Por Agustín Maza
Luego de dos años consecutivos de recesión, varios de estancamiento y la llegada de la pandemia, las empresas argentinas vienen muy golpeadas. En particular, las pymes fueron las más afectadas por todos esos procesos. Hay que tener en cuenta que, actualmente, las pequeñas y medianas empresas representan el 70% del empleo y aportan el 45% del PIB de nuestro país.
En diálogo con El Economista, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, explicó que el Gobierno puso el foco en la mayor inclusión financiera de las pymes, sobre todo las que se encuentran en el entramado productivo. “En Argentina, no debería haber ningún proyecto productivo que no tenga una línea de financiamiento a disposición”, consideró el funcionario.
¿Cómo encontraron el entramado pyme y cuáles fueron las dificultades que generó la pandemia?
Cuando iniciamos la gestión en diciembre de 2019 sabíamos que estaban en una situación compleja. Las más afectadas fueron las industriales, porque había una lógica de importaciones desmesurada e irracional, regalando mercados, y eso generó la pérdida de 25.000 pequeñas y medianas empresas en cuatro años. En 2020 nos tocó lidiar con la pandemia, en la que este tipo de compañías fueron las más afectadas. Entonces decidimos trabajar en dos planos: por un lado incentivar un esquema de desarrollo industrial y por el otro asistir la emergencia de los sectores afectados. Obviamente al principio de la crisis sanitaria el perjuicio fue más generalizado.
La primera ola afectó toda la economía y casi ningún rubro estuvo exento, ¿Cómo están encarando esta segunda ola?
Trabajamos en el cuidado de la salud y en la economía. En marzo de 2020 se debió afectar de manera generalizada la actividad para preparar el sistema de salud y por eso la asistencia fue más grande. En esta segunda ola el esquema es restringir la ayuda a los sectores críticos que son los más afectados. Uno de esos es la ampliación del Repro II, anunciada hace poco, o la eximición del pago de cuotas de créditos que muchas pymes tomaron para sobrevivir. En la medida que haya más restricciones, la actitud del Gobierno es dar asistencia a quienes más lo necesiten.
¿Cuál es el enfoque del financiamiento?
Nosotros tenemos que promover el financiamiento, más allá de la situación sanitaria. No debería haber ningún proyecto productivo que no tenga una línea de financiamiento a disposición, esa es nuestra filosofía respecto a este tema. Por ejemplo, ampliamos mucho el Fogar, que es un fideicomiso público a través del cual el Gobierno facilita el acceso al crédito para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) mediante el otorgamiento de garantías totales o parciales en respaldo de créditos otorgados por entidades financieras. Este fondo tenía $1.000 millones de presupuesto cuando asumimos, hoy es de $125.000 millones y permitirá dar créditos por hasta $500.000 millones.
¿Inclusión financiera es sinónimo de formalización?
Es un punto central. La posibilidad de financiamiento incluye la necesidad de formalizar las empresas que faltan entrar al sistema de manera integral. Eso significa que los empresarios conozcan sus obligaciones, pero también sus derechos. Tenemos ciertos incentivos para la formalización de empleados. Hay programas próximos a ver la luz que significan rebajas en las cargas patronales, que ya comenzamos a implementar en el NOA y NEA.
Uno de los pedidos del sector, sobre todo las pequeñas y medianas empresas industriales, es que se priorice su vacunación. ¿Tienen pensado ir a un esquema en el que los trabajadores esenciales sean prioritarios para recibir las dosis?
La vacunación tiene una priorización que surge de la política sanitaria que conduce el Ministerio de Salud. Se ha trabajado mucho para que arriben más vacunas y eso va a permitir llegar a los grupos de riesgo más rápido. Hoy el esquema es ese y en el corto plazo prevemos que crezca el ritmo de vacunación con las dosis que vayan llegando. Lo importante de vacunar más es que va a haber un impacto positivo en lo productivo.
La nueva Ley de Góndolas prevé que 25% de cada góndola sea ocupada por productos de pymes. ¿Qué falta para que eso se convierta en realidad?
Hay dos condiciones necesarias para que las pymes puedan estar en las góndolas. La primera es una cuestión regulatoria que tiene que ver con la nueva ley de Góndolas y una obligación de que tengan su porcentaje en la misma, además de la fiscalizar que esto ocurra. También hay que tener en cuenta que con esta normativa los supermercados deberán tener el mismo trato con todos los proveedores. Esto último significa, principalmente, que a las pymes a las que se les pagaba a 180 días la mercadería, y eso hacía imposible la rentabilidad de las empresas, puedan cobrar ahora en un plazo máximo de 60 días. Por otro lado, el Estado debe generar incentivos y formas de promocionar las capacidades de las pymes para que puedan mejorar su escala, calidad, comunicación, desarrollo comercial, entre otras cosas. Sin embargo, es vital un mayor financiamiento para que esas empresas puedan apalancar su producción. Existe una línea de crédito al 18% con tasas fijas a 7 años con proyectos hasta 15 millones de pesos, por ejemplo.
¿Esta promoción puede generar un mayor potencial exportador?
Es fundamental que nuestras pymes generen valor agregado y puedan vender al mundo sus productos. Hace unas semanas anunciamos una baja a las retenciones de las exportaciones para este sector. En concreto, para quienes hayan exportado menos de US$ 3 millones en 2020 y este año exporten hasta US$ 500.000, la retención es cero. Asimismo, las empresas que vendan al exterior por un millón pagarían la mitad de lo que venían pagando. Esto es un beneficio directo para 3.800 compañías, de las cuales 3.400 no van a pagar ningún derecho de exportación. Nuestro compromiso es que, a mayor valor generado, se tribute menos.
¿Qué otras herramientas hay en cuanto al financiamiento para promover la exportación?
Lo otro que necesitamos es generar capacidades para la gestión de las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas son firmas familiares que necesitan adaptar, mejorar, reconvertir o especializar sus sistemas de gestión y producción. Para eso pusimos en marcha una agencia nacional de capacitación con un presupuesto de $2.300 millones. Además, hay un convenio con el Banco Centroamericano por US$ 50 millones, otro con el Bice y el Banco Nación. En fin, el apoyo del Gobierno está.
En ese sentido, las tecnologías 4.0 son un desafío para nuestro país y el mundo. ¿Cuál es la mirada del Gobierno sobre este tema?
Desde el primer día se viene planteando desde el Gobierno la necesidad de que la política industrial sea 4.0. Pusimos en marcha una línea de crédito para pymes que quieran mejorar sus líneas de producción con una digitalización de los procesos, porque se necesitan datos, información, etcétera. Hay pymes que necesitan mayor digitalización y otras que están más avanzadas. Lo cierto es que los empresarios están siempre en búsqueda de mejorar sus capacidades. A nivel sectorial, la situación también es heterogénea, aunque desde el Gobierno les decimos que no hay nada inviable para nosotros. A nivel regional, Argentina tiene una alta capacidad productiva y tecnológica. Producimos satélites, por ejemplo, y son pocos los países que tienen esa posibilidad.
