarse de su ya conocida (y no muy coherente) combinación de fiscalismo keynesiano, desregulación promercado y nacionalismo xenófobo y globalifóbico.
Las decisiones antiinmigración se focalizaron en el rechazo a la inmigración de origen musulmán, con excepciones, y en tratar de iniciar la construcción del prometido muro en la frontera con México. La primera iniciativa generó violento rechazo dentro y fuera de EE.UU., y corre riesgo de quedar en la nada. La segunda también está en cuarentena. No está asegurado el financiamiento de su ejecución y su implementación para ser efectiva exige que se construya en la margen mexicana del Río Grande, algo imposible ante el pésimo momento que atraviesa la relación entre la Casa Blanca y el gobierno mexicano.
Las iniciativas proteccionistas también parecerían haber bajado de velocidad. Con el presidente chino Xi Jinping acordó un “paraguas” de cien días para discutir acuerdos de liberalizaciones selectivas en el comercio bilateral y en el ingreso de inversores estadounidenses al apetecible mercado financiero chino. Washington, a cambio, dejaría de acusar al Gobierno chino de manipulador cambiario. En realidad el déficit comercial estadounidense no se explica por el tipo de cambio bilateral, sino al menos en parte por las cuotas y restricciones chinas a exportaciones agropecuarias de EE.UU., y el elevado arancel (25%) sobre la importación de automóviles estadounidenses.
En materia desregulatoria no habría marcha atrás con las promesas de campaña, pero esto venía acompañado de un gran impulso a la desregulación del sistema de salud. El núcleo de esta reforma era el desmantelamiento de shock del Obamacare. Sin embargo, el Partido Republicano rechazó el proyecto de Trump, que inicialmente iba a dejar a no menos de 24 millones de estadounidenses sin obra social alguna.
Sin la reducción de ese gasto, tanto el ímpetu desregulador inicial, como el financiamiento de un fuerte aumento del gasto en infraestructura no pueden avanzar rápidamente. Tampoco es fácil que obtenga aprobación rápida en el Congreso.
Distinto es el caso del gasto militar frente a escenarios de hipótesis de conflicto en parte profundizadas por las recientes acciones militares en Siria y Afganistán, y el riesgo de conflicto con lanzamiento de armas nucleares que sobrevuela la Península de Corea, y los países circundantes. Nada impide que un error (genuino o intencional) del imprevisible líder de Corea del Norte como el desvío de un misil nuclear desate una tragedia en Corea del Sur, Japón, o inclusive en sus otros dos vecinos, la República Popular China y la Federación Rusa.
En un escenario así, el aumento del déficit fiscal es inevitable. De ahí la prudencia que transmite en sus mensajes la conducción de la Reserva Federal, sosteniendo que la normalización de la política monetaria fuertemente expansiva va a ser gradual. Los mercados descuentan otras dos subas de la tasa de fondos federales para este año, pero también que la autoridad monetaria no va a ser un factor de volatilidad.
Por el contrario, los ojos están puestos en la política fiscal, cuyo sendero futuro es, en principio, incierto. Luego del fracaso de la derogación del Obamacare, los legisladores del Partido Republicano parecen focalizados en la reducción de impuestos a los ingresos de empresas y de personas de altos ingresos, que profundizará el desequilibrio fiscal. La reducción de alícuotas que tienen en mente es de 35% a 15%, generaría un aumento del déficit de U$S 2 billones en una década que pretenden compensar parcialmente con un impuesto aduanero (Border Adjustment Tax) que según los Republicanos recaudaría U$S 1,2 billones en ese período. Esta alternativa no es factible, dado que violaría las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de modo que ahora están en debate diversas alternativas, sin definición precisa en el corto plazo.
Algunos republicanos han imaginado la eventual introducción de un Impuesto al Valor Agregado, no cuestionable por la OMC, pero en las primarias del año pasado varios dirigentes de ese partido la han rechazado. En general critican que tanto en Europa como en otros países se implantó con alícuotas relativamente bajas, y con el tiempo fue aumentando hasta superar el 20% en varios casos (como el de nuestro país). Los demócratas, a su vez, lo han considerado históricamente un impuesto regresivo, de modo que su viabilidad es, hoy por hoy, nula.
¿Para dónde rumbeará la política fiscal de Trump? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que la realidad lo va forzando a ajustarse a las restricciones presupuestarias, y a una globalización en principio irreversible. Mientras tanto, el nuevo mandatario ha optado por abandonar la Asociación Trans-Pacífica y ha dejado a México en libertad de buscar nuevos socios comerciales.
Ciertamente esto abre oportunidades para nuestro país y otros de la región. Lo que no se conoce con precisión es el listado de condiciones o concesiones que la administración Trump está dispuesto a negociar con nuestra región. Si algo queda claro es que, al igual que con George W. Bush, América Latina no parece ser prioridad para el Gobierno de EE.UU. La indiferencia respecto del caos en Venezuela es por demás elocuente al respecto. Frente a esta realidad, son los gobiernos de nuestra región los que deberán maximizar el ingenio para elegir las estrategias más adecuadas para adaptarse a un nuevo escenario internacional que parece comenzar a cambiar de la mano de Trump.
