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Los aumentos de tarifas y los efectos micro-macro

Un cambio en las expectativas y un aumento de la inversión que impulse la demanda agregada sería la alternativa que permita salir de la encrucijada actual.

30-06-2016
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 por Darío Rossignolo (*)

Una de las características distintivas del efecto de las políticas públicas en la última década ha sido la reducción de la desigualdad. En el caso de Argentina, y como sucede en una decisiva mayoría de países, el efecto neto presupuestario ha sido muy progresivo en su distribución. Los resultados muestran tanto una disminución de la brecha entre ingresos extremos como en términos de índices de desigualdad y el Gini muestra una caída importante después del gasto público y los impuestos [1].

Los motivos

La explicación para estos resultados reside por una parte en que la estructura tributaria actual es levemente progresiva (explicada principalmente por el crecimiento en la participación del impuesto a la renta y derechos de exportación). Por la otra, la mejora más relevante aparece explicada por la evolución de la composición de los gastos. La participación en el presupuesto público de los gastos progresivos y que se aplican de modo más concentrado en los tramos de ingresos inferiores resultó mucho mayor que a fines de los '90 (gasto en educación, salud y transferencias monetarias). Estos gastos explican más del 75% del total de la mejora en el ingreso del primer decil.

Esto se evidencia pese a la importancia de los subsidios a sectores económicos (que mostraron un fuerte incremento de 2,2% a 6,4% del PIB). Si bien estos son progresivos, no están focalizados cuantitativamente en los sectores de menores

recursos (el 20% más pobre recibe alrededor del 6% del gasto, mientras que el 20% más rico concentra el 40% de los beneficios).

Las dudas y lo nuevo

Si bien el sistema ha logrado mejoras en su impacto distributivo, persisten inquietudes sobre su sustentabilidad. El crecimiento de los niveles de gasto público (superiores al 45% del PIB) ha imposibilitado ser financiado con el aumento de la presión tributaria (con valores cercanos al 35% del PIB), con lo que el déficit fiscal ha rozado los seis puntos del PIB en 2015. El uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento llevó a que la inflación se haya estabilizado en valores anuales superiores al 30%, con el consecuente efecto sobre los niveles de pobreza. Las nuevas autoridades han tenido que afrontar varias cuestiones. Además de la reducción de la inflación, el objetivo es llevar a cabo políticas públicas hacia la disminución del déficit y su financiamiento vía emisión monetaria, a la vez de impulsar la actividad económica sin agravar la desigualdad y la pobreza.

Desde el lado del gasto, si bien puede apreciarse un importante cambio en la  composición al incluir una relevante proporción de programas de transferencias monetarias, los gastos en subsidios sobre sectores económicos llevan a significativos desfases en relación con los costos marginales de provisión, apartándose de criterios de eficiencia e incurriéndose en errores de inclusión al abarcar a sectores que no necesitan el beneficio.

Adicionalmente, el crecimiento de los precios ha llevado a morigerar el efecto de los programas de transferencia, tanto en el impacto sobre la distribución del ingreso y la pobreza, como al alcance macroeconómico dado por el potencial efecto expansivo que devendría de su impacto en el consumo.

En relación con el gasto público, el énfasis en la equidad debería implicar la reducción de los subsidios, focalizando su alcance hacia los sectores que más los necesitan, fortaleciendo asimismo los programas de transferencias monetarias impulsando políticas de focalización como la reducción compensada en el IVA para los productos de la canasta básica, e incrementando el gasto en sectores que ayuden a mejorar la inversión en capital humano, como salud y educación. Si bien estas medidas conlle-varían una disminución mayor en la desigualdad (desde el punto de vista del “equilibrio parcial”), hay otros factores relevantes que deben necesariamente tenerse en cuenta. La política de mantener bajas las tarifas de los sectores económicos (energía, gas, transportes, combustibles, etcétera), llevó a una distorsión importantede precios relativos, con relación al resto de los precios de la economía,que llevó a un incremento de su demanda, generando un marcado desfase con la oferta.

El objetivo anunciado de “impulsar el mercado interno”, potenciando la generación energética a través de un “acelerador de la inversión” queda desmentido al observar los datos de crecimiento de demanda y oferta energéticas (la demanda máxima mensual creció 67% entre 2002 y 2013, mientras que la potencia instalada se  incrementó en 22% entre los mismos períodos, según información de la Secretaría de Energía) y al comparar la evolución de la participación de la industria en el PIB (entre 1993 y 2002 promedió 16,9% mientras que entre 2003 y 2013 fue de 16,2%, según el PIB de ARKLEMS).

La comentada distorsión de precios relativos generó, en los presupuestos de las familias, una reasignación en la composición del gasto, dado que las tarifas bajas permitieron el incremento del consumo de estos bienes. Si se asumiera, por ejemplo, que el precio de los demás bienes demandados por las familias fuera cercano al costo marginal, al tener la energía y el transporte precios muy inferiores a los costos de producción esto incentiva su uso excesivo e ineficiente en relación con su nivel óptimo.

Tras las subas

Un aumento de las tarifas lleva a una reasignación de los gastos de las familias, las que deben ahora destinar más recursos al gasto en estos bienes, debiendo tener que ajustar el consumo de los demás. Si las familias no ahorraban antes del aumento de tarifas (tasas de interés reales negativas), este “efecto ingreso” negativo prevalece sobre el efecto sustitución y el consumo de todos los bienes cae. Y eso explica el efecto sobre la pobreza. Antes de los aumentos tarifarios, la pobreza por ingresos alcanzaba, según la UCA, al 29% de la población, la que se incrementó al 34,5% una vez aplicados los incrementos. Esto no significa que deberían eliminarse los subsidios, dado que los sectores que producen estos bienes son monopolios naturales y una política destinada a financiar el consumo de los grupos de menores recursos es imprescindible para asegurar la provisión equitativa.

En consecuencia debe tenerse en cuenta el efecto de “equilibrio general” [2]. El aumento de tarifas (junto con el incremento del tipo de cambio), se traspasó a los precios de los bienes, lo que implica caída de salarios reales afectando la demanda agregada, y aumento de la pobreza. Pero también se genera una retracción de la producción, dado que se encarecen los costos para las empresas.

El desafío

¿Puede realizarse alguna política compensatoria? Como se planteó antes, existen formas de proteger a los sectores afectados con transferencias monetarias, baja del IVA, tarifas sociales, etcétera. Esto claramente apunta a morigerar el impacto de las medidas de ajuste tarifario, pero desmiente el énfasis en la reducción del déficit fiscal inicialmente proclamado y, de nuevo, el impulso a la demanda puede impactar a la vez en precios si es que la oferta no crece lo suficiente. Las medidas de aumento tarifario aparecían como inevitables, en un contexto de bajo crecimiento de la  capacidad productiva, y dado que los subsidios constituían un incentivo inequitativo a la demanda. El impacto generado por el incremento llevó a que las familias no pudieran seguir financiando el flujo de consumos al que las habían llevado los precios relativos anteriores. Al deprimir la demanda, esto debería contribuir a la reducción de la tasa de crecimiento de los precios, al que habían contribuido los aumentos de tarifas, y disminuir el déficit fiscal.

Aquí son relevantes los rezagos con los que las medidas compensatorias llegan a las familias. Si las medidas compensatorias tuvieran impacto inmediato, esto ayudaría a sostener la demanda, morigerar el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Pero a la vez, impedirían la reducción del déficit y la disminución de la inflación si la oferta de bienes no crece, con lo cual el efecto sobre la pobreza se retroalimenta. La política económica está en una encrucijada. Un cambio en las expectativas y un aumento de la inversión que impulse la demanda pero a la vez haga incrementar la capacidad productiva sería la alternativa que permita salir de la misma.

[1] Rossignolo, D. (2013): “El impacto del presupuesto sobre la equidad (2010)”, Voces en el Fénix 13, Capítulo 8.

[2] Rossignolo, D. y Ramos, M. (2015): “ Efectos distributivos de cambios discrecionales en la política fiscal en Argentina”, Revista de Economía Política de Buenos Aires, Año 9 Vol. 15.

(*) Doctor en Economía, profesor de Finanzas Públicas y Macroeconomía en FCE-UBA y consultor en políticas fiscales

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